La ruta migratoria entre Argelia y el estado español se ha cobrado la vida de 507 personas entre los meses de enero y mayo de 2026, muchas de las cuales habrían muerto en aguas próximas a las Islas Baleares. Así lo recoge el último informe de la ONG Caminando Fronteras, que documenta un total de 1.317 víctimas mortales en las diferentes rutas hacia las costas españolas durante los cinco primeros meses del año.

El Gobierno reclamará al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar el proceso extraordinario de regularización de migrantes hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo que interpondrá, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa y ha difundido Europa Press. El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad iniciar el procedimiento judicial. El Gobierno argumenta que la medida se aprobó sin el consenso de las comunidades autónomas, ni debate parlamentario, ni valoración del impacto presupuestario para prever las consecuencias sociales, económicas y administrativas.

Un grupo de pescadores ha encontrado este miércoles al mediodía el cuerpo sin vida de una mujer en aguas próximas a la isla de Formentera, según ha confirmado la Guardia Civil.

Más de 30.000 inmigrantes sin papeles en las Islas tienen ahora la posibilidad de salir de la invisibilidad. Desde el 16 de abril, las largas colas en los ayuntamientos se han convertido en la imagen de la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de España. Llevan meses preparando la documentación, pero hasta última hora no supieron que también necesitarían un certificado de vulnerabilidad, y eso explica, en parte, la saturación del sistema. “No entiendo para qué lo quieren, si todos los que estamos sin papeles somos vulnerables”, reflexiona Abdou, senegalés de 32 años. A pesar de ello, la prioridad es clara. “Como si tenemos que perder días de trabajo: los papeles son los papeles”, asegura Khalid.

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español se ve como una oportunidad “histórica” para decenas de miles de personas en situación administrativa irregular en Baleares. Sin embargo, juristas y profesionales del derecho también advierten de carencias técnicas y dificultades de aplicación que han generado incertidumbre y colapsos puntuales en los primeros días.

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado que no prevé reforzar el área de Servicios Sociales a raíz del proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central y ha defendido que el servicio “funciona con normalidad”, a pesar de las colas registradas estos días en las oficinas de atención ciudadana (OAC).

MÉS per Palma ha denunciado las presuntas trabas del Ayuntamiento de Palma en lo que respecta al proceso de regularización de personas migrantes, que también han denunciado recientemente partidos y funcionarios del equipo de gobierno de Cort después de que MÉS per Palma haya registrado una denuncia formal.

Los alcaldes del PP de las Baleares han reclamado este viernes la suspensión de la regularización extraordinaria de migrantes por el impacto que, según denuncian, tiene en los ayuntamientos. Consideran que el proceso ha generado situaciones de colapso en los servicios municipales desde el primer día.

El Gobierno mantiene el pulso con el Estado por el reparto de menores migrantes y ya advierte que volverá a los tribunales si el gobierno español aprueba un nuevo decreto para prorrogar el sistema actual. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, después del Consejo de Gobierno, en una comparecencia marcada por la firmeza del discurso.

Pese a que llegó a Mallorca procedente de Bolivia, hace una década que Farouk Pino y su esposa, Claudia Andrade, tienen la nacionalidad española. Y lleva 15 Pino al frente de Bolivia Centro Social, una entidad desde la que ha tejido redes con asociaciones y personas de otros orígenes que viven en Baleares. Preocupado por el ascenso de la extrema derecha, este activista hace oír su voz en los plenos del Ayuntamiento de Palma, desde donde denuncia las políticas de Vox y el PP.

Dos bebés, de 2 y 18 meses, están ingresados ​​en el hospital Can Misses de Eivissa después de haber sido rescatados en patera con síntomas de deshidratación. Según informaron fuentes del Ib-Salut, las menores se encuentran en planta de Pediatría y evolucionan favorablemente.

En las últimas semanas, uno de los mantras racistas de las extremas derechas europeas –muchas veces comprado incluso por una parte de las izquierdas, como el laborismo británico– de defender "trabajo para los de aquí" ha sido reiterado por la máxima autoridad de nuestra comunidad, la presidenta Prohens, en distintos contextos.

"Han llegado 7.300 inmigrantes en patera en el 2025 y el impacto de ello es que sólo en sanidad todos los días 300 pacientes mallorquines, menorquines, formenterenses y ibicencos dejan de ser atendidos porque los médicos dejan de atender a estas personas que no aportan nada al sistema sanitario". La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, hizo estas afirmaciones el 29 de enero. La cuestión aquí es que la representante de la extrema derecha mintió, porque nadie deja de ser atendido por el sistema sanitario de Baleares: ni los residentes, ni los turistas, ni los migrantes. En este reportaje desmontamos una mentira de Vox, aunque el partido utiliza otras muchas.

Superado el ecuador de la legislatura, quien gobierna piensa más en revalidar la victoria que en gestionar los problemas de los ciudadanos. Para ser benevolentes, no vamos a especular con porcentajes. El PP de Marga Prohens ha concluido que la masificación nunca será su TIL, su kriptonita, y ha renunciado a aplicar ninguna medida de gran importancia contra la saturación.

El anuncio de la regularización de 500.000 inmigrantes por parte del gobierno de España hizo reaccionar de inmediato al Gobierno. Lo hizo como suele hacerlo, con mucha gesticulación y anuncios de llevar la medida a los tribunales, etc. Todo lo que diga, punto por punto, el argumentario enviado desde la sede del Partido Popular de la calle Génova de Madrid. Pero he aquí que el conseller portavoz, Antoni Costa, quiso añadir una nota propia. Lo hizo diciendo que encontraba que el gobierno español "regala" la residencia a los inmigrantes y que habría que añadir más requisitos al proceso de regularización: por ejemplo, que los inmigrantes aprendan catalán. "Aquí tenemos, y lo digo claramente, una lengua propia. Y quienes quieran obtener la residencia legal en España y en esta comunidad en concreto, deben mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia". Lo dijo haciendo pausas dramáticas y poniendo carones, para darle énfasis. También afirmó que "aquí tenemos costumbres y tradiciones, y son los que venden los que deben adaptarse, y no a la inversa".

El pleno del Ayuntamiento de sa Pobla ha aprobado una iniciativa de Vox (con el apoyo del PP, del alcalde de Independents, pero con la abstención de tres regidores de su grupo) para prohibir el acceso con burka a dependencias municipales.

La crónica de Maria Llull preparando la rentrée del Parlament hace un repaso imprescindible de la situación política. Y deja caer una idea inevitable. Dos años después del mayor intento realizado por un Govern balear, hay que decirlo claro, para resolver el problema de la vivienda, los resultados son normativamente abundantes, pero cuantitativamente escasos. No es sencillo. Mientras la clase media y alta europea (millones de personas) puedan acumular propiedades impunemente, el mercado ejercerá su reinado de forma inmisericorde. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el polígono de Levante, que debía ser un espacio de convivencia social y cultural con toda casta de perfiles, y ha acabado siendo un conjunto de pisos de alto standing imposibles de adquirir por los locales.