El Ayuntamiento y los equipos directivos de los colegios públicos y concertados de Manacor quedaron fuera de juego cuando la Conselleria de Educación les hizo saber que el municipio, hasta ahora dividido en cuatro zonas de escolarización (Manacor, Portocristo, Son Macià y el Illot), pasaba a ser zona única, como ocurre en el resto de términos de Mallorca a excepción de cuatro: Calvià, Andratx, Selva y Santa Margalida.

Nueve meses después del anuncio del cierre del IES Politécnico en el BOIB, la comunidad educativa del centro sigue manifestando su preocupación por la gestión de la transformación del centro en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). Según ha afirmado la asamblea de docentes del centro "pese a las prisas por eliminar las plazas públicas que deben integrarse en el futuro CIFP Politécnico, éste continúa en fase incipiente y no tiene ni proyecto". De hecho, los profesores han pedido información a la Conselleria de Educación sobre en qué estado se encuentra el proyecto. La respuesta ha sido clara: "La implantación del nuevo equipamiento docente se encuentra en una fase muy incipiente de anteproyecto, por lo que no se dispone del proyecto solicitado".

Tras nueve días de huelga, las familias del CEIP Maria Antònia Salvà han decidido suspender la protesta y permitir que sus hijos vuelvan a las aulas y empiecen el curso, según han anunciado este lunes en rueda de prensa. El cambio de estrategia ha llegado tras confirmarse que Miquel Roldán, docente del centro y condenado por acoso a menores, ha recibido la baja médica de su médico de cabecera. Años atrás, según han denunciado las familias, el docente tuvo problemas con exalumnos de la escuela, a los que iba a visitar en el IES Son Pacs e incluso se llegó a matricular en una FP para coincidir con ellos en el tiempo del patio. La intervención del equipo directivo del instituto lo evitó.

El Ayuntamiento de Llucmajor ha finalizado las obras de derribo parcial del CEIP Urbanizaciones, una actuación llevada a cabo en cumplimiento de una sentencia judicial y que ha tenido un coste de 1,3 millones de euros. A partir de ese momento, será la Conselleria de Educación quien asuma el liderazgo de la siguiente etapa, centrada en la rehabilitación y reconstrucción de los espacios afectados, con el objetivo de restituir cuanto antes el funcionamiento normal de la escuela, según ha recogido Efe.