Los agricultores y ganaderos que producen residuos deben estar dados de alta en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Islas para poder tratarlos. El alta en el registro otorga un Número de Identificación Ambiental (NIMA) y tiene un coste de 51 euros. Sin este número, la empresa adjudicataria del contrato de recogida de plásticos no puede recoger el estiércol y tampoco se pueden entregar a TIRME. Esta obligación, que impone la ley de residuos estatal aprobada en el 2022, supone "más burocracia para los campesinos, con una trampa gigante", lamenta el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià.

La Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) reafirmó su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur rubricado este viernes y alertaron de la "clara competencia desleal" que generará.

Biel Barceló tiene una granja de casi 300 cerdos y 100 cerdas en la carretera de Vilafranca a Porreres. Siembra él mismo el cereal que da a los animales y, para ello, esparce las heces que producen porque, según asegura, "reactiva la tierra y es mucho mejor que el abono". Aunque procura echarlo y taparlo lo antes posible "para evitar problemas" con los vecinos (entre una cosa y otra pasa una hora aproximadamente), es consciente del olor que hacen. "Por muy bien que el escampis, toda la mierda huele", admite mientras está al lado de un caramull de estiércol a punto de extender.

La Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) denunció la "preocupante" situación que vive la isla ante la entrada y expansión de nuevas plagas y especies invasoras, muchas de las cuales ponen en riesgo la actividad agraria, la biodiversidad y equilibrio de los agroecosistemas.