El Gobierno introdujo a última hora una modificación legal de la normativa de aguas para eximir algunas operaciones urbanísticas de la necesidad de conseguir la autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos. Una disposición adicional de la Ley ómnibus aprobada por el PP y Vox permite evitar nuevos informes de suficiencia hídrica (disponibilidad de agua) en determinados casos, siempre que se considere que un determinado planeamiento o proyecto no supone un aumento de la demanda o que no hayan cambiado las circunstancias que justificaron informes anteriores.

Palma quiere continuar creciendo en población y el equipo de Jaime Martínez no piensa renunciar a ello a pesar de la falta de agua que los técnicos de Recursos Hídricos ya detectaron y constataron en el año 2023. Esta es una de las conclusiones del Plan de gestión sostenible del agua que ha impulsado Emaya, que justo ha superado el periodo de exposición pública. El documento apuesta por incrementar la desalación y extraer más agua del subsuelo: hasta 10 millones de litros más al día de los que se obtienen actualmente, a pesar de la delicada situación de los acuíferos.

En un momento en que los pueblos del interior de Mallorca se enfrentan al reto de la emergencia climática y la pérdida de identidad urbana, voces jóvenes como la de Miquel Fiol Munar (Costitx, 2000) aportan una mirada fresca, necesaria y estudiada. Arquitecto formado en la ETSAV (UPC) de Sant Cugat, Fiol combina su tarea profesional en el estudio Marès de Inca con su propio proyecto personal, amf.studio, desde donde explora una arquitectura comprometida con el territorio y el patrimonio.

Año 1994. En Son Espanyolet, una barriada residencial de Palma caracterizada por las plantas bajas y los corrales, la vida gira en torno a un par de ejes neurálgicos. Hay un centro parroquial, propiedad de los teatinitas, que acoge desde el club de baloncesto Espanyol hasta la ya desaparecida compañía de teatro Nostra Terra. En una esquina, en la calle de Contestí, una mercería es mucho más que una tienda: es un punto de encuentro, donde pasan la tarde muchas personas que aprenden a coser y hacer ganchillo.

Una nueva promoción de viviendas en la calle de Joan Bauzà, en el barrio palmesano de Pere Garau, ha encendido el debate entre los vecinos a causa de los precios de venta. La mayoría de los pisos superan los 330.000 euros sin IVA, con importes que pueden llegar a los más de 530.000 euros (con IVA), unas cifras que muchos residentes consideran fuera del alcance de la población habitual de la zona (y que los expulsa del barrio donde han crecido y quieren vivir).

¿Qué pasa con el pabellón cubierto que desde hace años debe construirse en los alrededores de la zona deportiva de la torre de los Enagistes? ¿Cuáles son los problemas que hacen que un proyecto tan necesario para el deporte manacorí todavía no tenga ni los terrenos comprados? Podríamos enumerar toda una serie de causas urbanísticas, que también pasan por el Consell de Mallorca, pero que tienen en el Plan general municipal el principal escollo.

Bunyola da un paso adelante en materia de vivienda pública. El Institut Balear de l'Habitatge ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la construcción de diez viviendas de protección pública en el municipio, una actuación que tiene como objetivo ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias.

El pasado mes de marzo, la Conselleria del Cicle de l’Aigua i de la Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, después de una larga batalla judicial desde 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

En contra de lo que habían dicho los tribunales en primera instancia, el Consell de Mallorca deberá indemnizar a la promotora que tenía licencia para hacer una urbanización en el Guix (Escorca). El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha estimado solo en parte el recurso de la promotora Urnova por el largo litigio urbanístico del Guix, que desencadenó la polémica por el impacto de un conjunto de chalets pegados al monasterio de Lluc. La sala reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por cinco parcelas de terreno afectadas por la desclasificación urbanística que se llevó a cabo para evitar que se construyera en un lugar tan emblemático. El tribunal, sin embargo, rechaza el grueso de la indemnización solicitada, correspondiente al proyecto principal de construcción de viviendas que nunca llegó a ejecutarse.

Cales de Mallorca, la principal zona hotelera y por tanto turística del municipio de Manacor, lleva décadas reclamando ser recepcionada urbanísticamente. Nacida en los años 60 como promoción privada de apartamentos y hoteles para atender la demanda del primer boom del sol y playa, ha ido incorporando desde entonces población estable que, a pesar de pagar tributos y tasas por los servicios municipales, apenas recibe mantenimiento a cambio.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente los estatutos y las bases de la junta de compensación del Proyecto Residencial Estratégico de Son Ximelis, situación que abre el camino a la urbanización de 143.649 metros cuadrados, donde se podrán hacer 1.080 viviendas, según los datos municipales. Del total, 530 viviendas tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto tenía la aprobación inicial, pero hacía falta la definitiva para pisar el acelerador.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

Más de un centenar de vecinos de Palma se han unido este sábado en una cadena humana para mostrar rechazo a la construcción de un aparcamiento y otros equipamientos municipales en los solares anexos al antiguo edificio de Gesa. La protesta, convocada por la asociación Parc Sí, se ha hecho en el mismo lugar donde, según denuncian los residentes, el Ayuntamiento pretende levantar un “macroaparcamiento” y nuevas infraestructuras.

Hace unos días conversaba con un buen amigo que acaba de regresar de un viaje por Argentina y Chile. Hablábamos de los 'countries' argentinos, estas urbanizaciones cerradas, vigiladas y seguras que las clases medias-altas han tenido que construir para sentirse seguros en un país en el que la fractura que provoca la desigualdad se traduce no sólo en un índice de criminalidad considerable, aunque ha ido a la baja, sino en una percepción de inseguridad que no retrocede, pese a las mismas. La explicación es fácil, como me hizo ver a mi amigo: los ricos tienen miedo. No viven en sus torres de marfil, complejos de apartamentos exclusivos y áticos de lujo por una cuestión estética –o al menos no sólo por eso–, sino porque están acojonados.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

El Gobierno ha sacado a licitación por 1,3 millones de euros un contrato para externalizar la redacción y tramitación de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de agilizar expedientes, especialmente los vinculados a proyectos de construcción de vivienda. La decisión llega en un momento de fuerte presión del sector promotor, que denuncia desde hace meses retrasos en los informes hídricos y condicionan el otorgamiento de licencias y el inicio de obras en un contexto de demanda disparada de pisos.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha ganado la primera de las batallas que mantenía contra la Consejería del Mar y el Ciclo del agua, por lo que Cort podrá dar licencias de proyectos urbanísticos sin que Recursos Hídricos se ponga de por medio cuando se trate de zonas inundables. Así lo ha anunciado este martes el consejero Juan Manuel Lafuente, quien ha confirmado un procedimiento excepcional "pactado con el Ayuntamiento (de Palma) para que pueda informar directamente a los informes de recursos hídricos", ha explicado a pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras.

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, pronosticó que es "poco probable" que se construya en las áreas de transición de la ciudad, mientras sea el responsable del departamento. El concejal cuestionó así la propuesta de Vox para acelerar la urbanización de estos suelos y sus críticas al equipo de gobierno autonómico en esta materia. "Quien pretenda, con cualquier soflama, asegurar vivienda para mañana en cualquier ciudad de España, falta a la verdad porque la vivienda requiere una planificación y tiene unos tiempos de construcción. El Ayuntamiento comienza por explicar la verdad a la gente y por presentarle sus planes", indicó.

"Saturación", "gueto de viviendas protegidas" y perjuicios graves para los habitantes de El Molinar. Estas son algunas de las expresiones que el Partido Popular utilizó hace 16 años contra el mismo proyecto de Son Bordoy que hoy tramita como gobierno municipal. Corría el año 2010 y al amparo de la conocida Ley Carbonero (consejero de Vivienda del Gobierno de Francesc Antich) se tramitaba una reserva estratégica de suelo en Son Bordoy con el objetivo declarado de facilitar vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa pretendía dar respuesta a la dificultad de acceso a vivienda en Palma. La sociedad civil y el Partido Popular criticaron esta recalificación de suelo por varios motivos. Los populares fueron muy duros y utilizaron los argumentos exactamente contrarios a los que ahora defienden.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ariany mantiene el suelo urbano de la normativa actual y no contempla crecimiento para un uso residencial o turístico. De hecho, el único crecimiento previsto es el incremento de terrenos específicamente designados para realizar infraestructuras o servicios públicos.