El Correllengua Agermanado fue un éxito incontestable, una nueva demostración del aprecio del pueblo de las Baleares por su lengua y cultura, y de la defensa –enérgica, festiva, innegociable– que hace de ella la sociedad mallorquina, especialmente (y esto es más que importante, es decisivo) los jóvenes. La plaza de España de Palma se llenó hasta los topes, como hace dos años la plaza Mayor, con miles de personas que gritaron un ‘Sí a la lengua’ cívico, inclusivo, esperanzado y, sobre todo, masivo.Tan masivo que al día siguiente mismo el portavoz del Govern, Sebastià Sagreras, con su particular oratoria, se esforzaba por intentar no quedar del todo descolgados. Después de felicitar a los organizadores del Correllengua Agermanat (había motivos para hacerlo, más aún después de que las instituciones gobernadas por ellos les hubieran dado la espalda), decía: “El PP de las Baleares es padre y protector de la Ley de normalización lingüística”, afirmaba Sagreras impropiamente, porque la Ley de normalización lingüística se aprobó con un gobierno del PP, sí (hoy no lo harían), pero de ninguna manera puede reclamar una paternidad que fue mucho más amplia, ni una protección que, a lo largo de estos cuarenta años, ha tenido que proveer demasiado a menudo la sociedad civil organizada. Y aún añadía, en Peixet, en referencia a esta misma ley: “Durante toda la legislatura la hemos defendido, sostenido y marcado como línea roja en todas las negociaciones, a pesar de las intenciones de la izquierda de utilizar nuestra lengua para confrontarnos con la ciudadanía”.Esto lo decía Sagreras el lunes. Al día siguiente, martes, en el Parlament, el PP apoyaba una serie de enmiendas de Vox a la ley de proyectos estratégicos, la ley coladero. Las enmiendas aprobadas suprimen el requisito del catalán para maestros y profesores venidos de fuera que ocupen plazas “de difícil cobertura”, sin ninguna obligación ni plazo posterior para acreditar el conocimiento de la lengua. También exoneraron de la asignatura de catalán a los alumnos ‘temporales’, que residan durante un tiempo limitado en las Baleares. Es decir: por enésima vez, un ataque contra la lengua propia de las Baleares (y propia también de los dirigentes del PP, como el mismo Sagreras, o Prohens, o Vera) perpetrado desde el Govern. Un ataque, por cierto, que supone una vulneración grave de la Ley de normalización lingüística, y también del Estatuto. Esto lo hace el PP para complacer las obsesiones y los odios de sus socios de Vox. Entre las medidas también se aprobó que los policías locales puedan llevar pistolas táser, y se legalizó el tiro a la tórtola: las armas, y matar animales, son cosas que también suelen gustar mucho a la derecha.Proclamarse un día padre y protector de la Ley de normalización lingüística, y al día siguiente cargársela sin miramientos en compañía del fascismo y del ultranacionalismo españolista, ya no es solo cinismo: es una extraña disfunción que indica un gobierno extremadamente débil, sin líderes capaces de negociar nada, sin principios y sin dignidad, rendido completamente a la extrema derecha y sin otro rumbo que agotar la legislatura con el proyecto estratégico de dar luz verde a todos los especuladores que se les ocurra caer por aquí. Hay una cosa curiosa del discursito de Sagreras sobre la paternidad y protección del PP hacia la Ley de normalización lingüística, y es que dice que la han defendido “durante toda la legislatura”, y apenas llevan (aún no) tres años. Se conoce que se le hace largo: imagínense a todos los demás.

Hace 40 años, el Parlament balear aprobaba la Ley de normalización lingüística. Cuarenta años después, si bien es bien cierto que no se ha normalizado la situación del catalán como lengua propia y cooficial de las Illes, también lo es que demasiado a menudo la anormalidad se acompaña de diagnósticos apocalípticos. Hay motivos para que la situación preocupe: el catalán pierde presencia en muchos ámbitos y los jóvenes, sobre todo en las relaciones informales, se comunican cada vez más en castellano. Ahora bien, si solo miramos el vaso medio vacío, dejamos de ver una parte de la realidad que es igualmente significativa.

40 años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL), podemos afirmar que la lengua catalana en las Islas Baleares no sufre por falta de leyes, sino por falta de voluntad política. Esta es la idea central que emerge cuando analizamos el recorrido de una herramienta que, en su momento, fue imprescindible. Aquella norma estableció el marco legal necesario para hacer efectiva la oficialidad del catalán y permitió avances innegables en ámbitos como la administración, la educación y los medios de comunicación. Pero, sobre todo, nació de un consenso político unánime que hoy, cuatro décadas después, parece casi un milagro. Un consenso político que fue acompañado de un movimiento cívico, encabezado por la OCB y que reclamaba un marco legal de regulación y protección para la lengua catalana del cual ya disponían otros territorios y otras lenguas del estado español. 

Este mes de abril hará 40 años que se promulgó la Ley de normalización lingüística de las Islas Baleares, hecha a semejanza de las que pocos años antes (1983) se habían aprobado en Cataluña y en Valencia (aquí denominada 'Ley de uso y enseñanza del valenciano'). Parecía un gran paso adelante para favorecer que la lengua propia de estas islas, la catalana, se convirtiera también en la lengua de uso normal en todos los ámbitos de la sociedad, después de más de dos siglos de marginación y de 40 de feroz persecución política. De hecho, la aprobación de la ley creó esta ilusión en todos los sectores sociales que estaban preocupados por esta cuestión, que esperaban que a partir de ese momento la actitud de las instituciones y de la sociedad en general respecto de la lengua cambiara. Teníamos un estatutito de autonomía que permitía realizar una acción decidida y continuada a favor de la lengua, si había voluntad, y teníamos ya la herramienta legal para hacerla. Pasados ​​los 40 años de la ley, sin embargo, la desilusión absoluta ha sustituido la ilusión inicial: la lengua catalana no sólo no se ha normalizado nada, sino que en realidad ha empeorado en la consideración y presencia social, perdiendo proporcionalidad de uso entre la población y siendo causa de conflicto constante, no por sí misma, sino por el desprecio con que es vista por gran parte otros lugares –próximos o lejanos– y por nacidos aquí que no lo tienen como propio. ¿Qué ha pasado para que esa ley tan ilusionante haya sido tan poco efectiva?

El Instituto de Estudios Ibicencos (IEE) ha presentado un recurso de alzada contra el pliego de condiciones de la licitación municipal para renovar la rotulación vial de Eivissa. La entidad reclama que todos los rótulos sean redactados exclusivamente en catalán, tal y como establecen la Ley de normalización lingüística y el Estatuto de Autonomía.

El Instituto de Estudios Ibicencos (IEE) ha expresado su malestar por el "incumplimiento reiterado" de la Ley de normalización lingüística por parte del Consell de Eivissa, especialmente en la rotulación oficial de los topónimos en las líneas del servicio insular de autobús.