Un edificio de la calle de Manuel Sanchis Guarner de Palma ha tenido que ser desalojado temporalmente este sábado después de que se desprendiera una parte del falso techo de una vivienda. El incidente, que no ha causado heridos, se ha producido a las 12.30 horas y ha movilizado a los Bomberos de Palma.

La dificultad para acceder a una vivienda y el elevado coste de vida continúan pasando factura a la sanidad pública balear. El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que 80 enfermeras han abandonado las Islas Baleares entre el 1 de enero y el 15 de mayo, una situación que atribuye directamente a la imposibilidad de muchas profesionales de mantenerse económicamente en el Archipiélago.

1.- Hacer 10.000 viviendas protegidas los próximos años

Las Baleares y Canarias comparten el dudoso honor de ser las comunidades autónomas con menos viviendas protegidas construidas los últimos 25 años. Hoy son dos de las comunidades con más problemas para atender la demanda de vivienda de buena parte de la población –por diferentes motivos, pero también por este. Una ínfima parte de las 300.000 casas y pisos construidos desde 1981 son de protección pública. Por todo ello, la primera medida para afrontar la crisis residencial en Baleares implica aumentar de manera decidida el parque público de vivienda, y hacerlo “de manera constante” reclaman expertos consultados, como el asesor inmobiliario Pedro García. “Los problemas no se resuelven ni en una ni en dos legislaturas”, asegura, y remarca que si no se hacen 10.000 pisos protegidos los próximos años, no se notará.

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El mercado residencial en Menorca está cada vez más lejos del alcance de quienes viven allí todo el año. Pero, por primera vez, se ponen propuestas y medidas sobre la mesa que no consisten solo en ceder terrenos al Ibavi para que promueva vivienda social. El Consell insular impulsa la compra de edificios privados que estén desocupados, y los expertos y el empresariado plantean que se reserve suelo para residentes y así separar esta oferta de la que ahora domina el mercado, orientada a atraer la atención de las grandes fortunas.

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Los políticos deben representar al pueblo. Esta es una máxima tan obvia, que cuando los representantes públicos la ignoran resulta muy desalentador. Resulta que el Gobierno promovió una norma que permite que los suelos urbanizables más grandes de Palma, en manos principalmente de empresas promotoras, puedan hacer un 45% más de pisos sobre una misma parcela de lo que dice el Plan General. Dicho de otra manera, allí donde los terratenientes del suelo urbanizable podían hacer 100 pisos, ahora pueden hacer 145 en nombre de la crisis de vivienda.

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El Gobierno ha ampliado el programa de Alquiler Seguro después del fracaso de la iniciativa: solo 82 viviendas se han adherido después de un año y medio, cuando se esperaba que fueran al menos 2.000. El consejero de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que se permitirá que los multipropietarios, las viviendas pendientes de reforma y los pisos procedentes del alquiler turístico también se puedan acoger al programa, además de los inmuebles afectados por ocupaciones ilegales o un proceso de desahucio por impago. En estos supuestos, se eximirá del requisito general de que las viviendas hayan estado vacías durante al menos seis meses.

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Mientras el Parlament comenzaba a tramitar la reforma de la Ley de capitalidad de Palma, un centenar de personas ya habían recibido la orden de abandonar la antigua cárcel sin saber dónde vivirán cuando acabe el proceso judicial. Esta imagen resume el momento político que atraviesan las Baleares. La capital que el alcalde Jaime Martínez reivindica como motor económico e institucional de las Islas es también el escenario donde se concentran muchas de las tensiones que han marcado la vuelta del PP a las principales instituciones: la crisis de la vivienda, la saturación turística, la presión demográfica causada por la necesidad de mano de obra del modelo económico turístico, la fragilidad de los servicios públicos y un discurso cada vez más obsesionado con los migrantes pobres.

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El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la cesión gratuita al Institut Balear de la Vivienda de los terrenos ubicados junto al Velódromo Illes Balears, en Palma, para que se puedan construir más de 300 viviendas de protección pública. Así, se hace efectivo el anuncio que hizo el presidente Llorenç Galmés en el debate de política general del 30 de marzo para "dar respuesta y solución al principal problema de los mallorquines: el acceso a la vivienda".

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El Ayuntamiento de Palma ha avanzado que acudirá a los puntos donde se concentren los caravananistas, como Ciudad Jardín, para sancionar y "poner orden" porque "en Palma y en Baleares no hay lugar para que las autocaravanas puedan instalarse, hacer turismo o campings".

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El Gobierno ampliará este viernes el programa de alquiler seguro después de sus escasos resultados. Tal y como avanzó el ARA Balears, ya hace nueve meses que el Ejecutivo admitió internamente el fracaso de esta medida, que debía conseguir entre 2.000 y 3.000 viviendas en una primera fase, y por ahora solo ha movilizado 87. Es por esto que se ha visto forzado a modificar su funcionamiento.

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La masificación turística continúa ocupando buena parte del debate político y municipal en Mallorca. Este jueves, alcaldes, concejales y representantes municipales de MÉS per Mallorca se reunieron en Binissalem para compartir las problemáticas que, según aseguran, ya se hacen evidentes en muchos pueblos de la isla coincidiendo con el aumento constante de visitantes y de presión sobre el territorio.

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Mallorca ya tiene oficialmente Sindicato de Inquilinos. El nuevo colectivo, que se presentó este sábado en el CineCiutat de Palma, nace con la voluntad de articular una respuesta colectiva ante una crisis de la vivienda que lleva años ahogando a miles de residentes de la isla. El acto reunió a decenas de personas vinculadas a los movimientos sociales y al mundo de la vivienda en una convocatoria marcada por las críticas a la especulación inmobiliaria, el aumento constante de los alquileres y los efectos de la turistización.

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Un edificio del barrio de Foners de Palma ha sido desalojado parcialmente este lunes por la tarde después de que el tejado se haya derrumbado y haya caído sobre el comedor de una vivienda. No se han registrado heridos, según ha confirmado el Ayuntamiento de Palma.

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La pregunta que una joven se hizo después de ver cómo la casa de su abuela, en Son Espanyolet, era derribada para hacer una nueva construcción en manos ajenas es, en realidad, una pregunta colectiva, de país. “¿Por qué no he podido salvar la casa de la abuela?”, se preguntaba. Su lamento podría ser el de miles de personas de otros barrios y de muchos pueblos y ciudades de las Islas. ¿Por qué cada vez más familias no pueden conservar las casas que han formado parte de su historia?

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Nos habían prometido que si estudiábamos, trabajábamos y hacíamos las cosas 'bien', saldríamos adelante. Que viviríamos con una cierta seguridad. Pero esta promesa hace tiempo se rompió. Y hoy, en las Illes Balears, ya no hablamos solo de precariedad: hablamos de un empobrecimiento generalizado.

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Entre 2.000 y 3.000 viviendas: esta fue la cifra de casas que debía aportar solo en una primera fase el programa Alquiler Seguro en las Baleares, según anunció el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. Los resultados al finalizar abril de 2026 constatan el fracaso de esta medida: el programa tiene 76 viviendas en las Islas, una cifra que, de media, supone 1,13 viviendas por municipio, 1.924 pisos menos que el mínimo de 2.000 que Mateo aseguró que se tendrían.

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Javier Burón recurre a un símil para explicar el problema de la vivienda como gestor público de la materia, con 25 años de experiencia en diferentes gobiernos autonómicos. "Vemos cómo la lava avanza y estamos sentados en la terraza diciendo: 'Bueno, hay tiempo. Cuando tengamos la lava encima, ya veremos qué hacemos'". Autor deEl problema de la vivienda (Arpa Editors) y director gerente de la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del gobierno de Navarra, participa este jueves, 30 de abril, en Ca n'Oleo de Palma en una conferencia organizada por la UIB sobre qué se necesita para tener vivienda social y asequible.

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La compraventa de vivienda cayó un 18,6% en Baleares en febrero, a pesar de registrar una caída en el precio del 1,4%, según los datos del Consejo General del Notariado. Concretamente, la compraventa de vivienda bajó en un total de 14 comunidades autónomas, donde las Islas ocupan la tercera posición, solo por detrás de Canarias (-21%) y Navarra (19,2%), al tiempo que se sitúa delante de Asturias (-17,6%).

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La Policía Nacional ha desalojado este miércoles el asentamiento ilegal conocido como Venta de los Gatos, instalado en un terreno privado situado en las inmediaciones del hospital Can Misses y del Estadio Municipal Sánchez Vicario, en Ibiza. La operación se ha llevado a cabo sin incidentes y con la salida voluntaria de las últimas tres personas que residían allí.

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"La propiedad privada se defiende y a los okupas se les saca en 24 horas". Así ha respondido la presidenta del Govern, Marga Prohens, a una pregunta parlamentaria de Unides Podem sobre la función social de la vivienda. En el mismo sentido, ha acusado al diputado morado José María García de querer equiparar "hacer política social de vivienda con proteger a los delincuentes, defender la ocupación y cargar sobre la espalda de los propietarios la responsabilidad social".

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