La zona única escolar, que se implantará en la mayoría de los municipios de Baleares, hará que todos los alumnos tengan la misma puntuación por proximidad del domicilio al centro. Sobre el papel, la medida promete igualdad; en la práctica, pero, puede reforzar las desigualdades. Hasta 5,5 puntos obtendrán todos aquellos que acrediten más de dos años de empadronamiento en la zona en cuestión. Esto sitúa en desventaja a los centenares de recién llegados que llegan cada año y que –al menos por este criterio– quedan atrás.

El pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado este lunes una moción de los grupos municipales MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE y AIPC-SyS para no aplicar la zona única de escolarización en el municipio. La medida había sido aprobada recientemente por la Consejería de Educación y Universidades para el proceso de admisión del curso 2026-2027. La moción ha sido presentada por el delegado de Educació, Ferran Montero.

La Consejería de Educación y Universidades aplicará la zona única en casi todos los municipios de Mallorca y Menorca como parte del proceso de matrícula para el curso 2026-2027. El consejero de Educación, Antoni Vera, ha presentado la nueva orden de admisión y ha detallado los cambios en adscripción, admisión y matrícula, además de las novedades en cada etapa educativa. Vera ha destacado que la vía telemática seguirá siendo la opción preferente para solicitar plazas y formalizar la matrícula, puesto que aporta una gestión más rápida, eficiente y fiable, aunque se mantiene la atención presencial para aquellas familias que lo necesiten.

La Consejería de Educación y Universidades ha presentado a la Mesa Sectorial de Educación el borrador de la orden que regula el proceso de adscripción, admisión y matriculación del alumnado en los centros educativos sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.

El caso de Ferreries, donde se ha dado plaza en la escuela concertada religiosa a 11 familias que se han plantado porque querían ir a la pública, no ha sido el único en lo que se refiere al proceso de matriculación para el próximo curso. En Santa Maria del Camí son cuatro las familias de niños de 3 años que han quedado fuera del CEIP Melcior Rosselló y Simonet. Se les ha concedido plaza en el colegio Ramon Llull, un centro concertado de carácter confesional cristiano, regentado por las Hermanas de la Caridad. "Queremos llevar a nuestro hijo a la escuela pública y laica del pueblo. Además, somos una familia formada por dos mujeres, lo que, lamentablemente, nos hace sentir aún más vulnerables en este contexto", explica Marta (nombre ficticio), madre de una de las familias que se han visto afectadas por la falta de puestos escolares públicos.