Se llama Aliou. En 2021 llegó a las Islas Canarias en una patera. Veintidós días después le detuvieron, al considerarlo el patrón de la embarcación, aunque él lo niega. Después de ser trasladado a la cárcel de Palma, le detectaron una leucemia y pasó por un trasplante de médula. Por el camino ha aprendido castellano –lo habla con un leve deje canario– y se ha sacado un título de auxiliar de cocina. Como ya le han concedido el tercer grado penitenciario, trabaja en un restaurante. Tiene solo 23 años, pero piensa que ya ha "perdido mucho tiempo": "No sé si lo podré recuperar".

La consejera de Bienestar Social del Consejo de Menorca, Carmen Reynés, informó este miércoles de que dos de los tres menores que fueron rescatados el pasado sábado en una patera a 35 millas de la costa de la isla "no pueden ni andar". "Llegaron en un estado físico muy delicado y extremadamente débiles. Todos recibieron el alta hospitalaria, pero esta noche uno de los menores ha vuelto a quedar ingresado. En cuanto a su estado psicológico, se puede decir que es algo preocupante", ha dicho la responsable insular.

El reparto de menores migrantes no acompañados se ha convertido en las últimas semanas en un arma arrojadiza en el fuego cruzado entre el gobierno español y el PP. En este caso, fue la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, quien se erigió en la primera espada de la mayoría de los barones populares que hicieron frente común contra Pedro Sánchez, en un nuevo episodio de tensión entre administraciones autonómicas del PP y del Estado. El pasado viernes, el Ejecutivo anunció la presentación de un segundo recurso contra la medida, que pretende descargar a las Islas Canarias, desbordadas por la ola migratoria. Mientras, cerca de 3.900 menores llegados a ese territorio en patera esperan una solución a su situación. En las Islas corresponderían 49, una cifra que ni el PP balear ni su socio, Vox, están dispuestos a asumir.

El sol despunta y Abdou ya está acuclillado recolectando fruta del campo de Mallorca. Sabe cuándo empieza a trabajar, pero nunca cuándo termina. El jefe, que dirige una empresa familiar, ya avisará. Si está en el invernadero, Abdou calcula cuándo escapar a respirar aire fresco y bañar la camiseta para evitar un golpe de calor. Al final del día, con el sol ya puesto, recibirá 50 euros. Un billete de economía sumergida, libre de impuestos para el patrón; pero el salvoconducto para que Abdou, como miles de inmigrantes en situación irregular, sobreviva en los márgenes de la sociedad. No consta para la administración. No tiene permiso de residencia ni de trabajo, pero vive y se gana el pan desde que llegó, hace dos años, desde Senegal. Tiene 25 años. Dejó atrás a su mujer ya su hijo. "Estar separado de ellos es como estar muerto", sentencia antes de relatar que viajó durante diez días en patera.