En contra de lo que habían dicho los tribunales en primera instancia, el Consell de Mallorca deberá indemnizar a la promotora que tenía licencia para hacer una urbanización en el Guix (Escorca). El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha estimado solo en parte el recurso de la promotora Urnova por el largo litigio urbanístico del Guix, que desencadenó la polémica por el impacto de un conjunto de chalets pegados al monasterio de Lluc. La sala reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por cinco parcelas de terreno afectadas por la desclasificación urbanística que se llevó a cabo para evitar que se construyera en un lugar tan emblemático. El tribunal, sin embargo, rechaza el grueso de la indemnización solicitada, correspondiente al proyecto principal de construcción de viviendas que nunca llegó a ejecutarse.

Cales de Mallorca, la principal zona hotelera y por tanto turística del municipio de Manacor, lleva décadas reclamando ser recepcionada urbanísticamente. Nacida en los años 60 como promoción privada de apartamentos y hoteles para atender la demanda del primer boom del sol y playa, ha ido incorporando desde entonces población estable que, a pesar de pagar tributos y tasas por los servicios municipales, apenas recibe mantenimiento a cambio.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente los estatutos y las bases de la junta de compensación del Proyecto Residencial Estratégico de Son Ximelis, situación que abre el camino a la urbanización de 143.649 metros cuadrados, donde se podrán hacer 1.080 viviendas, según los datos municipales. Del total, 530 viviendas tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto tenía la aprobación inicial, pero hacía falta la definitiva para pisar el acelerador.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

Más de un centenar de vecinos de Palma se han unido este sábado en una cadena humana para mostrar rechazo a la construcción de un aparcamiento y otros equipamientos municipales en los solares anexos al antiguo edificio de Gesa. La protesta, convocada por la asociación Parc Sí, se ha hecho en el mismo lugar donde, según denuncian los residentes, el Ayuntamiento pretende levantar un “macroaparcamiento” y nuevas infraestructuras.

Hace unos días conversaba con un buen amigo que acaba de regresar de un viaje por Argentina y Chile. Hablábamos de los 'countries' argentinos, estas urbanizaciones cerradas, vigiladas y seguras que las clases medias-altas han tenido que construir para sentirse seguros en un país en el que la fractura que provoca la desigualdad se traduce no sólo en un índice de criminalidad considerable, aunque ha ido a la baja, sino en una percepción de inseguridad que no retrocede, pese a las mismas. La explicación es fácil, como me hizo ver a mi amigo: los ricos tienen miedo. No viven en sus torres de marfil, complejos de apartamentos exclusivos y áticos de lujo por una cuestión estética –o al menos no sólo por eso–, sino porque están acojonados.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

El Gobierno ha sacado a licitación por 1,3 millones de euros un contrato para externalizar la redacción y tramitación de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de agilizar expedientes, especialmente los vinculados a proyectos de construcción de vivienda. La decisión llega en un momento de fuerte presión del sector promotor, que denuncia desde hace meses retrasos en los informes hídricos y condicionan el otorgamiento de licencias y el inicio de obras en un contexto de demanda disparada de pisos.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha ganado la primera de las batallas que mantenía contra la Consejería del Mar y el Ciclo del agua, por lo que Cort podrá dar licencias de proyectos urbanísticos sin que Recursos Hídricos se ponga de por medio cuando se trate de zonas inundables. Así lo ha anunciado este martes el consejero Juan Manuel Lafuente, quien ha confirmado un procedimiento excepcional "pactado con el Ayuntamiento (de Palma) para que pueda informar directamente a los informes de recursos hídricos", ha explicado a pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras.

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, pronosticó que es "poco probable" que se construya en las áreas de transición de la ciudad, mientras sea el responsable del departamento. El concejal cuestionó así la propuesta de Vox para acelerar la urbanización de estos suelos y sus críticas al equipo de gobierno autonómico en esta materia. "Quien pretenda, con cualquier soflama, asegurar vivienda para mañana en cualquier ciudad de España, falta a la verdad porque la vivienda requiere una planificación y tiene unos tiempos de construcción. El Ayuntamiento comienza por explicar la verdad a la gente y por presentarle sus planes", indicó.

"Saturación", "gueto de viviendas protegidas" y perjuicios graves para los habitantes de El Molinar. Estas son algunas de las expresiones que el Partido Popular utilizó hace 16 años contra el mismo proyecto de Son Bordoy que hoy tramita como gobierno municipal. Corría el año 2010 y al amparo de la conocida Ley Carbonero (consejero de Vivienda del Gobierno de Francesc Antich) se tramitaba una reserva estratégica de suelo en Son Bordoy con el objetivo declarado de facilitar vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa pretendía dar respuesta a la dificultad de acceso a vivienda en Palma. La sociedad civil y el Partido Popular criticaron esta recalificación de suelo por varios motivos. Los populares fueron muy duros y utilizaron los argumentos exactamente contrarios a los que ahora defienden.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ariany mantiene el suelo urbano de la normativa actual y no contempla crecimiento para un uso residencial o turístico. De hecho, el único crecimiento previsto es el incremento de terrenos específicamente designados para realizar infraestructuras o servicios públicos.

La crónica de Maria Llull preparando la rentrée del Parlament hace un repaso imprescindible de la situación política. Y deja caer una idea inevitable. Dos años después del mayor intento realizado por un Govern balear, hay que decirlo claro, para resolver el problema de la vivienda, los resultados son normativamente abundantes, pero cuantitativamente escasos. No es sencillo. Mientras la clase media y alta europea (millones de personas) puedan acumular propiedades impunemente, el mercado ejercerá su reinado de forma inmisericorde. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el polígono de Levante, que debía ser un espacio de convivencia social y cultural con toda casta de perfiles, y ha acabado siendo un conjunto de pisos de alto standing imposibles de adquirir por los locales.

La península de Formentor entra en una nueva etapa urbanística. El pleno del Ayuntamiento de Pollença ha aprobado inicialmente este jueves la modificación del planeamiento urbanístico de la zona, un documento largo y complejo que debe sustituir a la ordenación vigente desde 1990 y que, según el alcalde, Martí March, representa "uno de los puntos más significativos de la legislatura en curso en materia de urbanismo". Con esta aprobación inicial se abre ahora un período de alegaciones de 45 días, después de que el Ayuntamiento presentara la documentación necesaria en enero: las normas urbanísticas modificadas, la evaluación ambiental y la nueva ordenación del suelo urbano de Formentor.

Cerca de la mitad de los proyectos de vivienda que se visaron en Mallorca en 2025 corresponden a chalés y viviendas unifamiliares, que siguen concentrando una parte muy relevante del esfuerzo inversor del sector, mientras las administraciones insisten en que la prioridad debería ser la vivienda plurifamiliar. Los datos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAAT) indican que en total se visaron 2.139 viviendas, de las cuales el 48,9% fueron chalés, frente a un 51,1% que representa los pisos. Sin embargo, la lectura no es del todo negativa si se tiene en cuenta que el número de viviendas plurifamiliares creció un 11,7% respecto al año anterior.

La ley de la sierra de Tramuntana tiene también una cara urbanística. La norma que prepara el PP, y que ya cuenta con el apoyo de Vox, permitirá la legalización de construcciones irregulares en este espacio emblemático. La proposición de ley, que llegará al Parlamento el próximo período de sesiones, incorpora una serie de artículos que regularizarán las fórmulas para que viviendas ilegales puedan acogerse a una especie de amnistía, ya que no se han podido beneficiar de la que el PP y Vox ya aprobaron en la Cámara.

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este viernes al primer responsable de la nueva Gerencia de Urbanismo, Pedro Puche Andreu, recientemente nombrado por el pleno municipal con el apoyo unánime de los 21 concejales. De esta forma culmina el proceso de creación del nuevo órgano técnico, impulsado para afrontar los retos derivados del crecimiento del municipio y reducir los plazos de tramitación de licencias.

Palma tramita tres Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) con más de 6.000 pisos que se han acogido a la ley que permite acelerar estas iniciativas -la Ley de medidas urgentes para la obtención de suelo-, según ha confirmado a la ARA Baleares la asociación de promotores inmobiliarios Proinba. Se trata de actuaciones que aprovechan que en un solo procedimiento se llevan a cabo todos los trámites que antes se resolvían secuencialmente -planeamiento urbanístico, reparcelación y urbanización- reduciendo los plazos de hasta diez años a entre 18 y 24 meses. "Aun así, estos plazos ya no podrán acortarse más, y no podemos esperar a muy corto plazo. En cualquier caso, estas edificaciones estarán en marcha mucho antes de que si las hubiéramos tramitado por la vía convencional", explica el presidente de Proinba, Óscar Carreras.

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este viernes al primer responsable de la nueva Gerencia de Urbanismo, Pedro Puche Andreu, recientemente nombrado por el pleno municipal con el apoyo unánime de los 21 concejales. De esta forma, culmina el proceso de creación del nuevo órgano técnico, impulsado para afrontar los retos derivados del crecimiento del municipio y reducir los plazos de tramitación de licencias.

A partir de ahora, será posible presentar una declaración responsable de los proyectos de ejecución de obras para obtener licencias urbanísticas en Palma. Cort implantó esta medida para reducir los trámites "de meses a días", según explicó este jueves el concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos de Corte, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Gerencia de Urbanismo. Según informó Europa Press, Fidalgo aseguró que esta iniciativa no supondrá que se eliminen controles urbanísticos, sino que eliminará duplicidades. Esta medida afecta principalmente a las licencias de obra nueva y las de obra mayor, ya que la mayoría de las reformas ya pueden llevarse a cabo con una declaración responsable –las que no tocan estructuras o parámetros esenciales.