La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar una nueva vía vinculada al desarrollo del proyecto residencial estratégico de Son Puigdorfila, donde se prevé construir más de 600 viviendas, más de la mitad de las cuales tendrán alguna clase de protección. La actuación prevé la apertura de la calle del Pensamiento para garantizar la accesibilidad del futuro ámbito residencial y conectarlo con la red viaria existente, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El GOB ha presentado alegaciones contra el proyecto de nuevas instalaciones náuticas del Club Náutico de Can Picafort y pide a Ports-IB que no lo apruebe en la configuración que tiene actualmente. La entidad ecologista considera que la propuesta, con 79 amarres, 5 pantalanes y cerca de 70 anclajes sobre el fondo marino, no ofrece suficientes garantías ambientales.

Tener 14.000 metros cuadrados de suelo rústico común ya no bastará, por sí solo, para poder levantar una casa de más de 100 metros cuadrados. Si el proyecto de ley agraria aprobado por el Consejo de Gobierno acaba superando la tramitación parlamentaria, construir una nueva vivienda en campo de grandes dimensiones (la mayoría de las que se hacen lo son) quedará vinculado a una obligación agraria que se deberá mantener durante 15 años.

A sus 82 años, el poblense Joan Pons Gost se mira los callos de las manos y repasa sus cinco décadas trabajando de picapedrero. “Aprendí el oficio en 1957, a los 13 años. Había perdido a mi padre siendo muy pequeño y, para ayudar a la economía familiar, empecé de peón en diferentes reformas que se hacían dentro del mismo municipio de sa Pobla. Con una carretilla, me enviaban de arriba para abajo a buscar material. Después ya me enseñaron a hacer cemento y a poner bloques”.

Pollença tramita actualmente 360 expedientes para legalizar casas y elementos constructivos en suelo rústico. Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) tiene 235 entre manos, aunque ha descartado 26 por incumplir los requisitos. No hay ninguna cifra global, porque los consejos, a pesar de tener la obligación de velar por el suelo rústico, se han desentendido del proceso y no lo supervisan. “Lo hacen directamente los ayuntamientos”, han respondido a ARA Balears fuentes de los gobiernos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa. Pero, si dos municipios importantes suman más de 500 expedientes, queda claro que la amnistía en rústico que aprobó el Govern de Marga Prohens ha tenido una acogida muy importante. La medida ha servido para retratar la agonía del suelo rústico, y “el fracaso completo como sociedad”, en palabras del gerente de Urbanismo de Pollença, Tomeu Antich, a la hora de hacer cumplir la ley y la disciplina en el territorio rural, fundamental para la biodiversidad, la agricultura, la generación de paisaje y la preservación de la cultura.

Se suceden los gobiernos, los regidores, los planes, las jornadas y las presentaciones. Y se suceden las buenas palabras, las intenciones y, desde hace un tiempo, una cierta autocrítica. “Estamos al límite”. Ahora, hasta el PP admite que las Islas están a punto del colapso.

La construcción continúa en aumento en Mallorca, según los datos aportados por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, que ya ha visado 1.296 nuevas viviendas en la isla durante la primera mitad del año, un 28,7% en comparación al 2025. Son las cifras más altas de los últimos cinco años y se espera que continúen creciendo.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado modificar el Plan General de 2023 con el objetivo de aprovechar mejor el suelo urbano consolidado y facilitar la construcción de más viviendas en la ciudad. La iniciativa, impulsada por Vox y aprobada con los votos favorables de este grupo y del PP, permitirá armonizar alturas de edificios y modificar índices urbanísticos que consideran “obsoletos”. La propuesta se ha aprobado este martes durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Ciudad y también insta al equipo de gobierno a transformar de manera urgente la Gerencia de Urbanismo en un organismo autónomo.

"Finalmente destruiremos la piscina. Espero que queden contentos". Con esta frase contundente dirigida a los independentistas, Ágatha Ruiz de la Prada resume el desenlace de uno de los conflictos urbanísticos más largos y mediáticos de Mallorca. Según su relato, la piscina, construida en dominio público marítimo-terrestre, era "perfectamente legal" porque se había construido antes de la Ley de Costas y disponía de todos los permisos; la realidad es que el caso derivó en una batalla política y judicial que se ha extendido durante más de dos décadas.

Mallorca tiene 55.256 viviendas construidas en suelo rústico, 15.817 de las cuales podrían ser contrarias a la normativa urbanística vigente, según los datos del proyecto Casas que no existen, presentado este lunes en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares. La investigación, liderada por el urbanista Miquel Rosselló Xamena, pone cifras a un fenómeno a menudo invisible en el debate público: la proliferación de viviendas en suelo rústico.

4.500 viviendas destinadas a los residentes solamente en Palma y una cifra similar en el resto de las Baleares. Estas son las previsiones del Ayuntamiento de Palma y del Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos. Estas medidas derivan principalmente de la legislación impulsada por Prohens, basada en la promoción de proyectos residenciales estratégicos. Se trata de una cifra que el sector considera razonable, pero con una matización clave: la mayoría de estas viviendas no se construirán antes de cinco años.

Los medios de comunicación cumplen una función social de primer orden y, además, de un alto valor democrático por el hecho de que contribuyen a la formación de la opinión pública. A partir de esta premisa, por sentido de la responsabilidad y movidos por los sentimientos de estima, respeto y servicio a la tierra y a los ciudadanos de Mallorca, un grupo de colaboradores de los tres diarios en papel editados en la isla (ARA Balears, ‘Diario de Mallorca’ y ‘Última Hora)’ nos hemos concertado para publicar este artículo. La finalidad es reclamar a todos los partidos políticos, a las instancias que tienen la capacidad de modificar el estado de cosas vigente –singularmente, las instituciones de autogobierno y los ayuntamientos–, como también, en general, al conjunto de los poderes económicos y sociales, susceptibles de condicionar e influir en la toma de decisiones, un cambio radical, progresivo y templado, pero firme, del modelo económico actual.

La Asociación de Constructores de Baleares ha alertado este jueves de que los precios de los materiales de construcción –ya en aumento– se dispararán en las próximas semanas a causa del conflicto en Irán. En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Climent Olives, y la directora gerente, Sandra Verger, han advertido de que esta situación podría tener consecuencias sobre las promociones de vivienda pública (VPO) previstas para el Plan de choque del Govern a través del Ibavi.

La organización ecologista Terraferida ha denunciado este martes el proceso de urbanización rural que sufre Mallorca, donde se han urbanizado 15 kilómetros cuadrados entre 2015 y 2025, una superficie equivalente a todo el archipiélago de Cabrera.

La artificialización del territorio de Baleares ha aumentado un 65% en menos de 30 años (1990-2018). Ésta es una de las conclusiones más contundentes que se desprenden del análisis de los datos del sistema europeo que sigue la evolución de los usos del suelo, el Corine Land Cover, realizado por la geógrafa Marta Pieras. Según el especialista, las cifras retratan "una situación de consumo de territorio desbocado que refleja un modelo muy preocupante". Entre 1990 y 2018, la superficie ocupada por zonas urbanas, infraestructuras y áreas vinculadas a la actividad turística ha crecido de forma sostenida, mientras que los cultivos y el paisaje se desvanecen a marchas forzadas, según el mismo análisis.

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de MÉS, una rebaja de un 20,5% de la tarifa del tratamiento de residuos de construcción y materiales de demolición (RCD) para 2026, el doble de la cantidad marcada como objetivo del equipo de gobierno de reducir esta.

El desarrollo de las Áreas de Transición previstas en Manacor podrían hacer crecer el municipio con más de 24.000 habitantes, más de los 50.000 que ya tiene, y afectar notablemente a núcleos pequeños, como Son Macià, que multiplicaría su población actual por tres. Una bomba (de momento) desactivada por el Ayuntamiento de Manacor, pero que preocupa a los colectivos ecologistas y que el Govern balear mantiene sobre la mesa.

Parques solares en suelo rústico sin otra restricción que los espacios protegidos, centros comerciales u otras empresas que podrán establecerse con una simple declaración responsable, sin esperar la licencia. Éstas son algunas de las novedades que incluye el Decreto ley para acelerar proyectos que aprobó a principios de septiembre el Gobierno de Marga Prohens y que ya se encuentra en vigor.