El Consell Insular de Formentera ha decidido intervenir motu proprio en el litoral ante la falta de actuación del gobierno español (la administración competente) en el mantenimiento de los elementos de protección de los sistemas dunares del Parque Natural de ses Salines.

En las Illes Balears el espacio costero no solo constituye un patrimonio ambiental de primer orden, sino que también es un pilar estructural de la economía y la identidad del Archipiélago. Los ecosistemas costeros —playas, dunas, salinas, albuferas, acantilados y praderas de posidonia— funcionan como hábitats interconectados e inseparables, parte de un todo armónico. Su preservación es clave para la buena salud de la biodiversidad marina y terrestre y, además, representan un factor de excelencia en el modelo turístico.Desde este punto de vista, la tendencia a privatizar o regular en favor de intereses comerciales, como es el caso de la nueva ley de costas que pretende el Gobierno de las Baleares, representa una amenaza directa para estos valores estratégicos. Continuar apostando por un litoral como espacio de explotación privada implica desplazar el interés público y degradar el recurso más valioso que sostiene la economía balear: su entorno natural. La costa no se ha de entender como un bien comercializable, sino como un activo común, vital y orgánico para los ciudadanos y también para los visitantes. En este orden, de manera descarada, no al revés. Las Baleares son un país y, circunstancialmente, un destino turístico, no podemos dejar de tenerlo en cuenta.El Gobierno, con la nueva norma, pretende salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, restaurantes y chiringuitos, que incumplen la ley estatal de costas, se pretenden incluir en el registro de construcciones que la normativa autonómica considera de “interés cultural”. Un extremo justificable, excepcionalmente, solo en casos de un valor patrimonial y etnográfico irrefutable, siempre para hacer un uso público y comunitario.Al favorecer concesiones y usos lucrativos en dominio público marítimo-terrestre, se debilita la cohesión territorial y se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Preservar el litoral no es un obstáculo económico, sino una condición esencial para mantener el tejido productivo y social de las Islas. Ahora mismo, salvaguardar estos sistemas se hace imprescindible para frenar la erosión, apaciguar la acción de las tormentas y, en definitiva, ayudar globalmente a mitigar los efectos del cambio climático. En un mar tan amenazado y estresado como el Balear, reforzar las figuras de protección litoral y de reservas marinas es una condición necesaria para frenar la pérdida de biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico a largo plazo.Por otra parte, la nueva ley de costas de las Baleares constituye un evidente acto de deslealtad institucional, por el hecho de anteponer intereses sectoriales y privados a los principios de protección ambiental y uso común del ámbito público. El objeto de la transferencia de competencias del Estado a la comunidad que se llevó a cabo en su día era impulsar políticas medioambientales homogéneas (la comunidad es competente en materia de medio ambiente), buscar eficacia a través de la proximidad con el territorio y dar un impulso a la preservación. La defensa de los quioscos (y otras edificaciones) situados en dominio público marítimo-terrestre no solo vulnera la filosofía constitucional originaria, en la que debería fundamentarse la ley, sino que también abre la puerta a una privatización encubierta del espacio costero.Hacer clientelismo

Todo esto, desde una óptica institucional, conduce a pensar que del actual Gobierno de las Illes Balears no se puede fiar. Su comportamiento no es nada ejemplar: a través de una argucia inventada como es la figura de “identidad local”, el Gobierno aprovecha la transferencia de nuevas competencias para consolidar actividades no legales y hacer clientelismo. Esta deriva perversa corroe la confianza y la colaboración entre administraciones, debilita la autoridad soberana de nuestro país y pone en riesgo el equilibrio jurídico entre el interés general y los privilegios particulares. En un Archipiélago especialmente vulnerable al cambio climático y a la presión turística, promover excepciones que perpetúen la ocupación del litoral es un error grave que compromete la credibilidad como sociedad adulta y moderna.Dejadme explorar la vía poética ante la terquedad de los eternamente tercos. Sé que ni los ablandaré, ni los haré cambiar; sin embargo, creo en la lírica como gota capaz de perforar la arcilla. Me agrada la belleza de las palabras de Sylvain Tesson, en La vida simple, cuando canta la necesidad vital que siente de cambiar su relación con la naturaleza: “Quiero echar raíces, volverme parte de la tierra después de haber sido parte del viento”. Dejar de erosionar, abandonar la costumbre de pasar volando por los lugares, a ritmo de mensajes digitales sin música, y mearse en las máquinas tragaperras del capital, quizás esto nos ayudará a ser un poco más libres y más ricos. Tan libres para observar el voto a futuras elecciones, desde una perspectiva más respetuosa con la soberanía del país, el bienestar colectivo, y no con la cabeza gacha ante el mercado.Posiblemente, el Gobierno juega con la imagen idílica de espigones donde se guardaban barcas, que forman parte de un paisaje singular, y de atractivos muelles, que han adquirido un uso público porque los antiguos concesionarios han dejado de pagar. Pero, esta no es la cuestión, el catálogo de impactos es mucho más amplio; mucho cemento y actividades no permitidas en concesiones caducadas. No se puede esperar mucho más. El Ejecutivo hace tiempo que se alineó con los radicales que trafican con los sueños de la gente para alimentar la avaricia de los mercaderes. Se pueden combatir.

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La posidonia aún pierde terreno, pese a la creciente concienciación sobre la importancia de su conservación, las acciones privadas y públicas en su defensa y una normativa específica que impera desde hace siete años. Los datos constatan que el ritmo de su destrucción ha descendido de forma considerable, pero, desgraciadamente, también evidencian que "aún no podemos hablar de recuperación de superficie en términos absolutos", lamenta Núria Marbà, profesora de investigación del Imedea (CSIC-UIB) y especialista en esta planta fundamental para el ecosistema.

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Mientras la legalización de casas irregulares en suelo rústico avanza gracias a la Ley de simplificación, la otra promesa de amnistía que hizo el PP durante la campaña electoral, las construcciones en el litoral, está enrocada. El texto de la futura ley de costas no ha llegado todavía al Parlament pese a ser una prioridad de Prohens y el Gobierno ha tenido que buscar sustituto este verano al ex director general de Costas, Carlos Simarro, quien ha entrado como diputado en el Congreso en sustitución de Sandra Fernández.

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El GOB ha presentado el Manifiesto por un litoral habitable, seguro y protegido, con el objetivo de hacer frente a la presión que sufren las calas y playas de Baleares durante el verano. El documento reclama una gestión más responsable del litoral y solicita la implicación de las administraciones públicas para preservar estos espacios naturales.

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