La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha lanzado una advertencia ante la paralización de las subvenciones municipales: si la situación no se resuelve con rapidez, "puede significar la desaparición de una parte del tejido asociativo" de Ciutat. La suspensión, que ya se alarga hacia el quinto mes sin un calendario claro de resolución, afecta "un amplio abanico de actividades –educativas, deportivas, culturales, sociales y vecinales– y pone en riesgo servicios" que, en algunos casos, suplen "carencias de la misma Administración", ha explicado.

La paralización de las subvenciones municipales para 2026 en Palma ha encendido todas las alarmas entre el tejido vecinal, que denuncia falta de información, incertidumbre jurídica y riesgo real de paralización de actividades en los barrios. Las asociaciones alertan de que la situación, vinculada a una auditoría del Tribunal de Cuentas de las subvenciones de 2022, no solo afecta a los proyectos en marcha, sino que también pone en duda la continuidad de las ayudas con vistas a 2027.

Las asociaciones de vecinos de Palma han expresado este martes ante Cort su indignación porque todavía no han recibido las subvenciones de la convocatoria 2025-2026 de las que piden el "pago inmediato". Las entidades vecinales han denunciado que estas ayudas "sufren el mayor retraso de los últimos años" y han asegurado que deben facturas y que han dejado de realizar actividades por este motivo. "Nos han puesto una camisa de fuerza", denunció la presidenta de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Palma, Maribel Alcázar.

La Federación de Vecinos de Palma ha cargado este viernes contra la recientemente aprobada ley que prevé recalificar suelo rústico para realizar miles de pisos. Concretamente, ha denunciado que Cort ceda solares públicos —que estaban previstos para realizar equipamientos— a los promotores para hacer vivienda de alquiler a precios que, según consideraron "son cualquier cosa menos asequibles para el salario de la gente que presenta más dificultades para conseguir vivienda".

La Federación de Asociaciones de Vecinos, junto con Palma XXI, llevan a los tribunales la ordenanza cívica de Palma con "el objetivo de tumbarla", según la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar. Para ello, los colectivos vecinales han interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Provincial contra la legislación aprobada recientemente en Cort con el apoyo del PP y Vox.