El Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ha decidido archivar la causa abierta contra el ex conseller de Medio Ambiente Miquel Mir y parte de la antigua cúpula de Medio Ambiente del Govern por un presunto delito de prevaricación respecto de la caducidad sistemática de expedientes en la Conselleria. Fuentes jurídicas han explicado al ARA Baleares que no era fácil mantener abierta la investigación pese a la querella formulada en su día por la Fiscalía de Medio Ambiente, "ya que para los delitos de prevaricación hay que identificar muy bien la intencionalidad, y en este caso parece ser sobre todo desidia sistematizada". El juzgado precisamente lo archiva porque considera que tomadas las declaraciones, no se puede considerar que los expedientes caducaran de forma deliberada.

El pasado mes de septiembre se tuvo conocimiento de que, supuestamente, un hacker había logrado acceder al sistema informático del Ayuntamiento de Manacor y había descubierto un documento con 160 demandas judiciales presentadas contra el Ayuntamiento. En los documentos que salieron a relucir se reflejaban todos los datos de identidad de los demandantes, además de detalles de los procedimientos en cuestión.

En un año los delitos de violencia de género que se han registrado en Palma han crecido un 13%: en 2024 se documentaron 5.402 frente a los 4.763 que se cifraron en 2023, según los datos del Informe Anual sobre la Violencia contra las Mujeres que ha presentado este viernes el Ayuntamiento. El año pasado en Baleares se registraron 8.752 delitos de violencia de género, un 3% más que en 2023. Sin embargo, hasta el segundo trimestre de 2025 se han contabilizado 2.159 delitos, un 12% menos que el mismo período del año pasado. De los 5.402 delitos que se registraron el pasado año en Palma, el 68% son por maltrato y lesiones. El 7%, por ruptura de medidas judiciales y el 5%, por romper las penas.

La ofensiva anunciada por Recursos Hídricos y la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua en los pozos de las Islas aseguran que va en serio. Este año la Dirección General ya ha impulsado 70 inspecciones en otras tantas captaciones de agua y ha abierto 62 expedientes. La mayor parte, 54, son por haber constatado el funcionamiento de pozos ilegales y los ocho restantes, por otros tipos de denuncias.