La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del Decreto 44/2025, que regula la actividad de alquiler de barcos y embarcaciones de recreo en las Islas Baleares. El organismo alerta de que algunas medidas podrían limitar su oferta, dificultar la entrada de nuevos operadores y afectar a la variedad y calidad de los servicios disponibles para los consumidores.

La nueva Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB) –que representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional– ha advertido este jueves que siete de cada diez pequeños negocios de chárter de las Islas podrían cerrar debido al Decreto del Gobierno que regula la actividad de este tipo de embarcaciones. Según ha denunciado APANIB, la nueva normativa prohíbe la venta por plazas individuales, una modalidad legal que se desarrolla en el resto de comunidades autónomas. Además, prohíbe el acceso a las rampas públicas, obliga a los chárteres a tener un amarre para poder operar y deniega la inscripción de nuevas embarcaciones.

Entre 8.000 y 12.000 muertes o fondeos permanentes ilegales por amarrar embarcaciones ocupan el litoral de Baleares desde hace décadas, consecuencia de una inacción histórica de la Administración. Estas instalaciones causan un importante impacto ambiental, al que hay que añadir el abandono de cientos de embarcaciones amarradas y que entran en fase de degradación "vertiendo al mar combustible, aceites, restos de plástico y materiales químicos diversos", explica la bióloga y responsable del informe Mar Balear, Raquel Vaquer. Además, "estos fondeos suelen estar en zonas que no tienen el mismo grado de protección que un puerto, porque se han ocupado irregularmente, lo que hace que el mal tiempo afecte mucho más a las embarcaciones y, por tanto, el proceso de degradación se acelera", concluye.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha levantado siete actas administrativas para fondear sobre praderas de posidonia oceánica en la bahía de Talamanca, en Eivissa. Según el Gobierno, este dispositivo es el mayor llevado a cabo hasta la fecha para combatir el fondeo ilegal e inspeccionar la actividad de chárter náutico sin autorización.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del Decreto del chárter náutico a través de la cual prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones particulares, algo que la nueva normativa estatal permitirá realizar a partir de mediados de agosto. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell y después de que la presidenta Marga Prohens, anunciara que así se haría después de reunirse con el sector náutico.

El Govern ha reiterado su rechazo "frontal" a la autorización por parte del gobierno español del alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante tres meses del año y está estudiando "todas las vías" jurídicas y administrativas para impedir su aplicación en Baleares.