Más de un lector nos ha hecho llegar comentarios sobre la imagen donde se ve a la presidenta del Govern y el de la OCB hablando amistosamente en el acto de la cantada popular de La Balanguera. Al sanedrín comunicativo de la jefa del Ejecutivo le faltó tiempo para poner en redes sociales la imagen donde incluso Prohens pasa la mano por el hombro de Antoni Llabrés, cuando hay que recordar que la presidenta no ha dejado de erosionar las exigencias del catalán y ha obligado a la OCB a ir incluso a los tribunales.

La inversión pública en cultura no solo es legítima, es necesaria. Ningún país ni ninguna sociedad con una mínima ambición colectiva puede dejar la cultura exclusivamente en manos del mercado. El apoyo institucional a proyectos culturales sirve para garantizar pluralidad, acceso, cohesión social y proyección exterior. Pero precisamente porque los recursos públicos son limitados y provienen de toda la ciudadanía, la inversión debe responder a criterios de proporcionalidad, transparencia e interés general. Es aquí donde el caso del Mallorca Live dispara las alarmas.

El Gobierno ha vuelto a cargar contra Aena por la campaña publicitaria situada en el aeropuerto de Palma, que considera que incentiva el turismo de excesos. El Ejecutivo ha aprovechado para reivindicar la ley de cogestión aeroportuaria –pendiente de aprobación en el Congreso– como herramienta para tener más capacidad de decisión en situaciones como esta.

Entidades de migrantes de las Baleares han expresado este sábado su "profunda indignación" ante la decisión del Gobierno de Marga Prohens de recurrir ante el Tribunal Supremo contra el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el gobierno español y de pedir su suspensión cautelar. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Plataforma de la inmigración en las Baleares, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FADI), la Asociación de ecuatorianos de Ibiza y Formentera y la Asociación de senegaleses de las Baleares.

Una llamada telefónica anunció el 7 de enero de 2001 a Marta Balcells que su padre había muerto. No le dijeron la causa. Tenía 55 años y problemas de corazón. Ella infirió que había sufrido un infarto fulminante. Voló de Palma a Barcelona. Al llegar a la casa familiar, notó un ambiente muy extraño. “La gente me miraba de una manera rara. Pensé que podía ser por el impacto de la muerte, pero no me cuadraba”, rememora. Una prima la apartó y le contó que su padre se había suicidado. “Recuerdo estos días como algo brutal, muy impactante. La situación era caótica porque no podíamos ver el cuerpo ni organizar el entierro, porque dependíamos de las diligencias forenses. Era muy doloroso pensar en lo que había hecho, pero también necesitas entenderlo”.

Las reservas hídricas de las Islas Baleares se han situado en el 50% durante el mes de abril, cifra que supone un descenso de cuatro puntos respecto al mes de marzo, cuando se encontraban en el 54%. A pesar de esta bajada, la situación general de la Demarcación Hidrográfica (0,514) se mantiene en valores superiores a los registrados tanto hace un año (0,475) como hace dos (0,455).

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y una subida salarial del 1,5%.

El pacto del PP y Vox en Baleares estaba recién estrenado cuando Marga Prohens dio una orden que, con el tiempo, se ha convertido en un punto de referencia interno de su mandato. Era el 17 de octubre de 2023, y el Parlament debatía una Proposición No de Ley (PNL) de Vox sin efectos jurídicos sobre el catalán en la escuela. A pesar de su carácter simbólico, el texto concretaba un punto del acuerdo entre los dos partidos que el PP había dejado deliberadamente abierto: cómo se debía aplicar la libre elección de lengua. Cuando Prohens optó por la abstención, la iniciativa cayó y se abrió una primera crisis con sus socios. El choque se tradujo, poco después, en el rechazo de Vox al primer techo de gasto del Gobierno entrante. “Perdimos una ley fundamental por una PNL”, recuerda con ironía una fuente popular. Ahora que el PP vuelve a cebar la maquinaria electoral, fuentes del partido recuerdan este episodio como uno de los que mejor explican los tres primeros años de la legislatura.

Regularización, migración, la gente de aquí, efecto llamada, padrón, residencia, derechos, colapso, trabas, boicot... Estas palabras –y algunas más– monopolizan el debate político desde hace semanas, en un bucle que ya no disimula hacia dónde gira y que nos arrastra hacia zonas ideológicas cada vez más oscuras. Mientras tanto, se va consolidando una idea tan simple como incómoda: el color de la piel, el lugar de nacimiento y la religión que se practique determinan los derechos de una persona en las Islas Baleares. ¿Cuál es la excusa? Que para ser un ciudadano de pleno derecho hay que acumular años de residencia.

El Gobierno balear ha iniciado las actuaciones de excavación, exhumación e identificación de restos humanos en dos fosas situadas en el cementerio de Son Servera (Mallorca), una ubicada en un parterre y otra en el área de los nichos, en el marco del V Plan de fosas de las Illes Balears 2025-2026. El objetivo de la intervención es localizar las fosas, recuperar los restos de las personas enterradas y avanzar en su identificación.

El Gobierno de las Islas Baleares ha iniciado las sesiones con el exoesqueleto pediátrico, que tienen lugar en el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP). Por ahora, se ha llevado a cabo con seis niños de 4, 5, 8 y 11 años, a los cuales se han sumado tres más, de 7 y 9 años, esta semana y se añadirán otros que se están valorando actualmente. Cada niño hará, inicialmente, 24 sesiones de una hora con una frecuencia de dos semanales.

La rehabilitación integral del edificio histórico de Cecilio Metelo, en el que se ubicarán departamentos de la Conselleria de Salud, ha comenzado este miércoles. La reforma de este edificio emblemático construido en los años 30 del siglo XX, antigua sede del Instituto Provincial de Higiene, afecta a un conjunto histórico formado por el inmueble y la zona arbolada, catalogados con grado de protección (bien de interés local) por el Ayuntamiento de Palma. El edificio tiene 2.773,91 m² sobre una parcela de 3.220 m² y conserva un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, cuya restauración está prevista en el proyecto.

El Gobierno ha presentado este lunes la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones, IB Digital, el organismo autónomo que liderará la transformación digital de la Administración autonómica y situará las Baleares a "la vanguardia tecnológica". La presidenta del ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha presidido el acto de presentación, en el que ha subrayado que la creación de IB Digital supone "un paso decisivo para construir una administración del siglo XXI, más ágil, más eficiente y centrada en las personas". "Es la revolución tecnológica más grande en la Administración autonómica de los últimos 25 años", ha remarcado.

El Gobierno mantiene el pulso con el Estado por el reparto de menores migrantes y ya advierte que volverá a los tribunales si el gobierno español aprueba un nuevo decreto para prorrogar el sistema actual. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, después del Consejo de Gobierno, en una comparecencia marcada por la firmeza del discurso.

En las Illes Balears el espacio costero no solo constituye un patrimonio ambiental de primer orden, sino que también es un pilar estructural de la economía y la identidad del Archipiélago. Los ecosistemas costeros —playas, dunas, salinas, albuferas, acantilados y praderas de posidonia— funcionan como hábitats interconectados e inseparables, parte de un todo armónico. Su preservación es clave para la buena salud de la biodiversidad marina y terrestre y, además, representan un factor de excelencia en el modelo turístico.Desde este punto de vista, la tendencia a privatizar o regular en favor de intereses comerciales, como es el caso de la nueva ley de costas que pretende el Gobierno de las Baleares, representa una amenaza directa para estos valores estratégicos. Continuar apostando por un litoral como espacio de explotación privada implica desplazar el interés público y degradar el recurso más valioso que sostiene la economía balear: su entorno natural. La costa no se ha de entender como un bien comercializable, sino como un activo común, vital y orgánico para los ciudadanos y también para los visitantes. En este orden, de manera descarada, no al revés. Las Baleares son un país y, circunstancialmente, un destino turístico, no podemos dejar de tenerlo en cuenta.El Gobierno, con la nueva norma, pretende salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, restaurantes y chiringuitos, que incumplen la ley estatal de costas, se pretenden incluir en el registro de construcciones que la normativa autonómica considera de “interés cultural”. Un extremo justificable, excepcionalmente, solo en casos de un valor patrimonial y etnográfico irrefutable, siempre para hacer un uso público y comunitario.Al favorecer concesiones y usos lucrativos en dominio público marítimo-terrestre, se debilita la cohesión territorial y se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Preservar el litoral no es un obstáculo económico, sino una condición esencial para mantener el tejido productivo y social de las Islas. Ahora mismo, salvaguardar estos sistemas se hace imprescindible para frenar la erosión, apaciguar la acción de las tormentas y, en definitiva, ayudar globalmente a mitigar los efectos del cambio climático. En un mar tan amenazado y estresado como el Balear, reforzar las figuras de protección litoral y de reservas marinas es una condición necesaria para frenar la pérdida de biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico a largo plazo.Por otra parte, la nueva ley de costas de las Baleares constituye un evidente acto de deslealtad institucional, por el hecho de anteponer intereses sectoriales y privados a los principios de protección ambiental y uso común del ámbito público. El objeto de la transferencia de competencias del Estado a la comunidad que se llevó a cabo en su día era impulsar políticas medioambientales homogéneas (la comunidad es competente en materia de medio ambiente), buscar eficacia a través de la proximidad con el territorio y dar un impulso a la preservación. La defensa de los quioscos (y otras edificaciones) situados en dominio público marítimo-terrestre no solo vulnera la filosofía constitucional originaria, en la que debería fundamentarse la ley, sino que también abre la puerta a una privatización encubierta del espacio costero.Hacer clientelismo

Todo esto, desde una óptica institucional, conduce a pensar que del actual Gobierno de las Illes Balears no se puede fiar. Su comportamiento no es nada ejemplar: a través de una argucia inventada como es la figura de “identidad local”, el Gobierno aprovecha la transferencia de nuevas competencias para consolidar actividades no legales y hacer clientelismo. Esta deriva perversa corroe la confianza y la colaboración entre administraciones, debilita la autoridad soberana de nuestro país y pone en riesgo el equilibrio jurídico entre el interés general y los privilegios particulares. En un Archipiélago especialmente vulnerable al cambio climático y a la presión turística, promover excepciones que perpetúen la ocupación del litoral es un error grave que compromete la credibilidad como sociedad adulta y moderna.Dejadme explorar la vía poética ante la terquedad de los eternamente tercos. Sé que ni los ablandaré, ni los haré cambiar; sin embargo, creo en la lírica como gota capaz de perforar la arcilla. Me agrada la belleza de las palabras de Sylvain Tesson, en La vida simple, cuando canta la necesidad vital que siente de cambiar su relación con la naturaleza: “Quiero echar raíces, volverme parte de la tierra después de haber sido parte del viento”. Dejar de erosionar, abandonar la costumbre de pasar volando por los lugares, a ritmo de mensajes digitales sin música, y mearse en las máquinas tragaperras del capital, quizás esto nos ayudará a ser un poco más libres y más ricos. Tan libres para observar el voto a futuras elecciones, desde una perspectiva más respetuosa con la soberanía del país, el bienestar colectivo, y no con la cabeza gacha ante el mercado.Posiblemente, el Gobierno juega con la imagen idílica de espigones donde se guardaban barcas, que forman parte de un paisaje singular, y de atractivos muelles, que han adquirido un uso público porque los antiguos concesionarios han dejado de pagar. Pero, esta no es la cuestión, el catálogo de impactos es mucho más amplio; mucho cemento y actividades no permitidas en concesiones caducadas. No se puede esperar mucho más. El Ejecutivo hace tiempo que se alineó con los radicales que trafican con los sueños de la gente para alimentar la avaricia de los mercaderes. Se pueden combatir.

]]>

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, el delegado de Educación del Ayuntamiento, Ferran Montero, y la técnica municipal de Educación, se han reunido este lunes por la tarde con el consejero de Educación, Antoni Vera, para pedir explicaciones sobre la implantación de la zona única escolar en el municipio.

]]>

Los cursos de catalán inicial dirigidos a personas recién llegadas que organiza el Instituto de Estudios Baleáricos (IEB) han superado la afluencia prevista con 98 personas inscritas y 50 en la lista de espera.

]]>

La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, ha acusado al Grupo Damm de engañar a la Administración ya los ganaderos con el cierre de la fábrica de Agama en Palma, referente de la industria lechera de Mallorca. Además, durante el pleno del Parlamento de las Islas Baleares ha informado que el Govern revocará la declaración de interés autonómico que había solicitado la multinacional y le exigirá la devolución deuna subvención de más de un millón de euros. "Estaremos junto al sector y apoyando sus iniciativas para garantizar la continuidad de la industria lechera", ha subrayado la presidenta.

]]>

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha intensificado este año la revisión de productos de Carnaval en establecimientos de las Islas, con el objetivo de asegurar que los artículos dirigidos a las familias cumplen las normas de seguridad y contienen la información necesaria para su adecuado uso. Fruto de este trabajo, los equipos de inspección han ordenado la retirada del mercado de 559 productos, entre ellos complementos, maquillaje, disfraces y pelucas. En concreto, se retiraron 284 complementos, 140 unidades de maquillaje, 73 disfraces, 20 pelucas y 42 artículos diversos, una vez se confirmó que no cumplían los requisitos exigidos para la comercialización.

]]>

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha expresado este viernes su deseo de que la próxima temporada haya "crecimiento cero" en el número de turistas, especialmente en las pernoctaciones, aunque en el total del año pueda seguir creciendo el número de visitantes.

]]>