El Gobierno ha dictado una resolución para impedir que los amarres concedidos para su uso particular en los puertos de gestión autonómica se puedan utilizar con fines lucrativos, como el alquiler turístico de embarcaciones privadas. La medida se adopta ante la entrada en vigor de la resolución estatal que permite a embarcaciones de recreo privadas cambiar temporalmente su uso a comercial, y en ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la comunidad autónoma sobre el dominio público portuario.