La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha defendido la necesidad de una mayor cooperación de Frontex en los países de origen como herramienta clave para controlar los flujos migratorios. "Hemos visto, probado y comprobado que lo importante es evitar que las embarcaciones lleguen a nuestro país. Creemos que esta sería una tarea mucho más útil y nos permitiría atacar el problema de raíz", aseguró. Calvo ha realizado este planteamiento durante su visita al barco oceanográfico de la Guardia Civil Duque de Ahumada, fondeado en la estación naval de Portopí, y que, entre altas funciones, tiene la de controlar la inmigración irregular y luchar contra las organizaciones que trafican con personas. Calvo ha explicado que "la capacidad operativa en origen tiene mucho que ver con el descenso del 40% de los flujos migratorios en España en los últimos tres años", aunque también ha hecho mención a la "fuerte y constante" presión migratoria que reciben Baleares.

El gobierno de España mantiene su posición de que Baleares debe aceptar el reparto de Menores Migrantes No Acompañados (MENA) procedentes de Canarias, y asegura que estos traslados no incrementarán la presión sobre el sistema de protección isleño. Así lo ha manifestado el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras una reunión en Palma con la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y los consejeros insulares de Bienestar Social, en la que también ha participado el delegado del Gobierno, Alfonso Rodrígue. Pérez, que destacó que el gobierno destinará seis millones de euros al Archipiélago para la acogida de menores, con una partida adicional en preparación.

El Consell de Mallorca y el Govern quieren habilitar un espacio de primera acogida de emergencia de menores migrantes en el antiguo cuartel de Son Tous, aunque separado físicamente del actual Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATI). El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha confirmado que estudian la idea, poco antes de que el Consejo de Ministros, tal y como está previsto, apruebe el real decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas y permitirá empezar con las derivaciones de menores.