Varios colectivos sociales han denunciado la carencia de alternativas residenciales reales ante el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, donde actualmente viven cerca de 200 personas. Las entidades Arran, Menos Turismo Más Vida, la Organización Juvenil Socialista y la Sindicata Vivienda de Palma han reclamado la paralización del desalojo hasta que no se garantice una solución digna para todas las personas afectadas.

La antigua prisión de Palma (próxima al también ya desaparecido Mustang Ranch, que fue el prostíbulo preferido de algún alcalde de la ciudad) se vació de presos en 1999 y fue adquirido por el Ayuntamiento en 2013, mediante una permuta. Se planteó la idea de convertir el antiguo recinto penitenciario en una residencia de estudiantes de la UIB, pero esta residencia finalmente forma parte del proyecto del Distrito de las Artes, en la zona del Conservatorio. Durante el último Pacto de Progreso se encargó un proyecto a una unión temporal de empresas (una UTE, la llaman) para hacer un centro de creación cultural (tal vez siguiendo el ejemplo de la Modelo de Barcelona). El pasado mes de enero el actual equipo de gobierno de la ciudad, formado por el PP y Vox (inicialmente un equipo encubierto, pero equipo, al fin y al cabo), rescindió el contrato con los siempre odiosos catalanes culturetas, lo que significó tener que pagar una indemnización de siete mil euros a la empresa adjudicataria.