Las Baleares se han convertido en un mercado inmobiliario tan caro que incluso los compradores extranjeros, que tradicionalmente han tenido una capacidad adquisitiva superior a la de los residentes, comienzan a reducir las operaciones. De hecho, así lo muestran los datos. En 2025, los extranjeros pagaron una media de 548.662 euros por vivienda, un 80% más que los 304.120 euros desembolsados por los compradores estatales, según los datos del Observatorio de la Vivienda de las Islas Baleares. Este año, sin embargo, la situación ha cambiado por completo y parece que los extranjeros ya no ven las Baleares como una gran oportunidad de negocio.

Las Baleares viven una situación paradójica en lo que respecta a la formación y el trabajo de los jóvenes. Por una parte, un 15% abandona prematuramente los estudios; por otra, casi la mitad de los que trabajan (el 48,9%) está sobrecualificada para el trabajo que realiza, según el Observatorio de Emancipación del segundo semestre de 2025. Los datos apuntan a dos dificultades: hay jóvenes que dejan de formarse antes de tiempo y otros que, a pesar de continuar estudiando, no consiguen un trabajo adecuado a su cualificación, un hecho que genera frustración. Son realidades diferentes que, en conjunto, muestran las dificultades que tiene la juventud para completar la formación y encontrar un trabajo que se ajuste a los estudios que ha cursado.

Solo el 8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años de Baleares se habían podido emancipar durante el segundo semestre de 2025. La cifra representa menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior y sitúa la tasa de emancipación juvenil de las Islas por debajo de la media estatal, del 14,5%. Así lo recoge el Observatorio de Emancipación correspondiente a la segunda mitad de 2025, presentado este miércoles por Lucía Siles, representante del Consejo de la Juventud de España (CJE), y Pau Emili Muñoz, presidente del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares (CJIB).

Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en Formentera supera, de media, el millón de euros. En Santa Eulària des Riu, la misma superficie equivale a más de 900.000 euros, y en Andratx, a cerca de 854.000. Son los tres municipios que encabezan la clasificación de los municipios más caros de España elaborada por el portal inmobiliario pisos.com con datos de septiembre de 2026. Las Baleares ocupan los siete primeros puestos y concentran 15 de los 25 municipios del ranking, el 60% del total.

A principios del año 2011, encontré un día una nota, bajo la puerta del despacho, sobre un acto llamado ‘El estado de malestar’. Se había añadido, a mano, un “¡Es esto!”. Venía de un alumno, frustrado desde hacía tiempo por la falta de canales de expresión política –e intelectual– de su generación. Poco tiempo después, este mismo joven lanzó el hashtag #acampapalma, y en un santiamén la plaza de España se convirtió en la plaza de Islandia, a la estela del 15-M.

‘Si no tenéis casa, ni dinero para hacerla (...) poned una caravana / en medio de un terreno / o ampliad una caseta / sin permiso para hacerlo’, cantan los Ànimos Parrec. La canción Veniu a es Pla, ya se ha convertido en un himno a una tierra que no para de acumular transformaciones al margen de la legalidad. Con esta letra, Julià Picornell ironiza sobre la proliferación de viviendas irregulares y asentamientos en suelo rústico del Pla de Mallorca.

Los asentamientos ilegales en suelo rústico, vinculados a la demanda incesante de mano de obra y a la emergencia de vivienda, ponen a prueba a las administraciones públicas de las Islas Baleares. A pesar de que caravanas, casetas y construcciones precarias se han vuelto habituales en las afueras de los pueblos y por caminos rurales, ningún censo permite saber ahora mismo cuántos asentamientos hay en Mallorca ni cuántas personas viven en ellos.

No hace falta que te desahucien para quedarte en la calle. No hace falta que un fondo buitre compre tu casa para perderla, basta con no poder pagarla. No hace falta la Policía para que te saquen de tu hogar, pueden hacerlo tus hijos. No hace falta la fuerza, pero sí violencia, para dejar a una jubilada sin casa. No hace falta ser Maricarmen. También puedes ser María del Carmen.

Hay un antiguo cuartel militar en Palma que lleva más de dos décadas esperando convertirse en viviendas públicas. Es Son Busquets, un inmenso solar de propiedad estatal donde hoy hay previstos 831 viviendas protegidas. 20 años de anuncios, proyectos y discusiones entre administraciones que no han servido para poner los pisos a disposición de la ciudadanía. Mientras tanto, la vivienda ha pasado de ser un problema importante a convertirse en una emergencia social.

Compartir piso con desconocidos ya no es solo una opción para jóvenes en las Baleares. El 64% de los inquilinos que buscan una habitación en el mercado de alquiler de las Islas tiene más de 35 años, según los datos del portal inmobiliario Pisos.com. El perfil de quienes comparten vivienda en el Archipiélago se aleja así del patrón habitual de estudiantes o jóvenes que comienzan su vida independiente.

Cataluña es el gran antiejemplo sobre gestión de la vivienda para el Gobierno de Marga Prohens. En el pleno de este martes, la presidenta volvió a cargar contra la Generalitat, porque considera que la limitación de los precios de alquiler que aplica no funciona y, además, restringe la oferta disponible en el mercado. "Tienen dos amos: Pedro Sánchez, Cataluña y su complejo de inferioridad", espetó al menorquinista Josep Castells cuando le reclamó que aplique la declaración de zonas tensionadas en las Islas. Además, destacó que este territorio es la comunidad donde se producen más desahucios del Estado, hecho que atribuyó a la gestión del socialista Salvador Illa. Pero cuando se observan las cifras oficiales disponibles, estas correlaciones no son tan claras. Las Islas, donde no se aplica la limitación de los precios, son la segunda comunidad con más desahucios de acuerdo con el número de habitantes. Y aunque en 2025 se firmaron menos contratos de alquiler que en 2023 en Cataluña, en Baleares, donde no hay ninguna restricción en los precios, también han disminuido. Donde sí hay una diferencia es en los precios de los arrendamientos: mientras en Cataluña se han contenido, en las Islas se han disparado.

El organismo estatal Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de al menos 43 viviendas asequibles en Palma, que se llevará a cabo en una parcela de 2.344 metros cuadrados de superficie situada en la calle de Ignasi Ferretjans, en el distrito Norte de la ciudad. El valor estimado del contrato para la redacción del proyecto de edificación es de 494.868 euros y las ofertas se podrán presentar hasta el 9 de diciembre, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

El Plan municipal de vivienda de Palma da un nuevo paso adelante. La Junta de Gobierno de Palma ha aprobado este miércoles la constitución de la Junta de Compensación del Proyecto Residencial Estratégico (PRE) de Son Puigdorfila, un ámbito donde está prevista la construcción de hasta 623 viviendas, 320 de las cuales tendrán algún grado de protección. El acuerdo permite avanzar en la tramitación del proyecto, iniciada en marzo con la aprobación definitiva de los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación.

El PP ha votado este martes en el pleno del Parlamento en contra de una proposición de ley del PSIB que establecía el mecanismo para que los ayuntamientos pudieran pedir la declaración de zona tensionada y limitar los precios del alquiler. Hasta aquí todo encaja en las medidas que defiende el partido de Marga Prohens, que apuesta por el aumento de la oferta de vivienda como mecanismo para bajar los precios, a pesar de que la escalada del coste no se detiene (los socialistas hablan de un aumento del 30% del alquiler y de un 40% del precio de compra desde que comenzó la legislatura). Una aclaración: la iniciativa no implicaba que el Govern hiciera ninguna declaración de zona tensionada, sino que permitía a los ayuntamientos declarar en ellas sus municipios. Esta es justamente la vía que encontró la Xunta del popular Alfonso Rueda para aplicar la Ley estatal de vivienda en Galicia, una medida que habían reclamado ayuntamientos como La Coruña y Santiago de Compostela. De hecho, el texto de la proposición del PSIB parte precisamente del modelo gallego, y es este el modelo que el PP balear ha rechazado en el pleno del Parlamento, donde ni siquiera se ha tomado en consideración (Vox también ha votado en contra), de manera que no se ha abierto la tramitación que habría permitido hacer enmiendas y negociar.

El primer pleno después de la convocatoria de las elecciones generales se ha convertido en una guerra abierta entre la bancada derecha y la bancada izquierda por la vivienda. El PSIB se ha apuntado a los planes de Pedro Sánchez, que ha arrancado la precampaña aprobando 21 medidas de vivienda, y ha llevado una proposición de ley para pedir que las Islas se declaren zona tensionada y forzar un pronunciamiento del PP y Vox. Pero, además, ha invitado al Parlamento tanto a alcaldes socialistas como a Pilar López, una mujer desahuciada, y a representantes sindicales para hacer presión al Gobierno.

Entre lágrimas, una mujer desahuciada ha increpado este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de la sesión de control al Govern en el Parlament. Es Pilar López, de 65 años, que ya compareció en Cort para denunciar su situación: haber sido desahuciada por un fondo de inversión después de 40 años cotizados y aun teniendo una lesión medular. La presidenta se ha acercado para hablar con ella, pero ha cargado contra el diputado del PSIB que la acompañaba y, según el relato de la mujer, le ha advertido: "Os están utilizando". Ella, a su vez, le ha dicho: "Yo te voté".

El colectivo Flama y las personas de la acampada por el derecho a la vivienda de Palma han rechazado frontalmente que el Ayuntamiento de Palma utilice los casos de machismo denunciados dentro del espacio para justificar políticamente el desalojo de la plaza de España. En un comunicado difundido este martes, acusan al alcalde, Jaime Martínez, "de instrumentalizar el feminismo para atacar y deslegitimar un movimiento social" que reclama el derecho a una vivienda digna.