Tres semanas, este es el tiempo que hace que el GOB pidió una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para saber si están dispuestos a escuchar el clamor de las 70.000 personas que, según las cifras de los organizadores, se manifestaron en Palma el 26-J en contra de los efectos perversos de la saturación y la turistificación sobre la vida de los residentes. El encuentro se pidió justo un día después, el 27 de julio, pero el Ejecutivo ha ignorado la solicitud de la entidad ecologista. "No hemos recibido ninguna respuesta ni una", aseguran fuentes del GOB.

Al inicio de la legislatura, el Govern entrante de Marga Prohens presumió de haber reducido en un millón de euros el gasto en altos cargos. Como el organigrama tenía una conselleria menos que el anterior Ejecutivo, el gasto bajó de los 8,42 millones de euros anuales de la etapa de Francina Armengol a los 7,1 millones de euros anuales con el PP. Sin embargo, esta situación se ha revertido y en 2025 los populares ya superaron el gasto del Govern del Pacte: gastaron 8.970.175,74 euros anuales en altos cargos y personal eventual (asesores y personal de confianza).

María Joaquina Ferrer ya no es la directora general de Costas y Litoral, pero buena parte del equipo que ha trabajado con ella no parece dispuesto a dejar que la destitución se lea solo en clave de una crisis de gestión. Veintiún funcionarios del organismo han firmado una carta dirigida al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la que expresan desacuerdo con la decisión del Gobierno y reivindican la manera como Ferrer ha dirigido el organismo estos meses.

Las educadoras de las guarderías de las Baleares agrupadas bajo la Red 0-3, de la cual forman parte UGT, CCOO y STEI, preparan un inicio de curso con movilizaciones con las que pretenden continuar avanzando hacia la equiparación salarial de todas las trabajadoras del sector. Este lunes se han reunido en una asamblea en la que las representantes sindicales han trasladado el contenido de la reunión que la semana pasada mantuvieron con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

"Quien va a la playa en Formentera, y quiere alquilar una tumbona, no la tiene". Así ha hablado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, de la situación en la isla en cuanto a la concesión de tumbonas y sombrillas y que ha derivado en la destitución de la ya exdirectora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, este viernes después de la reunión del Consell de Govern. El origen de este conflicto se remonta a mayo, cuando la resolución de la Dirección General de Costas para las instalaciones temporales del 2026-2029 denegó la autorización de 681 tumbonas y 339 sombrillas y provocó las críticas del Consell de Formentera al Govern (Costes sí que autorizó 1.169 tumbonas y 589 sombrillas). El vicepresidente ha comentado que esta situación "no se había dado en Formentera en ejercicios anteriores" y ha remarcado que "tiene un impacto muy relevante sobre el interés público". "Quien va a la playa en Formentera, y quiere alquilar una tumbona, no la tiene", ha lamentado.

El Ministerio de Defensa ha confirmado al Gobierno que el ejército español se desplegará en Baleares el día del eclipse y formará parte del dispositivo de seguridad que se ha previsto para controlar la afluencia de personas. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, lo ha anunciado este viernes después de la reunión del Consejo de Gobierno. Ahora bien, también ha reconocido que el Ejecutivo no tiene ninguna estimación de la afluencia de gente. "Es evidente que sería muy considerable si no hubiera ningún tipo de restricción", ha dicho sin aportar ninguna cifra aproximada.

No han pasado ni cuatro meses desde que el Gobierno manifestó su "orgullo y satisfacción" por la conducta de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, que denunció el intento de soborno por parte de un empresario de Mallorca. Pero el Ejecutivo ha virado del reconocimiento público a la destitución de Ferrer, que no ha llegado a cumplir un año en el cargo y que ahora volverá a su plaza de funcionaria de la CAIB. La destitución se hará efectiva este viernes en el Consell de Govern.

El consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha hecho referencia este miércoles a la queja del GOB y Terraferida, que pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el 27 de julio y todavía no han recibido ningún tipo de respuesta. "Las agendas son complicadas", ha señalado en un acto en la biblioteca de Can Sales, además de señalar que se atenderá a las entidades en algún momento, según ha informado Europa Press.

El PSIB ha reclamado este miércoles al Govern que abra un columbario en el cementerio de Palma para acoger a cerca de 200 víctimas de la represión franquista que no han sido identificadas, además de otras figuras como los hermanos Aurora y Gabriel Picornell. El portavoz socialista en Cort, Xisco Dalmau, ha pedido que la inauguración se haga junto con un acto de reconocimiento con la participación de las entidades memorialistas. También ha defendido que este espacio se convierta en un centro vivo de estudio e investigación, abierto tanto al alumnado como al conjunto de la ciudadanía.

"Está claro que España nunca ha ido tan bien en su historia, lo mires por donde lo mires: 46,6 millones de turistas internacionales los seis primeros meses del año y un gasto récord de 63.800 millones de euros. Tanto ruido y exageración para que no sientas que gobernamos bien y te beneficia". Se ve que al ministro socialista de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, nadie le ha contado que en lugares como las Baleares la gente no está tan contenta y que 70.000 personas salieron a la calle el 26 de julio para reclamar algo tan sencillo como difícil de conseguir a estas alturas: que los ciudadanos de las Islas puedan vivir con dignidad. Quiero pensar que Bolaños entiende la diferencia entre PIB y PIB per cápita, porque este matiz le ayudará a entender que los 63.800 millones de euros que han dejado los visitantes no repercuten en los residentes en territorios turísticos. Quizás la satisfacción es porque empresas como Aena superan sus beneficios año tras año a base de exprimir las puertas de nuestro hogar.

Justo un día después de la manifestación del 26 de julio, el GOB y Terraferida pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Ninguno de los dos dirigentes ha dado señales de vida hasta ahora ni ha manifestado ninguna intención de encontrarse con los activistas, que reclaman que se escuche el clamor contra la saturación de las más de 70.000 personas que salieron a la calle el 26-J. "No hemos recibido ninguna respuesta y nos preocupa", ha señalado la representante del GOB Tonina Siquier, además de lanzar una advertencia: "No pararemos. Justo hemos empezado". Siquier ha remarcado que Prohens y Galmés son "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación". "Prohens dice que está de acuerdo con las reivindicaciones y que el Pacto lo hizo mal, como si las responsabilidades actuales no fueran con ella", ha añadido.

El Foro de la Sociedad Civil ha cargado este jueves contra la decisión del Gobierno de no prorrogar el convenio de colaboración que mantenía con la entidad, vigente hasta este 31 de julio. La organización considera que la decisión es "difícil de entender", asegura que no había recibido ninguna advertencia previa sobre el funcionamiento del convenio y reclama al Ejecutivo que explique públicamente los motivos por los que ha decidido no renovarlo.

La izquierda balear debe ser una fuerza política prodigiosa. Hace más de tres años que está en la oposición y aún consigue colapsar las carreteras, encarecer la vivienda, saturar las playas y llenar el aeropuerto. Hay gobiernos que a duras penas dejan legado. El Pacto, en cambio, parece haber descubierto el secreto de la inmortalidad política.

Se puede enumerar en el orden que se quiera, pero la cuestión es que la vivienda, la saturación y la movilidad son los grandes problemas estructurales que la ciudadanía de las Baleares arrastra desde el comienzo de la legislatura pasada, la del Pacto. Han pasado gobiernos, titulares, anuncios y ruedas de prensa, pero las dificultades han demostrado su capacidad de resistencia y las políticas públicas no han sido capaces ni tan siquiera de mermarlas.

La decisión del PP de permitir que las empresas y los fondos de inversión puedan comprar vivienda a precio tasado es el último ejemplo del cambio de modelo en la política de vivienda en las Islas que ha impulsado el Gobierno de Marga Prohens, con referentes políticos como la comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Los populares han apostado por aumentar la oferta y la iniciativa privada por encima de la vivienda protegida, una estrategia que han criticado la izquierda y expertos consultados por el ARA Balears.

La vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha fet referència aquest dilluns a l'augment del 0,9% en l'arribada de turistes a les Balears fins a l'abril i ha recordat que l'Executiu "no parla de disminució, sinó de contenció" i que el seu model "no està en les xifres", sinó en com volen que hi hagi increment turístic. "El model del Govern no està en les xifres, està en com volem que vingui aquest increment turístic, en allargar els mesos i en desconcentrar en uns mesos molt determinats l'afluència massiva", ha comentat.

La inversión pública en cultura no solo es legítima, es necesaria. Ningún país ni ninguna sociedad con una mínima ambición colectiva puede dejar la cultura exclusivamente en manos del mercado. El apoyo institucional a proyectos culturales sirve para garantizar pluralidad, acceso, cohesión social y proyección exterior. Pero precisamente porque los recursos públicos son limitados y provienen de toda la ciudadanía, la inversión debe responder a criterios de proporcionalidad, transparencia e interés general. Es aquí donde el caso del Mallorca Live dispara las alarmas.

El Plan de conservación marina del Gobierno, que debía situar las Baleares como "referente internacional en protección del medio marino", según señaló el Ejecutivo, no fue otra cosa que "una declaración de intenciones", según admite el director general de Pesca, Antoni M. Grau. El plan ya nació sin dotación presupuestaria y no se ha hecho público, a pesar de las peticiones de partidos como el PSIB, que lo ha reclamado en reiteradas ocasiones sin que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con Joan Simonet al frente, haya facilitado el acceso al documento. El Gobierno, entidades conservacionistas y representantes del sector pesquero firmaron el plan el 16 de febrero y no se ha sabido mucho más desde que la presidenta Marga Prohens lo presentó.

El Gobierno reclamará al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar el proceso extraordinario de regularización de migrantes hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo que interpondrá, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa y ha difundido Europa Press. El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad iniciar el procedimiento judicial. El Gobierno argumenta que la medida se aprobó sin el consenso de las comunidades autónomas, ni debate parlamentario, ni valoración del impacto presupuestario para prever las consecuencias sociales, económicas y administrativas.

Mientras el Parlament comenzaba a tramitar la reforma de la Ley de capitalidad de Palma, un centenar de personas ya habían recibido la orden de abandonar la antigua cárcel sin saber dónde vivirán cuando acabe el proceso judicial. Esta imagen resume el momento político que atraviesan las Baleares. La capital que el alcalde Jaime Martínez reivindica como motor económico e institucional de las Islas es también el escenario donde se concentran muchas de las tensiones que han marcado la vuelta del PP a las principales instituciones: la crisis de la vivienda, la saturación turística, la presión demográfica causada por la necesidad de mano de obra del modelo económico turístico, la fragilidad de los servicios públicos y un discurso cada vez más obsesionado con los migrantes pobres.