Hablar de movilidad sostenible en Mallorca es hablar de seguridad, de servicios públicos y de calidad de vida. Es hablar de tener alternativas reales al vehículo privado para ir a trabajar, estudiar, ir al médico o simplemente desplazarse entre pueblos. Pero, hoy, para muchos municipios de la Part Forana, esta alternativa es cada vez más difícil.El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears han hecho de la movilidad sostenible una cuestión secundaria. Los anuncios se acumulan, pero las actuaciones no llegan al mismo ritmo. Y cuando no hay inversiones o servicios suficientes, los primeros perjudicados son los municipios pequeños y sus vecinos y vecinas.En Santa Eugenia tenemos un ejemplo muy claro con las dos vías cívicas que han de conectar el municipio con su entorno. Se anunció que estas actuaciones estarían acabadas antes de finalizar el 2025. Estamos en 2026 y no solo no están ejecutadas, sino que aún no disponemos ni siquiera del proyecto definitivo. Cuando una infraestructura considerada prioritaria no pasa del anuncio, es legítimo preguntar qué ha pasado y, sobre todo, cuándo se piensa cumplir el compromiso.Otro ejemplo lo encontramos en la Pujada a Lluc a pie de la Part Forana. Una actividad que cada año moviliza a cientos de personas y que tiene un importante componente deportivo, social y de cohesión entre los municipios. Inicialmente, el Consell insular había asumido el coste de las camisetas de los participantes. Ahora, sin embargo, este gasto recae sobre los ayuntamientos, que también deben hacer frente al coste de los autocares y a buena parte de la organización.No podemos obviar qué significa esto para un ayuntamiento pequeño. Cada euro que se destina a cubrir un gasto que antes asumía otra administración es un euro que no se puede dedicar a otras necesidades del municipio. Y esta falta de apoyo a los pueblos también se hace evidente en el transporte público. La conexión regular con Santa María ha desaparecido y el servicio disponible continúa presentando carencias importantes. Las frecuencias hacia Palma son insuficientes para las necesidades de muchos usuarios, y la capacidad de los vehículos tampoco se adapta a la demanda. Además, las incidencias de los mismos autobuses son frecuentes y acaban afectando directamente a los usuarios, que se encuentran con un servicio poco fiable y sin alternativas cuando se producen estas situaciones.Mallorca necesita una política de movilidad que tenga en cuenta la realidad de todos los municipios y no concentre los esfuerzos únicamente en determinadas zonas de la isla. La movilidad no puede quedar relegada a los principales núcleos urbanos o a las zonas turísticas. También debe llegar a los pueblos de la Part Forana, con transporte público de calidad, conexiones adecuadas e infraestructuras seguras para los viandantes y las bicicletas.Si queremos reducir el número de coches en las carreteras, primero debemos garantizar que la ciudadanía disponga de alternativas que sean útiles, frecuentes y fiables. No podemos pedir a la gente que deje el coche en casa si después el transporte público no le permite llegar al trabajo, a los estudios o a los servicios con garantías.Las consecuencias de no actuar son evidentes: más vehículos en las carreteras, más atascos, más contaminación y más dificultades para que la ciudadanía pueda escoger formas de desplazamiento más sostenibles. Hablar de cambio climático y, al mismo tiempo, no reforzar el transporte público ni avanzar en las infraestructuras necesarias es una contradicción difícil de justificar.La movilidad también es una cuestión de igualdad territorial. Vivir en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades para llegar al trabajo, estudiar, ir al médico o participar de la vida social. Los municipios de la Part Forana necesitan que sus necesidades sean escuchadas y que las inversiones y los servicios lleguen con la misma determinación que a otras zonas de la isla.Por eso, hace falta más transporte público, más frecuencias, mejores conexiones entre municipios e infraestructuras seguras para los peatones y las bicicletas. Y, sobre todo, hace falta que los compromisos anunciados por las instituciones se traduzcan en proyectos, obras y servicios.Los pueblos de Mallorca no piden un trato de favor. Piden que se cumplan los compromisos adquiridos, que se deje de gobernar a base de anuncios y que las instituciones apuesten de manera decidida por una movilidad moderna, eficiente y sostenible.Es hora de pasar de los anuncios a los hechos. Dejar de considerar la movilidad de los pueblos como una cuestión secundaria y empezar a entenderla como lo que es: un servicio esencial y una pieza fundamental para construir una Mallorca más cohesionada, más segura y más sostenible.Porque la movilidad no se puede abandonar. Y los pueblos, tampoco.

Baleares celebra el Día de la movilidad sostenible con cifras que estremecen. Los tres aeropuertos isleños –Palma (PMI), Ibiza (IBZ) y Menorca (MAH)– han registrado un incremento global del 75% del número de pasajeros en el último cuarto de siglo. Entre 2000 y 2024, los pasajeros totales pasaron de 26,67 millones a 46,54 millones, el incremento más destacado de los aeródromos estatales.

Aunque los planes del presidente del Consell, Llorenç Galmés, eran tener aprobada este otoño la proposición de ley para intentar controlar la afluencia de vehículos a Mallorca y enviarla al Parlament, el texto todavía no dispone de suficiente apoyo político en el Consell de Mallorca. El partido que más se opone es Vox, hasta el punto de que de momento hace impensable que el PP pueda contar con sus votos. "No podemos aceptar en modo alguno que se ponga una tasa a los ciudadanos españoles para entrar con su coche en Mallorca. Ningún español debe pagar una tasa para entrar en la isla", ha explicado el portavoz de la formación a la institución insular, Toni Gili, en el ARA Baleares.