La Plataforma de Personas Afectadas por el Proceso Selectivo del Servicio de Curatela y Apoyo para Personas Adultas de la Fundación Balear de Dependencia (FBD) ha denunciado públicamente este martes la presunta existencia de graves irregularidades en el concurso-oposición convocado para cubrir plazas de personal laboral correspondientes a las ofertas públicas2 de 2 y 2.

Un total de 736 personas murieron hasta septiembre de este año en Baleares mientras esperaban una resolución de su grado de dependencia o del Programa Individual de Atención (PIA), según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia arrancaron este miércoles su huelga indefinida, con un seguimiento de entre el 85 y el 90%. Su primera acción reivindicativa fue una concentración ante la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en Palma, que congregó a alrededor de un centenar de manifestantes. Según ha explicado la presidenta del comité intercentros de la Fundación para la Dependencia, Marina Martínez, el seguimiento en este primer día de huelga es de entre el 85 y el 90 por ciento de los 850 trabajadores que prestan servicio en una docena de centros y residencias de Mallorca e Ibiza. Son, concretamente, trabajadores de las residencias de Son Llebre, Son Tugores y Son Güells en Mallorca y de Can Raspall, Can Blai y Sa Serra de Eivissa. También del Servicio de Cuidados y Apoyo para Personas Adultas y del Centro Ocupacional Sa Riera. Aquellos que se encuentran en sus puestos de trabajo para cubrir los servicios mínimos decretados, aseguró, también expresaron su apoyo a las movilizaciones y su "firme voluntad de secundar la huelga".

La secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández (Palma, 1980), es la nueva consejera de Familia, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern tras la salida de Catalina Cirer, a la que cita como referente y agradece que le diera su primera oportunidad política a Cort. Su cartera está marcada por el reto de reducir las listas de espera: 14.500 personas aguardan para la valoración del grado de discapacidad; 3.700 personas para el de dependencia; y 2.500 para el Programa Individual de Atención (PIA).