La declaración de zona tensionada, una medida prevista en la Ley estatal de vivienda y que permite aplicar limitaciones al precio del alquiler, comenzó a dar sus frutos a municipios como Barcelona, ​​donde según datos oficiales cayó un 6,4% el precio medio de los nuevos contratos. Según datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) los precios medios del alquiler en municipios catalanes han descendido cerca de un 5%. Teniendo en cuenta que la situación de la vivienda en Baleares es peor que en la mayor parte del Estado, ¿hay algún motivo objetivo para no aplicar esta medida, con una situación extremadamente grave?

Al menos seis municipios de Baleares –Maó, Ciutadella, Esporles, Santa Maria, Pollença y Algaida– han pedido al Govern que les aplique la normativa estatal que les permite ser declarados zona tensionada y automáticamente poder limitar los precios de alquiler de viviendas en el momento de la renovación de los contratos. El Ejecutivo confirmó al ARABalears que "en un período breve de tiempo se resolverán estas peticiones y, en principio, serán todas en sentido negativo". "Pensamos que hacerlo no mejoraría su situación", explica el director general de Vivienda, José Francisco Reynés. "Entre todas las administraciones debemos poner todo lo que tenemos al alcance para mejorar la vida de los ciudadanos, y así lo haremos, pero no hay ninguna garantía de que limitar los precios sea beneficioso", reitera el máximo responsable en materia de vivienda del Govern.

Los ciudadanos de Baleares necesitan 60,8 años para comprar una vivienda, destinando un 30% de su salario, el doble de la media estatal, según ha expuesto Antoni Alcover, secretario general del Consejo Económico y Social (CES), durante la presentación de la memoria de 2024. El año pasado, el 26% de las medias de las compras de viviendas fueron 7 extranjeros. El precio del alquiler de Baleares es el más alto de España, con un incremento del 3,9% respecto al año anterior y del 23,9% respecto a 2015. Actualmente, el 30% de la población vive de alquiler, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas.

La asociación STOP Desahucios ha asegurado este jueves que la Policía Nacional está cortando la luz a las familias que viven en las infraviviendas que alquila un policía local en Palma. Según ha recogido Europa Press, el colectivo ha asegurado a los medios que agentes policiales han acudido a las viviendas ubicadas en el número 24 de la calle Joan Miró, acompañadas por un electricista, para dejar sin luz a las personas que "son sitiadas" por el propietario de los trasteros donde viven. Este lunes se detuvieron los desahucios de dos personas que viven en estos trasteros propiedad de un policía local de Palma sancionado por el Govern por alquilar estas infraviviendas.