La capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en Baleares crecerá hasta las 434 plazas. Así se desprende del borrador del real decreto que este miércoles debía trasladarse a las autonomías durante la conferencia sectorial de Infancia, pero que finalmente se ha suspendido por falta de quórum, ya que la mayoría de los territorios gobernados por el PP no han asistido.

Las instituciones de las Islas sacan pecho de las instalaciones que han montado como recursos de emergencia para acoger a los migrantes que llegan con frecuencia a las costas de Mallorca –como el antiguo cuartel de Son Tous, que ya acoge a menores. Mientras el Gobierno y el ejecutivo español celebran la apertura de este tipo de recursos, la entidad Prosocial, que lucha por defender los derechos sociales, recuerda que las personas que llegan con patera a las Islas "huyen de guerras, persecuciones y situaciones de hambre", por lo que "hay que ofrecerles la máxima protección". Por eso, la entidad apunta que en la presentación de la propuesta de condicionar Son Tous para jóvenes migrantes, Vox argumentó que el equipamiento reuniría pocas comodidades y tendría efectos disuasivos para las demás personas que tuvieran la intención de migrar. Las intenciones de la extrema derecha levantaron las alarmas de Prosocial que exige al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el cierre del centro porque, a su juicio, "Son Tous no puede ser un recurso de aislamiento y marginación; ni la acogida de menores, un castigo".

La entidad Prosocial ha expresado su preocupación por la polémica surgida este verano por la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias a las Islas Baleares, después de que el Gobierno y los consejos insulares rechazaran acogerlos. Según la organización, el debate se ha convertido en una confrontación política centrada en el número de niños y jóvenes en atender, sin tener en cuenta su situación de "extrema vulnerabilidad".

Las entidades y colegios profesionales que trabajan con personas migrantes en las Islas Baleares han leído este viernes una declaración con la que quieren manifestar su preocupación por la respuesta institucional ante la llegada de personas por vía marítima irregular y la redistribución de menores extranjeros no acompañados en España.

Delante el rechazo del Gobierno de acoger a menores migrantes solicitantes de asilo que ahora están en Canarias, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha recalcado que las responsabilidades de las administraciones están "muy definidas" en los marcos competenciales y ha advertido que "quien decide hacer caso omiso tendrá que asumir sus responsabilidades".