El Govern ha iniciado una campaña de inspección de viviendas centrada en combatir la sobreocupación de pisos, las infraviviendas y el uso fraudulento de viviendas protegidas, entre otras infracciones, dentro del Plan de inspección de vivienda 2026-2027. Este plan incluye también una campaña informativa con el fin de ayudar a conocer la normativa vigente y los diferentes tipos de infracciones, las sanciones previstas en cada caso y el canal web de denuncias en el portal del Govern abierto a la ciudadanía para comunicar posibles irregularidades.

Sorprende que, después de derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos, el Gobierno de las Islas Baleares promueva ahora la instalación de lo que ha llamado ‘muros de la dignidad’, unos espacios que deben contener los nombres de las víctimas de los bombardeos durante la Guerra Civil en las Baleares.La idea, en sí misma, no nos parece mal. Memòries de Menorca hace tiempo que defendió la colocación de alguna escultura que recordara los bombardeos y las víctimas. Pero cualquier iniciativa de este tipo debería ir acompañada de una explicación que permitiera contextualizar los hechos —los estudios históricos los tenemos. Porque recordar nombres sin explicar por qué aquellas personas murieron corre el riesgo de convertir la memoria en una simple relación de víctimas desligada de las causas y de las circunstancias históricas.De hecho, la voluntad de recordar a las víctimas de los bombardeos no es nueva. El mismo 1937, en Mahón, se iniciaron los trabajos para instalar un monumento “que recuerde a las generaciones venideras la actuación criminal de la aviación facciosa que, en sus ataques a esta población, ha ocasionado muchas víctimas y destruido edificios’”. El monumento, sin embargo, no se llegó a erigir, entre otros motivos, porque la situación económica fue empeorando.Terminada la guerra en Menorca, el 9 de febrero de 1939, la memoria de los bombardeos fue profundamente alterada. De las víctimas civiles no se quiso hablar, ya que los ataques habían sido efectuados por la aviación italiana que operaba desde Mallorca al servicio de los sublevados. En cambio, sí que se rindió homenaje a los aviadores italianos muertos al caer sobre la isla, los cuales reposan hoy bajo un pequeño monumento situado cerca del obelisco del recinto antiguo del cementerio de Ciudadela. La memoria, también entonces, seleccionaba qué había que recordar y qué convenía olvidar.En el informe Los bombardeos aéreos provenientes de las Islas Baleares y los bombardeos ocasionados en las Islas Baleares. Cuarto Plan de fosas 2023-2024. Gobierno de las Islas Baleares’ que elaboramos el compañero Carlos de Salort y yo mismo —y que ahora está en acceso abierto—, pudimos incorporar documentación inédita que procedía del trabajo que durante los últimos siete años hemos desarrollado en archivos militares y municipales. Esto nos ha permitido sistematizar, especialmente, las operaciones aéreas efectuadas desde Mallorca y las que tuvieron a Menorca como objetivo.No hace falta reproducir aquí todos los datos del informe, pero algunas cifras permiten entender la magnitud del fenómeno. La sistematización de los partes y hojas de vuelo conservados en los diferentes archivos militares nos permitió documentar un total de 1.416 ataques —bombardeos o ametrallamientos— efectuados desde Mallorca, con una intensidad especialmente elevada durante 1938. Hemos localizado cerca de 70 lugares atacados. Barcelona, con 158 ataques, y Valencia, con 154, figuran entre las ciudades más castigadas.Es imposible establecer cifras completamente definitivas en cuanto a las víctimas y los destrozos, pero hablamos de miles de muertos. Solo en Barcelona, las estimaciones se sitúan entre las 2.500 y las 3.000 víctimas mortales; en Valencia superaron las 800. Y, por supuesto, una parte muy importante de estas muertes fue provocada por aviones que habían partido de Mallorca.Es aquí donde la misma iniciativa del Gobierno plantea otra pregunta. Si realmente se quiere recordar a las víctimas de los bombardeos y evitar que su recuerdo quede únicamente en los archivos y en los estudios históricos, ¿por qué limitar la mirada a las personas que murieron dentro de las Islas? ¿Por qué no se ha pensado también en un memorial en Mallorca que recuerde a las miles de personas que murieron bajo las bombas de los aviones que salieron precisamente de la isla? Si queremos explicar la historia de los bombardeos en las Baleares, esta realidad también forma parte de ella.La cronología, además, es importante. Buena parte de las operaciones republicanas sobre Mallorca se concentraron en el contexto de la expedición de Bayo y la batalla de Mallorca, durante los primeros meses de guerra, en el intento de las autoridades republicanas de recuperar una isla que había quedado en manos de los militares sublevados. Es decir, en acciones de guerra contra un golpe de estado.En Menorca sucedió prácticamente lo contrario: a medida que avanzaba el conflicto, los ataques y las operaciones aéreas se intensificaron. Nuestra investigación nos ha permitido, incluso, documentar otra víctima mortal del bombardeo de Ciudadela que no aparece en las cifras de 29 muertos que se han hecho públicas estos días. Resulta curioso que el mismo Gobierno que difunde esta cifra disponga del informe donde esta víctima está documentada.Pero los bombardeos fueron mucho más que una treintena de muertos. En Menorca significaron también la afectación o destrucción de casi 300 edificios y, sobre todo, dejaron una huella profundísima sobre diversas generaciones.Durante estos últimos años hemos entrevistado a personas que eran niños cuando vivieron la guerra y hemos recuperado numerosos testimonios recogidos anteriormente. Una parte considerable de las historias y anécdotas que nos han contado están relacionadas con los bombardeos. Actuaron, en este sentido, como auténticas cápsulas de memoria.Pero lo que fijó estos recuerdos no fue únicamente la destrucción, sino sobre todo el miedo: el sonido de las alarmas, las carreras hacia los sótanos y los refugios, la incertidumbre sobre dónde caerían las bombas. La aviación permitía trasladar la guerra sobre una población civil que hasta entonces había podido sentir el frente como una realidad relativamente lejana. Los bombardeos se convirtieron así en un instrumento de guerra psicológica sobre la retaguardia. Las sirenas del terror marcaron la cotidianidad menorquina, las bombas transformaron el paisaje urbano y segaron una treintena de vidas.Todo esto fue una constante desde septiembre de 1936 hasta el mismo 8 de febrero de 1939, cuando Mahón fue bombardeada pocas horas antes de la rendición de la isla. Reducir esta experiencia histórica a una enumeración de muertos, sin explicar quién bombardeaba, desde dónde, en qué contexto y con qué objetivos, nos parece una manera demasiado pobre de abordar el pasado. El análisis histórico permite distinguir entre causas, contextos y responsabilidades.Hace poco, el profesor David Ginard recordaba unas palabras de Josep Massot i Muntaner, que precisamente había estudiado los bombardeos sobre Mallorca muchos años atrás: “para mí, las víctimas de un bombardeo son muy respetables, tanto si eran de un lado como del otro, pero no creo que haya que tributarles ningún honor especial, sino lamentar los resultados de una guerra fratricida y hacer lo posible […] para que nunca se repita un desastre semejante. No te diría lo mismo de las personas asesinadas en una ‘sacada’, que merecen un recuerdo especial”.La distinción es importante. Si cualquier persona muerta durante una guerra pasa automáticamente a formar parte de una misma categoría de ‘víctimas’ desprovista de contexto, ¿dónde situamos el límite? ¿Incorporamos a los muertos en el frente? ¿A los muertos en accidentes? ¿Y a las víctimas de las epidemias y del hambre? El problema no es recordarlas. El problema es confundir el recuerdo y el duelo con una política pública de memoria que necesariamente debería explicar las causas, las responsabilidades y los diferentes tipos de violencia.El peligro de un uso abusivo de la memoria, como advirtió Tzvetan Todorov, es precisamente acabar banalizándola. Porque todas las muertes son terribles, haríamos bien en no simplificarlas ni ponerlas todas dentro del mismo saco. Es en las diferencias, en los contextos y en los matices donde encontramos las explicaciones que nos permiten comprender verdaderamente la magnitud de la tragedia.Por eso resulta difícil no ver una contradicción en la política del gobierno balear. Se deroga una ley de memoria democrática y, al mismo tiempo, se promueve una memoria de las víctimas de los bombardeos presentada prácticamente sin conflicto político, sin victimarios y sin casi ninguna explicación sobre las causas de la guerra. Es una memoria cómoda, porque puede quedar vacía de contenido político e histórico.En cambio, en Menorca, el mismo interés institucional no se ha manifestado hacia el Muro de la Memoria que se instalará en el cementerio de Mahón. Si de lo que se trata es de dignidad, había una oportunidad bien evidente: dignificar el espacio del cementerio de Mahón donde restan más de un centenar de republicanos fusilados, durante décadas recordados únicamente por una placa que el tiempo casi ha borrado.Recordar a las víctimas de los bombardeos es necesario. Nosotros mismos lo hemos defendido. Pero recordarlas bien significa explicar también qué les pasó, por qué les pasó y en qué guerra les pasó. Sin contexto, la memoria corre el riesgo de convertirse en una sucesión de nombres sobre una pared, desligados de los procesos históricos que los convirtieron en víctimas. La dignidad no debería consistir solo en recordar sus nombres, sino también en explicar su historia.

El consejero del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha confirmado que se han abierto diligencias previas y que han solicitado al Ayuntamiento de Sant Antoni información sobre la fiesta de ambientación egipcia con un lago artificial realizada en la Pedrera a mediados de agosto.

El Ayuntamiento de Inca ha iniciado acciones legales contra los acuerdos tomados este jueves por el Patronato de la Fundación Teatro Principal de Inca. En una sesión extraordinaria, los representantes del Gobierno de las Islas Baleares y del Consejo de Mallorca, junto con los votos del Partido Popular de Inca, aprobaron las nuevas bases para la selección de la dirección-gerencia del teatro Principal, a pesar de disponer de informes desfavorables por parte de los servicios jurídicos y del secretario de la misma Fundación.

Hablar de movilidad sostenible en Mallorca es hablar de seguridad, de servicios públicos y de calidad de vida. Es hablar de tener alternativas reales al vehículo privado para ir a trabajar, estudiar, ir al médico o simplemente desplazarse entre pueblos. Pero, hoy, para muchos municipios de la Part Forana, esta alternativa es cada vez más difícil.El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears han hecho de la movilidad sostenible una cuestión secundaria. Los anuncios se acumulan, pero las actuaciones no llegan al mismo ritmo. Y cuando no hay inversiones o servicios suficientes, los primeros perjudicados son los municipios pequeños y sus vecinos y vecinas.En Santa Eugenia tenemos un ejemplo muy claro con las dos vías cívicas que han de conectar el municipio con su entorno. Se anunció que estas actuaciones estarían acabadas antes de finalizar el 2025. Estamos en 2026 y no solo no están ejecutadas, sino que aún no disponemos ni siquiera del proyecto definitivo. Cuando una infraestructura considerada prioritaria no pasa del anuncio, es legítimo preguntar qué ha pasado y, sobre todo, cuándo se piensa cumplir el compromiso.Otro ejemplo lo encontramos en la Pujada a Lluc a pie de la Part Forana. Una actividad que cada año moviliza a cientos de personas y que tiene un importante componente deportivo, social y de cohesión entre los municipios. Inicialmente, el Consell insular había asumido el coste de las camisetas de los participantes. Ahora, sin embargo, este gasto recae sobre los ayuntamientos, que también deben hacer frente al coste de los autocares y a buena parte de la organización.No podemos obviar qué significa esto para un ayuntamiento pequeño. Cada euro que se destina a cubrir un gasto que antes asumía otra administración es un euro que no se puede dedicar a otras necesidades del municipio. Y esta falta de apoyo a los pueblos también se hace evidente en el transporte público. La conexión regular con Santa María ha desaparecido y el servicio disponible continúa presentando carencias importantes. Las frecuencias hacia Palma son insuficientes para las necesidades de muchos usuarios, y la capacidad de los vehículos tampoco se adapta a la demanda. Además, las incidencias de los mismos autobuses son frecuentes y acaban afectando directamente a los usuarios, que se encuentran con un servicio poco fiable y sin alternativas cuando se producen estas situaciones.Mallorca necesita una política de movilidad que tenga en cuenta la realidad de todos los municipios y no concentre los esfuerzos únicamente en determinadas zonas de la isla. La movilidad no puede quedar relegada a los principales núcleos urbanos o a las zonas turísticas. También debe llegar a los pueblos de la Part Forana, con transporte público de calidad, conexiones adecuadas e infraestructuras seguras para los viandantes y las bicicletas.Si queremos reducir el número de coches en las carreteras, primero debemos garantizar que la ciudadanía disponga de alternativas que sean útiles, frecuentes y fiables. No podemos pedir a la gente que deje el coche en casa si después el transporte público no le permite llegar al trabajo, a los estudios o a los servicios con garantías.Las consecuencias de no actuar son evidentes: más vehículos en las carreteras, más atascos, más contaminación y más dificultades para que la ciudadanía pueda escoger formas de desplazamiento más sostenibles. Hablar de cambio climático y, al mismo tiempo, no reforzar el transporte público ni avanzar en las infraestructuras necesarias es una contradicción difícil de justificar.La movilidad también es una cuestión de igualdad territorial. Vivir en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades para llegar al trabajo, estudiar, ir al médico o participar de la vida social. Los municipios de la Part Forana necesitan que sus necesidades sean escuchadas y que las inversiones y los servicios lleguen con la misma determinación que a otras zonas de la isla.Por eso, hace falta más transporte público, más frecuencias, mejores conexiones entre municipios e infraestructuras seguras para los peatones y las bicicletas. Y, sobre todo, hace falta que los compromisos anunciados por las instituciones se traduzcan en proyectos, obras y servicios.Los pueblos de Mallorca no piden un trato de favor. Piden que se cumplan los compromisos adquiridos, que se deje de gobernar a base de anuncios y que las instituciones apuesten de manera decidida por una movilidad moderna, eficiente y sostenible.Es hora de pasar de los anuncios a los hechos. Dejar de considerar la movilidad de los pueblos como una cuestión secundaria y empezar a entenderla como lo que es: un servicio esencial y una pieza fundamental para construir una Mallorca más cohesionada, más segura y más sostenible.Porque la movilidad no se puede abandonar. Y los pueblos, tampoco.

El Gobierno de las Baleares ha considerado "insuficiente" la ayuda de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta y ha reiterado que las Islas "no pueden" acoger menores procedentes de un reparto. Así lo ha subrayado la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en declaraciones a los medios tras finalizar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que ha asistido telemáticamente. La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en el orden del día, la ayuda a Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes.

El Gobierno ha anunciado este martes que quiere instalar muros de la dignidad en los municipios del Archipiélago donde hubo víctimas de los bombardeos durante la Guerra Civil. Dentro de este marco, ha hecho llegar oficios a los ayuntamientos de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa con la información necesaria para empezar a trabajar conjuntamente en la instalación de este elemento conmemorativo.

La presidencia y los titulares de las consejerías solo son una parte de un Gobierno. Debajo de estas primeras espadas hay un segundo y tercer nivel de altos cargos que son piezas clave en el funcionamiento de la Administración. Se trata de secretarios y directores generales, gerentes y asesores que se conocen con el italianismo de sottogoverno. Esta legislatura ha habido una rotación elevada entre estos cargos de confianza. En tres años, se han hecho 142 cambios de silla: el 68,27% de los altos cargos han cambiado de titularidad o de funciones. Fuentes del Ejecutivo admiten que la volatilidad puede tener consecuencias para la estabilidad del funcionamiento institucional.

El Gobierno presentó el 7 de marzo de 2025 su paquete de medidas para contener la saturación turística. Entre las iniciativas anunciadas se encontraba el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante la temporada alta y la creación de un impuesto sobre los vehículos de alquiler. Unos meses antes, en el debate de política general, la presidenta Marga Prohens también había anunciado un incremento del canon del agua para los grandes consumidores. Ninguna de estas iniciativas se ha materializado. La limitación de la entrada de vehículos a Mallorca, una de las apuestas del presidente del Consell, Llorenç Galmés, continúa pendiente de la tramitación parlamentaria.

El Govern ha pedido este viernes a los promotores del manual difundido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida que rectifiquen para evitar que se produzca cualquier incidente relacionado con las acciones de sabotaje que plantea el documento contra negocios vinculados al turismo. Hoy por hoy, no ve motivos para denunciar este manifiesto ante la justicia, porque no se ha registrado ningún incidente.

Un total de 268 ejemplares de ferreret han sido liberados en dos puntos de la sierra de Tramuntana con el objetivo de reforzar la conservación de la especie en las Baleares. Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, una de las actuaciones se ha desarrollado en una finca pública, donde se ha habilitado un espacio con las condiciones adecuadas para favorecer la reproducción y el establecimiento de la especie.

Las entidades Sineu en Bici i a Peu, Vianants Mallorca, la Associació d'Usuaris del Tren (AUT) y Terraferida han valorado la nueva ley de regulación de la afluencia de vehículos aprobada por el Consell de Mallorca, pero consideran que la norma, por sí sola, no servirá para descongestionar la isla. En un comunicado conjunto, reclaman que el Consell y el Govern dejen de anunciar estudios y grandes infraestructuras futuras e impulsen mejoras inmediatas en el transporte público.

Más de un lector nos ha hecho llegar comentarios sobre la imagen donde se ve a la presidenta del Govern y el de la OCB hablando amistosamente en el acto de la cantada popular de La Balanguera. Al sanedrín comunicativo de la jefa del Ejecutivo le faltó tiempo para poner en redes sociales la imagen donde incluso Prohens pasa la mano por el hombro de Antoni Llabrés, cuando hay que recordar que la presidenta no ha dejado de erosionar las exigencias del catalán y ha obligado a la OCB a ir incluso a los tribunales.

La inversión pública en cultura no solo es legítima, es necesaria. Ningún país ni ninguna sociedad con una mínima ambición colectiva puede dejar la cultura exclusivamente en manos del mercado. El apoyo institucional a proyectos culturales sirve para garantizar pluralidad, acceso, cohesión social y proyección exterior. Pero precisamente porque los recursos públicos son limitados y provienen de toda la ciudadanía, la inversión debe responder a criterios de proporcionalidad, transparencia e interés general. Es aquí donde el caso del Mallorca Live dispara las alarmas.

El Gobierno ha vuelto a cargar contra Aena por la campaña publicitaria situada en el aeropuerto de Palma, que considera que incentiva el turismo de excesos. El Ejecutivo ha aprovechado para reivindicar la ley de cogestión aeroportuaria –pendiente de aprobación en el Congreso– como herramienta para tener más capacidad de decisión en situaciones como esta.

Entidades de migrantes de las Baleares han expresado este sábado su "profunda indignación" ante la decisión del Gobierno de Marga Prohens de recurrir ante el Tribunal Supremo contra el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el gobierno español y de pedir su suspensión cautelar. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Plataforma de la inmigración en las Baleares, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FADI), la Asociación de ecuatorianos de Ibiza y Formentera y la Asociación de senegaleses de las Baleares.

Una llamada telefónica anunció el 7 de enero de 2001 a Marta Balcells que su padre había muerto. No le dijeron la causa. Tenía 55 años y problemas de corazón. Ella infirió que había sufrido un infarto fulminante. Voló de Palma a Barcelona. Al llegar a la casa familiar, notó un ambiente muy extraño. “La gente me miraba de una manera rara. Pensé que podía ser por el impacto de la muerte, pero no me cuadraba”, rememora. Una prima la apartó y le contó que su padre se había suicidado. “Recuerdo estos días como algo brutal, muy impactante. La situación era caótica porque no podíamos ver el cuerpo ni organizar el entierro, porque dependíamos de las diligencias forenses. Era muy doloroso pensar en lo que había hecho, pero también necesitas entenderlo”.

Las reservas hídricas de las Islas Baleares se han situado en el 50% durante el mes de abril, cifra que supone un descenso de cuatro puntos respecto al mes de marzo, cuando se encontraban en el 54%. A pesar de esta bajada, la situación general de la Demarcación Hidrográfica (0,514) se mantiene en valores superiores a los registrados tanto hace un año (0,475) como hace dos (0,455).