Por la tarde del 18 de febrero de 1976, en un apartamento de la calle de Catalunya de Ciutat, se presentaba a los medios de comunicación el Partido Socialista de las Islas Baleares. Una lluvia de pastor apenas bañaba la calzada, mientras un grupo de policías de la Brigada Política Social estaba, al acecho, en la calle. Apenas habían pasado tres meses de la muerte del dictador. En el proceso de creación del nuevo partido habían participado un amplio grupo de ciudadanas y ciudadanos con un compromiso firme y activo en el antifranquismo: de Bandera Roja (que venían del Partido Comunista de España, al que se habían integrado un año antes), del Partido Socialista Popular y de otras organizaciones de izquierdas, de cerco en torno a la idea.

Promociones sociales isleñas. Éste era el nombre que figuraba hace medio siglo en un local de la céntrica calle de Can Verí, en Palma. Cerca de dónde está la redacción de este medio de comunicación que ahora mismo tiene en sus manos, o en la pantalla. Quizás alguien se preguntaría qué eran, esas promociones. La respuesta es tan sencilla como que era el camuflaje de un partido político, entonces ilegal, como todos: el Partido Socialista de las Islas (PSI), cuyas siglas coincidían con las de esa entidad. Y eso era su sede. Hace 50 años, el 18 de enero de 1976, hizo su presentación a la prensa aquel PSI, que después se convertiría en el Partido Socialista de Mallorca (PSM).

El portavoz de Vox en Manacor, Esteve Sureda (Manacor, 1977), salió hace unos días a la calle acompañado del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en un recorrido que la formación presenta como una alerta sobre la "preocupante islamización" del municipio. Con un tono casi de safari urbano, recorrieron las calles de la capital del Levante para "vislumbrar" una realidad que la ultraderecha considera amenazadora.

Vox registró el pasado lunes una proposición de ley que, de aprobarse, obligaría al Gobierno de las Islas a "establecer requisitos de acreditación de la capacitación lingüística en lengua castellana para los docentes". Pero a preguntas de los periodistas, los legisladores admitieron que no habían comprobado si esto es factible, puesto que las competencias sobre la lengua del Estado corresponden al gobierno español. "Ya se consultará", resolvió la portavoz, Manuela Cañadas. La anécdota ejemplifica un día a día en el Parlamento en el que los partidos formulan planteamientos de máximos que pueden chocar con competencias del Estado y europeas, o bien requerirían ser validadas por instituciones supraautonómicas que ya se sabe que no están dispuestas. Son desiderátums que les permiten posicionarse y marcar perfil frente al electorado, pero son difíciles de aplicar.

¿Renovación o malestar? Entre estas dos cuestiones se divide el pueblo de Sencelles en relación con la dimisión de tres de los cuatro concejales que tiene la formación regionalista de El Pi en Sencelles.