Cerca de 25.000 familias de las Baleares pueden ganar dos años de respiro antes de tener que afrontar la renovación del contrato de alquiler, si el Congreso de los Diputados no tumba la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Las Baleares, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, era donde se esperaba la subida más alta para los contratos que terminarán en los próximos meses: el Estado había calculado que pasar de un contrato que termina este año a uno nuevo a precios de mercado podía suponer en las Islas un sobrecoste medio de 4.615 euros anuales, unos 385 euros cada mes, el mayor impacto de todas las comunidades autónomas. La media estatal se situaba en 1.735 euros anuales, unos 145 euros mensuales.

El Govern ha calificado de "simbólica" la declaración de Esporles como mercado residencial tensionado al considerar que no es competencia del Ayuntamiento, aunque ha manifestado su respeto por una decisión que considera un posicionamiento político.

La asociación STOP Desahucios ha asegurado este jueves que la Policía Nacional está cortando la luz a las familias que viven en las infraviviendas que alquila un policía local en Palma. Según ha recogido Europa Press, el colectivo ha asegurado a los medios que agentes policiales han acudido a las viviendas ubicadas en el número 24 de la calle Joan Miró, acompañadas por un electricista, para dejar sin luz a las personas que "son sitiadas" por el propietario de los trasteros donde viven. Este lunes se detuvieron los desahucios de dos personas que viven en estos trasteros propiedad de un policía local de Palma sancionado por el Govern por alquilar estas infraviviendas.