La nueva Ley de Puertos, que prevé alargar hasta los 75 años la gestión privada de algunas marinas y puertos deportivos en Baleares, ha coincidido con el abrupto final de la concesión de los 270 amarramientos del Lago Resort de Cala en Bosc en Ciutadella, la única que se mantenía vigente desde hace 30 años sin ninguna contraprestación económica de la empresa hacia la Administración.

La asamblea de socios del Portitxol ha ratificado el proyecto de reforma, que supondrá una renovación importante de las instalaciones, valorada en 10 millones de euros, y que ha provocado tensión y enfrentamiento dentro de la entidad. Según algunos, se trata de un proyecto que “reduce el modelo de náutica social, porque se hacen más amarramientos de grandes esloras”, lamenta un socio histórico como Jaume Garau. Pero, según la directiva y otra parte de socios, “conserva la esencia del club y la instalación no crece hacia afuera”. “El 80% de los amarramientos continuarán siendo de menos de ocho metros”, explica el presidente del club palmesano, Pep Santander.

La situación de los amarramientos en el puerto de Andratx ha encendido las alarmas entre entidades vinculadas al mundo del mar. ADN Mediterrani y la Associació d’Amarristes d’Andratx han decidido unir esfuerzos para reclamar una solución para los casi cien propietarios de embarcaciones de pequeña eslora afectados por los cambios derivados de la nueva gestión del puerto.

El Ayuntamiento de Pollença ha reforzado sus acciones ante la proliferación de fondeos incontrolados y embarcaciones abandonadas en la Bahía de Pollença. El Consistorio ha impulsado la II Jornada de limpieza de residuos voluminosos en el Proyecto de concienciación y recuperación ambiental del litoral pollencí, con la colaboración de Adalmo como gestor autorizado y de un equipo de buceadores profesionales. Durante la jornada se retiraron bloques de hormigón, ruedas, cadenas y boyas, entre otros materiales.

El Gobierno ha dictado una resolución para impedir que los amarres concedidos para su uso particular en los puertos de gestión autonómica se puedan utilizar con fines lucrativos, como el alquiler turístico de embarcaciones privadas. La medida se adopta ante la entrada en vigor de la resolución estatal que permite a embarcaciones de recreo privadas cambiar temporalmente su uso a comercial, y en ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la comunidad autónoma sobre el dominio público portuario.