Una funcionaria interina del Consell de Mallorca ha presentado una querella criminal en los juzgados de Palma contra varios cargos de la institución insular y contra la empresa Quirón, a quienes acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos en el marco de un expediente disciplinario abierto contra ella por una supuesta situación de incompatibilidad laboral.

Un chófer, funcionario de carrera, se ha querellado contra el jefe de gabinete de Prohens, contra la consejera de Presidencia, contra la directora de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) y contra el conductor que, presuntamente, habría logrado la plaza de chófer personal de la presidenta del Gobierno de forma fraudulenta.

Fue la última dentada de la censura franquista –el dictador murió sólo unos meses más tarde–, aunque ésta siguió durante la Transición y hasta la consolidación de la democracia. Hace 50 años, en agosto de 1975, la revista mallorquina Corte fue secuestrada, en virtud de una norma –la ley Fraga de 1966, llamada así por su responsable, el entonces ministro Manuel Fraga– que supuestamente otorgaba mayor libertad a los medios de comunicación. Sin embargo, también preveía los recursos para reprimirlos si publicaban algo que no gustaba al régimen. Fue el único caso de una publicación mallorquina secuestrada por la dictadura y ese episodio tuvo eco en todo el Estado.