Entidades sociales y ecologistas han puesto en marcha la campaña ciudadana 'Salvem Portopí' con el objetivo de frenar la transformación prevista en esta zona del puerto de Palma. La iniciativa, impulsada por ARCA, GOB, Palma XXI y Fridays For Future Mallorca, reclama una reordenación de los usos portuarios que sea "lógica, rápida de ejecutar y respetuosa con el patrimonio histórico y el medio ambiente". El proyecto que cuestionan incluye la posible implantación de un polígono industrial y una planta de tratamiento de residuos en el muelle de Portopí. Según las entidades, esta actuación supondría una "agresión ambiental y paisajística" en un espacio con un alto valor histórico y simbólico para la ciudad.

Entidades conservacionistas como Palma XXI y el GOB no acudirán a la reunión de la Comisión Municipal del Ciclo Climático como gesto de protesta ante el arrasamiento del conjunto arbóreo de los bellasombras de la Calatrava. Palma XXI considera que esta actuación constituye "un hecho inaudito, de una violencia extrema" contra el patrimonio natural y urbano de Palma, y ​​cargado de una "simbología profundamente preocupante, absolutamente incompatible" con los valores democráticos, ambientales y culturales que deberían guiar a la acción pública.

Miembros del Foro de la Sociedad Civil han pedido este miércoles hacer una escuela de vela en el puerto de Palma, concretamente en la Escollera, recuperar el muelle Vell para aumentar la proximidad de la ciudad con el mar y desplazar la represión náutica al dique del Oeste. Estas son las principales actuaciones que prevé la propuesta alternativa que ha preparado la entidad para rebatir el anteproyecto de reordenación del puerto realizado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Según consideró un miembro de la ejecutiva del Fòrum, Jaume Garau, la iniciativa de la APB "implica un crecimiento de movilidad de barcos y de nuevas plataformas que es una auténtica burrada".

La Federación de Asociaciones de Vecinos, junto con Palma XXI, llevan a los tribunales la ordenanza cívica de Palma con "el objetivo de tumbarla", según la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar. Para ello, los colectivos vecinales han interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Provincial contra la legislación aprobada recientemente en Cort con el apoyo del PP y Vox.