Hace más de dos años que el Gobierno prometió medidas “valientes” contra la saturación, pero la aplicación de los compromisos de la presidenta Marga Prohens ha sido desigual. El Ejecutivo ha desplegado medidas para regular el alquiler turístico, pero las iniciativas fiscales para la contención anunciadas esta legislatura –como el Impuesto de Turismo Sostenible, el canon del agua y de los coches de alquiler– no se han materializado. La contención que defiende el Ejecutivo no se refleja, de momento, en las cifras de llegadas: en 2025 se batió un nuevo récord con más de 19 millones de turistas en las Islas. “Entendemos el malestar”, dijo el vicepresidente primero, Antoni Costa, sobre la manifestación del domingo contra la saturación: “Se nos puede decir que las medidas son insuficientes (...), pero las hemos tomado”. ¿Qué promesas del Ejecutivo se han aplicado, cuáles han quedado a medias y cuáles no se han cumplido?

El Plan de conservación marina del Gobierno, que debía situar las Baleares como "referente internacional en protección del medio marino", según señaló el Ejecutivo, no fue otra cosa que "una declaración de intenciones", según admite el director general de Pesca, Antoni M. Grau. El plan ya nació sin dotación presupuestaria y no se ha hecho público, a pesar de las peticiones de partidos como el PSIB, que lo ha reclamado en reiteradas ocasiones sin que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con Joan Simonet al frente, haya facilitado el acceso al documento. El Gobierno, entidades conservacionistas y representantes del sector pesquero firmaron el plan el 16 de febrero y no se ha sabido mucho más desde que la presidenta Marga Prohens lo presentó.

El paquete de medidas aprobado por el gobierno español para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a 70 millones de euros en las Islas Baleares. Así lo ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, después de reunirse con agentes sociales y económicos.

"Debemos poner la contención sobre la mesa. Ahora es el momento de detener. Es el momento de poner límites". Éstas fueron las palabras del presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Galmés, en mayo de 2024 en la rueda de prensa donde anunció que la institución insular reduciría el número de plazas turísticas de Mallorca. El anuncio evidenciaba que los populares admitían que la isla está saturada y, además, casaba perfectamente con la medida estrella que todavía pretende implantar el presidente, pese a estar atascada: limitar la entrada de vehículos. "El objetivo es sentirnos visitados, no invadidos", proclamó el exconsejero insular de Turismo Marcial Rodríguez para reforzar la idea de Galmés. A poco más de un año de terminar el mandato, el presidente aún no ha aplicado ninguna medida contra la saturación. De hecho, la estrategia contra la saturación de Galmés es clara: hacer grandes anuncios mientras se abren nuevos mercados para atraer a más visitantes a Mallorca.

El Ayuntamiento ha anunciado dos veces la misma medida en año y medio: el alcalde de Palma, Jaime Martínez, compareció este martes ante los medios para comunicar que Cort prohibirá nuevas viviendas de alquiler turístico, exactamente la misma iniciativa que dijo que se pondría en marcha a corto plazo el 29 de mayo de 2024. De esta forma, la única medida efectiva que Martínez ha aplicado respecto al alquiler turístico en año y medio ha sido convocar otra rueda de prensa para repetir el mismo anuncio.

El PSIB propuso crear una bolsa de suelo insular en Mallorca para que los ayuntamientos puedan construir vivienda de protección Oficial (VPO) y también planteó reducir el techo de las 400.000 plazas turísticas e implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) en los grandes municipios de la isla. Éstas son algunas de las 237 propuestas de resolución que han presentado los socialistas para debatirlas en el pleno de julio de la institución insular para revertir "dos años de inmovilismo del PP y Vox".