Justo un día después de la manifestación del 26 de julio, el GOB y Terraferida pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Ninguno de los dos dirigentes ha dado señales de vida hasta ahora ni ha manifestado ninguna intención de encontrarse con los activistas, que reclaman que se escuche el clamor contra la saturación de las más de 70.000 personas que salieron a la calle el 26-J. "No hemos recibido ninguna respuesta y nos preocupa", ha señalado la representante del GOB Tonina Siquier, además de lanzar una advertencia: "No pararemos. Justo hemos empezado". Siquier ha remarcado que Prohens y Galmés son "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación". "Prohens dice que está de acuerdo con las reivindicaciones y que el Pacte lo hizo mal, como si las responsabilidades actuales no fueran con ella", ha añadido.

Hace un mes que el Movimiento Joven de Sóller convocó la protesta del 8 de agosto contra la saturación en el municipio, que consideran uno de los puntos calientes de Mallorca en cuanto a turistización: un municipio donde "se observan claramente todos los efectos de la masificación", señalan integrantes de la entidad, en conversación con el ARA Balears. "Para nosotros es imposible imaginar un futuro en Sóller", lamentan, y remarcan que las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, centradas en la movilidad (más aparcamientos, algunos solo para residentes, y zona de bajas emisiones entre otras) no solucionan los problemas de fondo que la saturación ha provocado. El principal, como en el resto de las Baleares, es la vivienda.

Con el rostro oculto tras una máscara de calavera y vestida de campesina, Madò Farta empezó a hacer ruido —a pesar de ser una figura muda y rodeada de misterio— en las redes sociales en junio de este año. Desde entonces, esta figura, a medio camino entre una bruja y una sirena reivindicativa, ha aparecido tanto en solitario como dando apoyo a otras convocatorias, en la mayoría —si no en todas— de las protestas contra la masificación turística convocadas en toda Mallorca.

"Ya no sabemos qué más podemos hacer: pancartas, resistir, manifestaciones... Pero si das un paso más, como una pintada, te exponen en los medios y te vienen a buscar a tu casa; yo no sé qué más podemos hacer". La indignación corresponde a Margalida Castell, gerente de la librería Quart Creixent, a raíz de la detención de dos jóvenes por las pintadas contra la masificación turística en Santa Maria. Ante esta situación, la librería ha reforzado la distribución de las pancartas de SOS Residents, las cuales casi se han agotado tras la intervención de la Guardia Civil.

La publicación del Manual de acción contra la turistificación ha provocado estos últimos días una avalancha de titulares, portadas de periódicos, tertulias radiofónicas y reacciones, condenas y advertencias sin precedentes. Se ha hablado de radicalización, de incitación a los daños, al vandalismo, incluso, de amenaza para la convivencia y la seguridad (nos deberíamos preguntar de quién). Pero muy pocas voces se han detenido a plantear una pregunta previa: ¿qué entendemos exactamente por violencia y quién tiene el poder de ejercerla, contra qué y contra quién.

Profesor de Filosofía en la UIB y miembro fundador de Terraferida, Xim Valdivielso ha hablado con el ARA Baleares sobre la campaña de los hoteleros para trasladar a los turistas un mensaje acogedor. Considera que la raíz del malestar ciudadano es la imposibilidad de acceder a una vivienda y atribuye al alquiler turístico buena parte de los problemas.

La organización juvenil Arran ha acusado al Gobierno de criminalizar al movimiento popular, especialmente en los casos en que las protestas van "en contra de sus ideales". "Tanto el actual Gobierno de Marga Prohens como los anteriores, en especial los del Pacte, nos han llevado a la situación actual, en la que hemos perdido en todos los ámbitos de nuestra vida en favor de los beneficios del sector turístico", señala Arran en un comunicado de este martes. La entidad ironiza y remarca que "en una isla llena de pintadas de todo tipo, el Govern ha condenado enérgicamente a las únicas que la han señalado directamente". Según Arran, el Ejecutivo ha dado "un paso más en el intento de criminalizar al movimiento popular". La organización afirmó con contundencia que el Ejecutivo "persigue" determinadas muestras de descontento por parte de la sociedad civil.