La plataforma Airbnb ha sacado de su página web el anuncio del piso turístico que alquiló el PSIB para evidenciar la existencia de la oferta ilegal en Palma. El departamento de Turismo del Consell de Mallorca habría solicitado en la web que retirara este anuncio, tras la rueda de prensa ofrecida este lunes en el inmueble por el secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela.

Vox es ahora mismo la preocupación del PP respecto de que se pueda llevar a cabo la recalificación del suelo rústico para hacer pisos en Palma. Una serie de factores han desatado la tensión desde hace semanas, principalmente por la postura clara y contraria del portavoz del partido de extrema derecha en Palma, Fulgencio Coll, quien manifestó rotundamente que no se puede urbanizar el suelo rústico si antes no se ha consumido el suelo urbanizable y urbano. Vox Palma hizo una nota de prensa específica en la que expresó que estudiaba "votar en contra de cualquier proyecto de construcción en suelo rústico si antes no se ha agotado el suelo urbano consolidado".

El tsunami del caso Cerdán ha puesto al PSOE contra las cuerdas hasta el punto de que el presidente Pedro Sánchez se ha visto forzado a realizar cambios en la dirección. En este escenario, la presidenta del Congreso y líder absoluta del PSIB, Francina Armengol, también ha salido afectada. Aunque no es investigada, fue señalada por el empresario comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Pese a que fuentes de su equipo remarcan que no hay nada en firme contra ella y denuncian una campaña de desprestigio del PP, voces socialistas admiten que la situación ha afectado y "afectará" al PSIB, una federación absolutamente dependiente de Armengol. El Gobierno de Marga Prohens no ha dudado en escarbar la herida y en las últimas sesiones de control en el Parlament ha utilizado el caso para desactivar la oposición parlamentaria del PSIB.

La Radiotelevisión Pública de las Islas Baleares (IB3) denunció el veto del PSOE a su corresponsal en Madrid por cubrir el comité federal del partido y advirtió de que no aceptará "injerencias políticas". En un comunicado, el ente público ha asegurado que "pese a haber tramitado la acreditación dentro del plazo y en la forma oportuna, la formación política ha negado el acceso y el derecho a informar al equipo de IB3".