<![CDATA[Ara Balears en Castellano - Tribuna Abierta]]> 10 <![CDATA[Participar también es abrir nuevas formas de participación]]> Hay palabras que, de tanto repetirlas, corren el riesgo de perder la capacidad de interpelarnos. Participación es una de ellas.

]]> <![CDATA[Hablemos claro, el Día mundial de la salud mental]]>

Desde hace una serie de años, la psicología es reconocida socialmente como una profesión sanitaria más, además de un recurso para el cuidado y mejora de la salud mental de las personas, las familias, las organizaciones y también a escala comunitaria. En esta línea, que la política se haga eco de la importancia de la salud mental, y que de manera unitaria firmaran en el año 2023 el Pacto balear por el bienestar emocional y la salud mental, es todo un éxito. Igual que la creación en esta legislatura de la Dirección General de Salud Mental.

]]> <![CDATA[¿Qué Palma queremos?]]> Aunque el calendario se obstine en decir que el año empieza en enero, todas sabemos que la verdadera página en blanco se ha abierto en septiembre, con el inicio de curso. Nervios, ilusión y ganas de hacer muchas cosas.

]]> <![CDATA[El peor verano de nuestras vidas]]> Verano de 2026. Cualquier atardecer de nuestras vidas. Cualquier mañana, cualquier mediodía. Un denominador: calor. La temperatura europea, sea de día o de noche, ya podemos decir que este verano ha sido de una media de 22,5 grados. De media. Desde la mitad de los años noventa, en Europa la temperatura aumenta unos 0,56 grados. El ritmo más rápido de todos los continentes. Y nuestro Mediterráneo, este verano, a más de 29 grados. Una bomba de relojería en forma de potenciales tormentas.

]]> <![CDATA[El negocio redondo de los residuos ibicencos]]> Los actuales responsables políticos nos vendieron que importar residuos de Ibiza era un negocio redondo: la tasa de residuos bajaría un 10%, todos ganaríamos y Tirme lo gestionaría sin ninguna molestia para los miles de vecinos y vecinas que sufren su proximidad en Son Reus y en las instalaciones que gestiona Tirme. Nos dijeron que no debíamos preocuparnos: que no interferirían en el tráfico, que no incrementarían el ruido ni provocarían largos períodos de malos olores. Pero, un año después, la realidad es todo lo contrario.

]]> <![CDATA[Canto de alabanza a los donados de Mallorca]]> Es justo y necesario alabar la figura de los donados de santuarios e iglesias, sean edificaciones pequeñas o grandes, medievales o modernas. Estas personas entregadas al servicio de las parroquias de Mallorca, y que con su trabajo silencioso y constante han protegido el patrimonio de todos, manteniéndolo abierto y cuidado cada día para poderlo contemplar y disfrutar los mallorquines y los visitantes del mundo.Aunque el Obispado de Mallorca quiere dejar patente que él es el único propietario del patrimonio eclesiástico, estaría bien que recordase que el patrimonio que tiene inmatriculado a su nombre ha sido construido y financiado siglos atrás, e incluso ahora, por el pueblo de Mallorca al cual, por tanto, en justicia, también le corresponde compartir la propiedad.

]]> <![CDATA[Torres y atalayas: ahora más que nunca]]> ¿En qué momento renunciamos a tener en cuenta la humanidad? ¿Cuándo dejamos de empatizar con el sufrimiento de los demás? ¿Cuál fue la última vez que nuestra sensibilidad se vio alterada por una tragedia humanitaria? Este verano hemos visto impasibles cómo más de ciento cuarenta seres humanos se dejaban la vida en la frontera de Ceuta mientras nosotros nos tomábamos una cerveza fresca y mirábamos la puesta de sol. Hemos asistido, una vez más y con la misma impasibilidad, a la muerte o la desaparición de más de mil seiscientos seres humanos en medio del Mediterráneo, mientras intentaban encontrar un futuro en nuestras costas.

]]> <![CDATA[La tormenta perfecta sobre las Baleares: El doble expolio que nos aboca al autoodio]]> Vivir en las Islas Baleares se ha convertido, para la mayoría de sus ciudadanos históricos, en un ejercicio de resistencia casi imposible. Bajo una capa de cielo azul y postales idílicas para turistas, late una realidad dramática: el Archipiélago sufre una pinza económica y social diseñada desde fuera que nos vacía por dentro. Por un lado, un estado español que nos mantiene atados de pies y manos (con el ‘tú más que yo’ de la corrupción generalizada); por el otro, una Unión Europea que nos utiliza como el patio de recreo y residencia de lujo de sus élites (a cambio de fondos europeos dirigidos a puntos estratégicos nacionales y europeos).El resultado de esta fórmula es el empobrecimiento sistemático de la población local. La doble trampa: salarios de la España vaciada, precios de la Europa acomodada.El expolio balear no se explica sin entender una paradoja sangrante. El Estado español mantiene en las Islas una estructura salarial que no se diferencia de la de la llamada ‘España vaciada’. Se pretende que un docente, un policía o un administrativo viva en Palma y en Ibiza con el mismo sueldo que tendría en Teruel o en Zamora.Esta falta de compensación real por la insularidad ha provocado un colapso administrativo y social: los funcionarios del Estado ya no quieren venir a las Baleares, porque venir significa, directamente, perder poder adquisitivo y rozar el umbral de la precariedad.Mientras Madrid nos mantiene atados a la pobreza salarial, Europa pisa el acelerador del coste de vida. La avalancha legal de nuevos residentes adinerados —procedentes del norte de Europa y de medio mundo— ha disparado los precios de la vivienda y de los servicios básicos hasta niveles prohibitivos. Nos encontramos atrapados en una ratonera invisibilizada: ganamos como en la España del interior, pero pagamos como en la Baviera más opulenta.Ante este escenario de asfixia, muchas familias baleares se han visto abocadas a una triste realidad para sobrevivir y emigrar de nuevo, o bien mantener un mínimo nivel de vida: desprenderse del patrimonio familiar. Vender la casa de los abuelos, el terreno de toda la vida y el pequeño negocio local han pasado de ser una opción a ser una cuestión de estricta necesidad.Es aquí donde se activa el mecanismo más perverso de la maquinaria colonizadora. En lugar de señalar las causas estructurales, el relato oficial nos señala a nosotros."Sois unos fenicios que venderíais a vuestra propia madre", nos espetan con condescendencia del foráneo no integrado.Se trata de una de las maniobras de manipulación psicológica más antiguas de la historia: culpabilizar a la víctima de su propia explotación. Se ha conseguido el milagro de instalar el autoodio en el corazón de los baleares, haciéndonos creer que somos los únicos responsables de este expolio consentido.Pero si hay un elemento que roza el masoquismo colectivo es el comportamiento político en las Islas. Como sociedad, no solo hemos comprado el relato de la culpabilidad, sino que continuamos premiando en las urnas a los partidos que perpetúan esta situación.Las fuerzas políticas de obediencia estatal —especialmente alimentadas por el voto de los recién llegados peninsulares que a menudo miran con recelo la identidad local— continúan copando el poder. El PP, Vox y el PSIB-PSOE y Podemos actúan sistemáticamente como sucursales de Madrid.Incluso aquellos que se presentaban como los "salvadores de la gente", como Podemos, han acabado dando la espalda al pueblo balear. La última muestra de esta traición ha sido el rechazo de la formación (que se ha sumado a otros bloques estatales derechistas) a la proposición de ley de MÉS para establecer un salario mínimo interprofesional propio para las Baleares que se adecúe al coste real de la vida aquí.Mientras el tejido social balear se deshace, el Parlamento de las Islas prefiere mirar hacia otro lado y obedecer los dictados de los despachos de Madrid. ¿Hasta cuándo pediremos perdón por tener que vender para sobrevivir? ¿Hasta cuándo alimentaremos con nuestros votos a los mismos partidos que nos condenan a ser ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra?El primer paso para detener el expolio es, sin duda, desterrar el autoodio y comenzar a señalar, de una vez, a los verdaderos culpables.

]]> <![CDATA[Los resultados que no sorprendieron a nadie]]>

Estos días están en boca de todos los desastrosos resultados obtenidos por los alumnos del estado español en las pruebas PISA. Es cierto que la tendencia hace años que no es positiva, sino más bien todo lo contrario; no obstante, hay un tema que es especialmente alarmante: la comprensión lectora. Hace años que el sistema educativo hace equilibrios entre cambios legislativos constantes, experimentos pedagógicos, recortes presupuestarios y digitalización forzada sin obtener los resultados deseados. Toda esta parafernalia ha eclipsado un tema fundamental: la escuela ya no garantiza que los alumnos sepan leer y escribir. Se regalan títulos y se pasan alumnos de curso para maquillar una realidad espeluznante, que es que cada año el sistema escupe alumnos con un título de ESO en la mano que no sirve para nada más que para que el gobierno de turno pueda eximirse de la responsabilidad de tener una elevada tasa de fracaso escolar. Alumnos con el título de ESO incapaces de mantener una conversación de nivel básico en catalán; alumnos con el título de ESO que no saben situar los continentes sobre un mapa; alumnos con el título de ESO que no saben qué es un porcentaje; alumnos con el título de ESO que no pueden enlazar dos frases en inglés y ahora, con todos ustedes, la guinda del pastel: alumnos con el título de ESO –o de bachillerato– que no entienden lo que leen. Desgraciadamente, parece ser que el sistema ya no está pensado para formar a los niños, sino para guardarlos mientras sus padres trabajan.Mientras la ley pide a los docentes que formen ciudadanos críticos, que evalúen competencias como ‘aprender a aprender’ y que preparen a los alumnos para el mundo del futuro –abstracción delirante– la realidad es que el sistema educativo no es una prioridad para los responsables políticos. ¿Qué futuro espera a todos aquellos que no son capaces de entender un texto breve? ¿Cómo se supone que alguien tiene que aprender por sí mismo si no tiene las habilidades mínimas de lectoescritura desarrolladas? ¿Quién será el gran beneficiado si, el día de mañana, un trabajador no es capaz ni siquiera de entender qué pone en su contrato laboral? ¿A quién favorece que el sistema educativo público esté en decadencia?No parece que la LOMLOE haya ayudado mucho a mejorar la situación ni a facilitar el trabajo de los docentes –quien haya leído alguno de los criterios de evaluación que en ella se estipulan sabrá de qué hablamos. Asimismo, la implantación de algunos enfoques pedagógicos no ha conseguido, de momento, mucho más que cargar a los docentes de burocracia. Por si todo esto no fuera suficiente, la inteligencia artificial llegará a los centros para suprimir definitivamente la inteligencia natural y, de paso, permitirá a algunos hacer negocio con nuevas 'formaciones' para los docentes.Es cierto que el modelo educativo actual es mucho más ambicioso que el de tiempos pasados: se intenta llegar a todo el mundo, respetar las situaciones familiares y personales de cada niño, adecuarse al ritmo y a las necesidades de cada alumno… Pero para conseguir todo esto hace falta preparar el terreno: aumentar la inversión en educación, dignificar la figura de los docentes, implementar leyes realistas y, en definitiva, imbuir al sistema educativo público de una autoridad y un prestigio que, hoy por hoy, ha perdido. De poco sirven las lamentaciones y los parches con los que se ha remendado la escuela pública las últimas décadas. Un título de ESO que no garantiza que aquel alumno tiene unos conocimientos básicos tiene el mismo valor que un billete de treinta euros. No nos engañemos; no saldremos de esta situación por inercia ni sin hacer cambios estructurales. Es necesario –más que nunca, tal vez– que todas las partes implicadas –gobierno, oposición, docentes, familias, ciudadanos comprometidos con un futuro mejor (disculpen la abstracción)– luchen para que el sistema educativo público sea garantía de conocimiento y calidad académica. 

]]> <![CDATA[Y Palma, ¿para quién es prioritaria?]]> Hay una palabra que ha hecho fortuna en la política mallorquina. Vox la llama “prioridad nacional”. El PP habla de la “gente de aquí”. Coalición por Mallorca convierte la antigüedad de residencia en filtro para poder abrir un negocio e, igual que los anteriores, culpabiliza a las personas migradas de la saturación o, sencillamente, las criminaliza. Todo ello, en un contexto coronado por la crisis de Ceuta, en el que han proliferado los mensajes y las acciones de odio.Si este mismo junio el PP titubeaba ante Vox para aplicar este criterio a las ayudas y a la vivienda, el Gobierno balear finalmente ha asumido estas tesis: el 3 de agosto Prohens anunció, a cara descubierta, que las 323 VPO de Sant Ferran exigirán quince años de residencia legal en Baleares. La secundaba Llorenç Galmés, presidente del Consell, igualmente entregado a la xenofobia institucional. La política social y la económica se convierten, para ellos, en políticas de pertenencia.En Palma, los prejuicios se han transubstanciado en un panecillo puesto sobre la mesa del debate público. El propietario de un bar emblemático busca relevo por jubilación y ha lamentado en un diario que los únicos interesados… son chinos. ACHINIB –parafraseando a Gustav Mahler: “La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego”– nos reclamó volver a la sensatez: el emprendimiento depende del compromiso, no del lugar de nacimiento. Pretender cortar un panecillo con el DNI y rellenarlo de prejuicios no es un plato de buen gusto para una sociedad abierta como la nuestra.No todos los que juegan con esta idea son iguales, a pesar de que el mecanismo sea parecido: jerarquizar derechos según origen o antigüedad. Aliança Catalana anuncia desde sus altavoces propagandísticos políticas que beneficien “a los catalanes, no a los extranjeros”. Aprovecha la confusión y el trauma post-Procés para reconvertir el soberanismo en un cantonalismo ultraexcluyente: la teoría nacional puesta al servicio de levantar fronteras y alimentar (todavía más) los odios. De nuevo, reforzar las esencias soberanistas y soñar con la independencia como antídoto de todos los males –obsesión de un alcaldable de nuestro ámbito local inmediato– corre el riesgo de volver a situar la identidad en el centro del debate. Sin equipararlo a las políticas trumpistas del 'America first', Palma necesita menos discusiones sobre quiénes somos y más respuestas sobre cómo vivimos.Estas políticas reformulan peligrosamente la lucha de los últimos contra los penúltimos. El vecindario de toda la vida de Son Gotleu y el migrante que llegó hace seis meses no son adversarios naturales. Comparten salarios insuficientes, alquileres imposibles y servicios tensionados. Hacerles competir entierra el debate de la especulación, la turistificación extractiva, la vivienda pública desmantelada y una precariedad agudizada. Si separamos a los mallorquines ‘buenos’ de los migrantes ‘malos’, en vez de visibilizar a los trabajadores, sustituimos el conflicto social por el identitario y el objetivo de los excluyentes –da igual si son rojigualdos, gonelles o estelados– queda logrado. La historia sirve de advertencia, no siempre de equivalencia: la Volksgemeinschaft nacionalsocialista definía una “comunidad nacional” a partir de la raza y la etnia y excluía violentamente de ella a los ajenos. Comparar los partidos identitarios actuales con el III Reich es inexacto; el precedente, sin embargo, recuerda el peligro de una lógica en la que la filiación nacional gradúa los derechos si aceptamos una ciudadanía jerarquizada.La imagen ciudadana más dura del verano: los niños, enfermos y personas mayores que han vivido un segundo confinamiento doméstico a causa de una ola de calor perpetua porque en la calle no han encontrado sombra ni un refugio cercano. La soledad no deseada y la pobreza energética ante las temperaturas extremas deben ser ya objeto de programas específicos en Palma. Una ciudad también se mide por la posibilidad de salir, sentarse, encontrar a alguien, hacer comunidad y envejecer sin quedar recluido ni morir solo. Hay otra política: trabajar las causas materiales. En Nueva York, el alcalde Mamdani ha puesto el coste de la vida en el centro: congelación de los alquileres regulados de cerca de un millón de viviendas, 200.000 nuevas viviendas asequibles y 200.000 preservadas, mejoras en los autobuses y pasos hacia la guardería gratuita. En Barcelona, el socialista Collboni no renovará las 10.101 licencias de pisos turísticos cuando expiren en noviembre de 2028… ¡y sin preguntar dónde nació el inquilino!Proteger a los residentes no es hacer castings. Es hacer posible el derecho a la ciudad para que quienes vivimos o trabajamos en ella no seamos expulsados. Y por eso, mientras Jaime Martínez se desgañita por abolir los derechos humanos en Ceuta, Palma es la gran ausente. Movilidad deficiente, suciedad, mantenimiento insuficiente, refugios climáticos inexistentes, participación vecinal perseguida, servicios que no crecen al ritmo de las necesidades y proyectos que se eternizan entre anuncios y concursos de ideas que tanto entretienen a nuestro alcalde: de profesión, especulador; de vocación, arquitecto iluminado.Es aquí donde el PSOE de Palma, sin ninguna patente de virtud y con la dosis necesaria de autocrítica –hecha de manera adulta, no desde una soporífera tertulia de sofá–, debe plantear unas prioridades diferentes de las actuales. La diferencia es el criterio: universalidad de los derechos, redistribución de la riqueza, regulación de los mercados y mejora material de la ciudad. La prioridad no debe construirse sobre el pasaporte ni los años del padrón. Debe ser poder pagar nuestra casa, llegar puntual al trabajo, caminar por una calle limpia, encontrar sombra, tener servicios dignos y envejecer acompañado. Mientras unos discuten quién es más mallorquín, nosotros plantearemos qué necesita antes que nada cualquier persona que vive en Palma. Esta es la distancia entre prioridad nacional y prioridad ciudadana. Y, entre ambas, nuestra ciudad necesita que alguien vuelva a elegir Palma.

]]> <![CDATA[Pedro Sánchez impone y las Baleares pagamos el precio]]> Pedro Sánchez culminó lo que hace tiempo que denunciábamos: un sistema de financiación hecho para dar respuesta a las necesidades políticas del presidente del Gobierno de España, no a las necesidades reales de las comunidades autónomas.

]]> <![CDATA[Aena no es el problema]]>

El Parlament balear aprobó una proposición de ley orgánica para la creación de una autoridad aeroportuaria de las Islas Baleares, también se manifestó contra las obras anunciadas en el aeropuerto de Ibiza, el pasado 2 de junio, y se han hecho pronunciamientos contra la ampliación prevista en el aeropuerto de Menorca. A mi parecer, estas manifestaciones y posiciones se hacen desde el desconocimiento, el prejuicio o por intenciones más inconfesables.Si hablamos de que tenemos que ir a un modelo sostenible y contra la masificación, estoy de acuerdo, pero no será atacando y culpando a Aena como aclararemos. Para defender la gestión o cogestión autonómica de los aeropuertos, y ir contra Aena, se dice que si gestionamos los aeropuertos desde aquí, prevalecerá el interés público o social, que la conectividad será mejor. Y últimamente se ha sumado uno nuevo: Aena es la responsable de la masificación turística que sufrimos y, por lo tanto, hay que ir a un nuevo modelo de gestión para evitarlo. Lo cierto, sin embargo, es que no hay ningún argumento que aguante esta posición, más allá de expresiones populistas, por no decir demagógicas, y respuestas simples a problemas complicados.Imaginen ustedes que por culpa de las listas de espera o la falta de médicos, enfermeras y especialistas en la sanidad pública la solución fuera privatizar la sanidad? Algo similar pasa con la propuesta de autogestión/cogestión aeroportuaria o los ataques a Aena.Aena es el primer gestor aeronáutico mundial, mueve el 10,8% del PIB de España y, según un estudio de Incosa, en la última década, Aena se ha convertido en el modelo aéreo europeo de más éxito, ¡y no nos cuesta ni un céntimo! Lo habéis leído bien, no nos cuesta nada, se autofinancia con las tasas aeroportuarias y lo que factura a las empresas que allí realizan una actividad comercial o económica.Hacerla pedazos solo encarecería la gestión y aumentaría los problemas.La masificación turística no es consecuencia de la gestión de Aena, que recordemos que gestiona los aeropuertos de interés general por mandato constitucional del artículo 149.1.20a; y, por tanto, gestiona los aeropuertos de Ibiza con 9.138.224 pasajeros en 2025 y el de Menorca con 4.210.152 el mismo año, dos islas similares en cuanto a kilómetros cuadrados y mismo gestor, pero con una evolución económica muy diferente. La primera isla apuesta desde los años sesenta del siglo pasado por un modelo fundamentado en el sector turístico, mientras que Menorca tenía una economía más diversificada con más presencia de los sectores primario y secundario.Tampoco Aena controla el número de vuelos y slots. En Europa está regulado por el reglamento CEE n. 95/93 y en España, desde el año 2014, es AEFCA, organismo independiente, que determina los slots en función de la capacidad declarada por cada aeropuerto y los derechos históricos de las compañías aéreas.  Las obras anunciadas tanto en Ibiza como en Menorca no están dirigidas a aumentar la capacidad declarada, sino a dar solución a problemas estructurales de ambas terminales, que no están bien dimensionadas por el actual número de pasajeros. Aumentar la capacidad declarada es lo que realmente nos debería alarmar.¿Significa esto que Aena lo hace todo bien, que no hay margen de mejora, que no podemos hacer nada? Pues no, pero las iniciativas políticas y sociales en nuestra comunidad autónoma deberían ir encaminadas en otra dirección y afrontar los problemas reales que tenemos en nuestros aeropuertos. En primer lugar, luchar por la reversión de la privatización del 49% hecha en 2015, en cumplimiento del artículo 128.1 de la Constitución. En segundo lugar, conseguir que tengan las plantillas necesarias, como reclamaron en el aeropuerto de Menorca el pasado 21 de julio, o más recientemente en Ibiza el 24 de agosto con concentraciones, sin olvidar Son Sant Joan y Son Bonet. Igualmente pasa con las plantillas de muchos contratos de los aeropuertos, ya sean empresas de handling, seguridad, restauración o limpieza. En tercer lugar, tener las infraestructuras imprescindibles. El caso más urgente, el de una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca. En cuarto lugar, exigir el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, que es muy deficiente. En quinto lugar, participar activamente en los comités de coordinación aeroportuaria y mejorar su composición y competencias. Finalmente, si realmente queremos combatir la masificación turística, se debe decrecer, regular el alquiler turístico, intervenir en el mercado de vivienda, limitar la entrada de vehículos y reorientar la economía hacia sectores más sostenibles. Y todo esto es potestad autonómica y municipal, pero es más fácil echarle la culpa de todo a Aena. Por cierto, ¿y a los puertos donde participa la Comunidad Autónoma? En el caso de APB (y, por tanto, de la afluencia de cruceros) tiene las competencias de los Puertos de las Islas Baleares, que gestiona, entre otros, el puerto de Ciutadella, donde hemos pasado de 205.461 pasajeros en 2012 a 643.582 en 2025 (y lo quieren ampliar). ¿Pero de esto mejor no hablar, no? Podemos ir contra Aena, como el Quijote contra los molinos, pensando que eran gigantes. Pero no eran gigantes, eran molinos. Cuanto antes abramos los ojos, mejor, no sea cosa que atacando las aspas de los molinos quedemos heridos. 

]]> <![CDATA[Movilidad parada, pueblos olvidados]]>

Hablar de movilidad sostenible en Mallorca es hablar de seguridad, de servicios públicos y de calidad de vida. Es hablar de tener alternativas reales al vehículo privado para ir a trabajar, estudiar, ir al médico o simplemente desplazarse entre pueblos. Pero, hoy, para muchos municipios de la Part Forana, esta alternativa es cada vez más difícil.El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears han hecho de la movilidad sostenible una cuestión secundaria. Los anuncios se acumulan, pero las actuaciones no llegan al mismo ritmo. Y cuando no hay inversiones o servicios suficientes, los primeros perjudicados son los municipios pequeños y sus vecinos y vecinas.En Santa Eugenia tenemos un ejemplo muy claro con las dos vías cívicas que han de conectar el municipio con su entorno. Se anunció que estas actuaciones estarían acabadas antes de finalizar el 2025. Estamos en 2026 y no solo no están ejecutadas, sino que aún no disponemos ni siquiera del proyecto definitivo. Cuando una infraestructura considerada prioritaria no pasa del anuncio, es legítimo preguntar qué ha pasado y, sobre todo, cuándo se piensa cumplir el compromiso.Otro ejemplo lo encontramos en la Pujada a Lluc a pie de la Part Forana. Una actividad que cada año moviliza a cientos de personas y que tiene un importante componente deportivo, social y de cohesión entre los municipios. Inicialmente, el Consell insular había asumido el coste de las camisetas de los participantes. Ahora, sin embargo, este gasto recae sobre los ayuntamientos, que también deben hacer frente al coste de los autocares y a buena parte de la organización.No podemos obviar qué significa esto para un ayuntamiento pequeño. Cada euro que se destina a cubrir un gasto que antes asumía otra administración es un euro que no se puede dedicar a otras necesidades del municipio. Y esta falta de apoyo a los pueblos también se hace evidente en el transporte público. La conexión regular con Santa María ha desaparecido y el servicio disponible continúa presentando carencias importantes. Las frecuencias hacia Palma son insuficientes para las necesidades de muchos usuarios, y la capacidad de los vehículos tampoco se adapta a la demanda. Además, las incidencias de los mismos autobuses son frecuentes y acaban afectando directamente a los usuarios, que se encuentran con un servicio poco fiable y sin alternativas cuando se producen estas situaciones.Mallorca necesita una política de movilidad que tenga en cuenta la realidad de todos los municipios y no concentre los esfuerzos únicamente en determinadas zonas de la isla. La movilidad no puede quedar relegada a los principales núcleos urbanos o a las zonas turísticas. También debe llegar a los pueblos de la Part Forana, con transporte público de calidad, conexiones adecuadas e infraestructuras seguras para los viandantes y las bicicletas.Si queremos reducir el número de coches en las carreteras, primero debemos garantizar que la ciudadanía disponga de alternativas que sean útiles, frecuentes y fiables. No podemos pedir a la gente que deje el coche en casa si después el transporte público no le permite llegar al trabajo, a los estudios o a los servicios con garantías.Las consecuencias de no actuar son evidentes: más vehículos en las carreteras, más atascos, más contaminación y más dificultades para que la ciudadanía pueda escoger formas de desplazamiento más sostenibles. Hablar de cambio climático y, al mismo tiempo, no reforzar el transporte público ni avanzar en las infraestructuras necesarias es una contradicción difícil de justificar.La movilidad también es una cuestión de igualdad territorial. Vivir en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades para llegar al trabajo, estudiar, ir al médico o participar de la vida social. Los municipios de la Part Forana necesitan que sus necesidades sean escuchadas y que las inversiones y los servicios lleguen con la misma determinación que a otras zonas de la isla.Por eso, hace falta más transporte público, más frecuencias, mejores conexiones entre municipios e infraestructuras seguras para los peatones y las bicicletas. Y, sobre todo, hace falta que los compromisos anunciados por las instituciones se traduzcan en proyectos, obras y servicios.Los pueblos de Mallorca no piden un trato de favor. Piden que se cumplan los compromisos adquiridos, que se deje de gobernar a base de anuncios y que las instituciones apuesten de manera decidida por una movilidad moderna, eficiente y sostenible.Es hora de pasar de los anuncios a los hechos. Dejar de considerar la movilidad de los pueblos como una cuestión secundaria y empezar a entenderla como lo que es: un servicio esencial y una pieza fundamental para construir una Mallorca más cohesionada, más segura y más sostenible.Porque la movilidad no se puede abandonar. Y los pueblos, tampoco.

]]> <![CDATA[¿Qué verdades nos ocultan sobre la granja de Son Brau?]]>

Unos setenta vecinos se manifestaron ante el Ayuntamiento de Manacor con pancartas y gritos de ‘Macrogranja no’ justo antes del pleno ordinario del mes de julio. Durante la sesión, el pleno aprobó una moción presentada de forma conjunta por el equipo de gobierno (MÉS-Esquerra, PSOE y AIPC) y el PP en contra de las macrogranjas en Mallorca.Los vecinos afectados salieron contentos del pleno. La moción, genérica y que no menciona de manera explícita en ningún momento el topónimo de Son Brau, ni tampoco la empresa Avícola Son Perot, que es quien quiere construir esta granja de 80.000 gallinas ponedoras, se aprobó, con los únicos votos en contra de Vox. Pidieron un pronunciamiento por parte de todos los partidos, que se mostraron, con más o menos vaguedad y con más o menos argumentos, contrarios a “explotaciones intensivas como esta”.Avícola Son Perot ha presentado un proyecto que intenta ajustarse a las disposiciones que establece la ley 2/2025, aprobada, precisamente, para evitar que se construyera una macrogranja de esta misma empresa en el término de Sineu con una carga de 800.000 gallinas.De hecho, Avícola Son Perot también es la propietaria de la macrogranja de Llucmajor, lamentablemente conocida como ‘la granja de los horrores’, después de que se filtraran unas imágenes del interior de las instalaciones que mostraban que los animales se encuentran “en condiciones penosas”. “Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluidos esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos, extintores caducados y contenedores con cadáveres en estado de putrefacción y llenos de gusanos” decía a un medio el informante que habría tomado las imágenes. Avícola Son Perot recibió una sanción de 200.000 euros por las condiciones de las instalaciones.Ahora, la empresa se presenta como un ente moderno y adaptado al tiempo y a la ley actuales. Pero es necesario que tengamos memoria y recordemos qué actuaciones ha llevado a cabo con anterioridad.Mientras tanto, hay muchas preguntas que nuestros representantes en el Ayuntamiento podrían responder. ¿Por qué, a pesar del acuerdo verbal que tenía el equipo de gobierno con los representantes de la plataforma Macrogranja No, la moción se tuvo que presentar finalmente por la vía de urgencia? ¿Tenían dudas sobre la conveniencia de presentarla?¿Por qué la moción habla exclusivamente de macrogranjas y no menciona en ningún caso el concepto ‘granja’? ¿Es intencionada esta ausencia? ¿Tiene algo que ver el hecho de que la granja proyectada en Son Brau sea para 80.000 gallinas, diez veces menos que la carga proyectada en Sineu? ¿Es realmente considerada una macrogranja la que ahora piden hacer en Manacor?

]]> <![CDATA[Derechos sociales frente al odio: el fracaso del escudo invisible de Galmés]]> La geopolítica global tiene la capacidad de sacudir la realidad más cotidiana de nuestros hogares. Las consecuencias derivadas de la injusta guerra de Irán que sufrimos en este 2026 no son abstracciones; se traducen en una presión inflacionista asfixiante, en la subida de precios de la cesta de la compra y en la dificultad para llenar el depósito de combustible. Ante esta vulnerabilidad sobrevenida, la ciudadanía tiene derecho a esperar que sus instituciones actúen como red de seguridad. El ejemplo más claro fue el Gobierno de España, que aplicó medidas como la reducción durante 6 meses, a los carburantes y a la energía. Pero la realidad del Consell de Mallorca nos demuestra que, en lugar de un escudo protector, lo que tenemos es un muro de propaganda, descarga de responsabilidades y concesiones ideológicas intolerables.Hace meses que oímos los grandes titulares del presidente Llorenç Galmés. Se nos prometió la movilización de un escudo social histórico, que en el caso del IMAS estaba dotado con 9 millones de euros para mitigar los efectos de esta crisis económica. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? El contador para los ciudadanos está a cero. En lugar de gestionar y ejecutar directamente la ayuda, el Consell ha optado por descargar el trabajo y la responsabilidad sobre los hombros de los Ayuntamientos. Una decisión tomada de manera unilateral, sin hablar con los alcaldes y alcaldesas, dando por hecho que asumirán una nueva carga burocrática cuando los servicios sociales municipales ya están desbordados con su día a día. Hoy, las administraciones locales se encuentran que deben gestionar esta papeleta sin saber cuánto, qué ni cómo.Pero si esta dejadez de funciones ya es grave, el precio político pagado es aún más preocupante: el Partido Popular ha comprado al dedillo el discurso de la "prioridad nacional" de Vox y ha impuesto a los municipios un requisito de cinco años de residencia para poder acceder a unas ayudas que deberían ser de emergencia.Con este odio, este racismo y esta xenofobia que desprende Vox, el gobierno de Galmés parece no ver que está resquebrajando la cohesión social de Mallorca. Vox no oculta que quiere dejar fuera a las personas migrantes, y esto ya es bastante grave. Pero el problema es aún mayor: este filtro acaba dejando fuera a cualquier persona que atraviese una situación de vulnerabilidad si no cumple un requisito tan arbitrario como haber residido cinco años seguidos en la isla. En definitiva, convierten un derecho social en un privilegio reservado solo a algunos.Quedan fuera las personas que trabajan y sostienen servicios esenciales, pero que no han podido arraigar suficiente tiempo por culpa de la precariedad, del coste de la vida o de la inestabilidad residencial. Quedan fuera las familias que han tenido que empezar de cero y que, a pesar de hacer un esfuerzo enorme para salir adelante, continúan atrapadas en situaciones de pobreza sobrevenida. Y quedan fuera también todas aquellas personas que necesitan un apoyo puntual para no caer todavía más abajo, pero que topan con un filtro administrativo que no responde a ningún criterio de justicia social. Para el gobierno de Galmés, la necesidad ya no es suficiente: antes hay que pasar un filtro ideológico.La crueldad de esta imposición llega a su extremo con los colectivos que más sufren. Esta medida deja completamente desamparadas a muchas personas en situación de sinhogarismo o con trayectorias vitales marcadas por la inestabilidad, la ruptura y la exclusión. Personas que han quedado fuera del sistema por múltiples motivos y que, precisamente por ello, deberían encontrar en la administración una mano tendida y no una nueva barrera. Con este filtro ideológico impuesto por el Consell, es materialmente imposible que muchas de ellas cumplan el requisito de los cinco años de residencia continuada. Este escudo social no protege a quien más lo necesita: precisamente deja fuera a aquellos para los cuales debería existir.El gobierno de Galmés se ha convertido en un rehén voluntario de la exclusión. Para mantener la estabilidad del despacho, prefieren traspasar la presión a los ayuntamientos y aplicar filtros identitarios a la vulnerabilidad antes que plantar cara a su socio de gobierno. Condicionar el apoyo económico en tiempos de crisis a un recuento de años es vaciar de contenido el concepto de dignidad humana.Gobernar exige altura de miras, respeto institucional y humanidad. El escudo social de Galmés ha resultado ser una ficción propagandística que se ha deshecho al primer dictado de la extrema derecha. Necesitamos que se rectifique, que se escuche a los municipios y que se pongan los recursos a disposición de la gente sin exclusiones. Ante la crueldad de su prioridad nacional, respondemos con firmeza: políticas sociales; ante su prioridad nacional, derechos sociales siempre.

]]> <![CDATA[Somos un pueblo cabreado: ¡la hora de pasar a la acción!]]> Después de la indignación llega la hora de las propuestas. Hace unos días en este mismo medio la compañera Margalida Ramis, activista ecologista de longeva trayectoria y una persona de referencia de Menos Turismo, Más Vida se preguntaba en su artículo de opinión ¿Y ahora, qué? Más claro, imposible. Una cuestión clave.

]]> <![CDATA[No son las pateras. Son las políticas del PP y de Marga Prohens]]> Las Islas Baleares viven uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Nunca había sido tan complicado acceder a una vivienda. Nunca tantos jóvenes habían visto tan lejana la posibilidad de emanciparse. Nunca tantas familias habían tenido que destinar una parte tan grande de su sueldo a pagar un alquiler o una hipoteca. Y nunca tantas personas habían sentido que, a pesar de trabajar cada día, vivir dignamente en su propia tierra se está convirtiendo en un privilegio reservado a unos pocos.

]]> <![CDATA[El eclipse: gestionarlo como una emergencia para evitarla]]> El 12 de agosto, miles de personas mirarán al cielo para observar el eclipse total de Sol. Y nuestro objetivo es precisamente este: que todos los ojos queden puestos en el cielo. Cuando todo va bien, el trabajo de los servicios de seguridad y de emergencia casi no se ve. Porque nuestro trabajo es justamente anticiparnos a las cosas que nadie quiere que pasen.Desde hace muchos meses, el Gobierno trabaja en el plan de seguridad para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Un fenómeno extraordinario requiere medidas extraordinarias para poder disfrutarlo de manera segura y sin sorpresas.Las condiciones especiales de visibilidad del eclipse —al atardecer y justo antes de la puesta de sol—, la fecha —en pleno verano y en el punto de máxima presión humana— y la geografía singular de nuestro Archipiélago —con cuatro islas, bosques, montañas, acantilados y el mar— hacen de este acontecimiento un reto de gestión apasionante para el Gobierno y, especialmente, para la Dirección General de Emergencias y el Interior.Por este motivo, desde el primer momento hemos planificado la gestión de todo el dispositivo como si fuera una gran emergencia, precisamente, para que no se convierta en una emergencia. Por muy espectacular, histórico e irrepetible que sea el eclipse, nunca será más importante para nosotros que la seguridad de las personas y la protección de nuestro medio natural.Con este objetivo, hemos diseñado un protocolo de acción específico, el ECLIPBAL, que se complementa con el Plan de Protección Civil Territorial de las Illes Balears (PLATERBAL), activado en la fase de preemergencia desde el 9 de julio.Estos planes son los que nos permiten gestionar y coordinar un dispositivo en el que participan multitud de administraciones y fuerzas y órganos de seguridad y de emergencia: el Gobierno, la Delegación del gobierno de España en las Islas Baleares, los consejos insulares, los ayuntamientos, la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, bomberos, bomberos forestales, agentes de medio ambiente, autoridades marítimas y portuarias y agrupaciones municipales de Protección Civil.La colaboración de todas estas instituciones es tan admirable como imprescindible. Gracias a este trabajo conjunto hemos ido avanzando durante meses, desde la recogida de la información científica necesaria hasta el diseño del ECLIPBAL, incluida la identificación de las zonas de riesgo y de observación.No hay improvisación. Cada decisión responde exclusivamente a los criterios técnicos de seguridad y protección civil. Aunque hay miles de lugares desde donde ver el eclipse, el Gobierno propone 26 zonas oficiales de observación distribuidas entre las cuatro islas, seleccionadas no solo por su visibilidad, sino también por su accesibilidad, capacidad y condiciones de seguridad.Tampoco es un capricho proteger la sierra de Tramuntana, otras zonas ambientales sensibles y las praderas de posidonia. Las restricciones previstas para una veintena de carreteras responden a una medida preventiva esencial para minimizar el riesgo de incendio y otras emergencias, proteger nuestro patrimonio natural y garantizar la intervención de los servicios de emergencia, si es necesario. El objetivo es evitar una afluencia masiva de vehículos que puedan suponer un riesgo. Aun así, se permitirá el acceso a los residentes y a las personas que acrediten la necesidad.El plan está diseñado para todas las personas que estarán en nuestras islas aquel día, sin distinciones ni prioridades. Sí, quiero aprovechar estas líneas para pediros vuestra colaboración. Estoy convencido de que la sociedad balear volverá a actuar con la responsabilidad y el sentido común que siempre ha demostrado en situaciones de riesgo, sean tormentas, inundaciones o incendios.Estamos ante un día histórico. Consultad el sitio web eclipsisegur.caib.es, planificad con antelación dónde verlo (y, si puede ser desde casa, mejor), conseguid gafas homologadas y disfrutad de un fenómeno único.Queremos que sea una experiencia inolvidable por lo que pase en el cielo y no por lo que pase en la Tierra. Si todos recordamos la emoción de mirar hacia arriba el 12 de agosto, querrá decir que entre todos habremos hecho bien nuestro trabajo.

]]> <![CDATA[Cambiar o morir: Menos Turismo, Más Vida]]> El turismo nos mata. No lo digo yo, lo dicen los economistas. Hasta ahora esto era un tabú. La academia económica, de tendencia claramente neoliberal, se empeñaba en vendernos el turismo como la gallina de los huevos de oro, gracias al cual todos vivimos y no morimos de hambre. Todavía hay gente que, cuando criticas el modelo turístico, responde: “¿Y tú, de qué vives?”. No hablamos del turismo en general, sino del sistema actual de monocultivo turístico y crecimiento sin límites que padecemos, el modelo que nos mata. Primero, por una evidencia que se hizo patente durante la pandemia. Cuando cursé la asignatura de Economía Política, aprendimos que un sistema económico de monocultivo (como el monocultivo turístico) es un sistema débil, expuesto a factores externos incontrolables, como pandemias, crisis geopolíticas y fluctuaciones en el precio del transporte, entre otros. En el caso del turismo, también dependemos de la buena evolución económica de los países emisores, y no olvidemos el cambio climático y el aumento de la temperatura. ¿Quién querrá venir a sufrir veranos tórridos? Primera lección: Una economía, para ser fuerte, no puede poner todos los huevos en la misma cesta, debe diversificar. Menos turismo y más desarrollo de otros sectores económicos. En segundo lugar, este modelo, si un tiempo sirvió para mejorar la economía balear, ahora está empobreciendo y expulsando a la población residente. Se acaba de presentar el Informe Fénix (coordinado por Xavier Roig). Aunque el documento nació enfocado a Cataluña, sus autores sostienen que la economía turística de las Islas es un ejemplo extremo de lo que denuncian, una economía que genera crecimiento macroeconómico, pero que empobrece a los residentes y reduce la productividad. Baleares aumenta su PIB global y su población, pero el PIB per cápita y la calidad de vida de sus ciudadanos no mejoran. La continuidad de este modelo no solo plantea retos técnicos –como el acceso a la vivienda, la disponibilidad de recursos naturales y la sostenibilidad de los servicios públicos–, sino que genera un empobrecimiento general y puede derivar en una fractura social creciente, de manera que nos encontramos ante una encrucijada: o bien se adoptan reformas estructurales para corregir las dinámicas actuales, o bien se asume el riesgo de un deterioro progresivo del modelo económico. Estos economistas no han sido los primeros en decirlo. Es justo hacer una mención al Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES), el órgano colegiado de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en materia económica y social, según el Estatuto de Autonomía, porque en sus memorias ya había denunciado el empobrecimiento de las Illes Balears, a pesar de que nadie, empezando por los gobiernos que han de ser los principales receptores de sus informes, hiciera caso. Según el CES, las Islas son la comunidad que más se ha empobrecido en los últimos veinticinco años. A pesar de las buenas cifras macroeconómicas, la renta disponible por hogares cae notablemente, y somos el territorio donde resulta más difícil adquirir una vivienda. A pesar del esfuerzo del Gobierno balear por desvincular del turismo el problema de la vivienda, hay una relación directa. Que el aumento de la demanda provoca el encarecimiento de precios es un principio fundamental de la economía. Antes, la vivienda era para vivir. Ahora es para el alquiler turístico, segunda residencia de extranjeros no residentes, para alquilar habitaciones (a menudo de manera abusiva, sin contrato, sin derechos y sin recibo), bien de inversión y especulación para fondos buitre, etc. Según el Banco de España, el 10,6% del parque total de viviendas del Archipiélago balear son turísticas y de propietarios no residentes. En el área urbana de Palma, las viviendas de uso turístico suponen el 7,6% del mercado de alquiler, y suponemos que se refiere justo al alquiler ‘legal’. El gobierno del PP utiliza el problema de la vivienda como excusa para destruir territorio, pero es al turismo a donde debemos mirar. El turismo que nos expropia las casas y los derechos, como vemos ahora con los trabajadores del sector turístico y la guerra del falso ‘absentismo’ lanzada por la patronal. Por eso os invitamos a la manifestación del 26 de julio convocada por la Plataforma Menos Turismo, Más Vida. Queremos otra economía posible al servicio de los ciudadanos y no de las empresas turísticas, con vivienda, derechos laborales, donde se preserve el territorio, los recursos naturales, el agua. Unidas, combativas y alegres no habrá nadie que nos pare. Menos turismo, más vida. 

]]> <![CDATA[Mallorca necesita límites]]>

En el año 2000 llegaron a las Islas Baleares 10 millones de turistas. En el año 2026 ya llegarán 20 millones. Durante años, algunos responsables políticos intentaron hacernos creer que la saturación turística era solo una percepción. Hoy, sin embargo, casi nadie duda ya de que las Islas Baleares sufren un grave problema de masificación.

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