El Ayuntamiento de Palma ha desalojado la antigua cárcel de Palma después de que un juzgado autorizara su ejecución por el elevado riesgo que, según diversos informes técnicos, representa el estado del inmueble para las personas que aún residen en él. El operativo, coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional, ha comenzado a las 12 horas y se ha alargado durante toda la jornada. Bernardino, un italiano de 60 años desalojado, ha criticado que se le trate como a un traficante de drogas y ha comentado a los periodistas: "Esta noche dormiré en la calle, en este parque, qué mierda".

La queja del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma ignoraba la propuesta de acoger a personas desalojadas de la antigua prisión de Palma, ha dado sus frutos. Pocas horas después de que la noticia se hiciera pública, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha enviado una carta al Obispado pidiéndoles que habiliten "todos los recursos que tengáis para alojar a los residentes de la antigua prisión de Palma".

Varios colectivos sociales han denunciado la carencia de alternativas residenciales reales ante el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, donde actualmente viven cerca de 200 personas. Las entidades Arran, Menos Turismo Más Vida, la Organización Juvenil Socialista y la Sindicata Vivienda de Palma han reclamado la paralización del desalojo hasta que no se garantice una solución digna para todas las personas afectadas.

La antigua prisión de Palma (próxima al también ya desaparecido Mustang Ranch, que fue el prostíbulo preferido de algún alcalde de la ciudad) se vació de presos en 1999 y fue adquirido por el Ayuntamiento en 2013, mediante una permuta. Se planteó la idea de convertir el antiguo recinto penitenciario en una residencia de estudiantes de la UIB, pero esta residencia finalmente forma parte del proyecto del Distrito de las Artes, en la zona del Conservatorio. Durante el último Pacto de Progreso se encargó un proyecto a una unión temporal de empresas (una UTE, la llaman) para hacer un centro de creación cultural (tal vez siguiendo el ejemplo de la Modelo de Barcelona). El pasado mes de enero el actual equipo de gobierno de la ciudad, formado por el PP y Vox (inicialmente un equipo encubierto, pero equipo, al fin y al cabo), rescindió el contrato con los siempre odiosos catalanes culturetas, lo que significó tener que pagar una indemnización de siete mil euros a la empresa adjudicataria.