La política se ha convertido en España en una actividad de riesgo, una carrera permanente para sostener mayorías improbables, tarea más propia de acróbatas y especialistas de cine. Gente que no sufra en ningún caso problemas vasculares. Incluso en Andalucía la mayoría del PP no ha aguantado el desgaste. Ansiedad y equilibrios: esa es también la situación en general en Baleares. Excepto en Ibiza. En la isla más agitada del Mediterráneo, tan moderna como febril, los políticos viven en un benéfico oasis: es la magia de la mayoría absoluta. Falta un año para las próximas elecciones locales y autonómicas (las últimas fueron el 28 de mayo de 2023) y aquí no se mueve ni una hoja en un árbol. Ciertamente, en las últimas semanas Aena ha animado un poco el cotarro con su delirante propuesta de ampliación del aeropuerto. ¡Pero vamos! Aquí vamos a lo que vamos; de aquí a dos días nadie se acordará, de Aena y de sus sueños megalómanos –que no dudéis que se ejecutarán en un porcentaje elevado. Que empieza la temporada y hay que hacer caja para todo el año.

El estallido del caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE han trastocado el PSIB y ha provocado la reacción de la derecha en las Illes Balears. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que "la legislatura se ha acabado" tras conocer esta noticia, en la línea del posicionamiento estatal del PP, que ha reclamado que se avancen las elecciones. "Pedro Sánchez debe devolver la voz a los ciudadanos", ha insistido.

El Parlament ha aprobado este martes la Ley ómnibus después de un proceso accidentado en el Parlament que ha puesto a la izquierda en pie de guerra y ha provocado, incluso, las quejas de los letrados. La norma se comenzó a tramitar como ley de proyectos estratégicos pero, en un giro de guion, el PP modificó el título para introducir una setentena de enmiendas propias sobre temas que no tenían nada que ver y, de paso, dar cumplimiento a los pactos con Vox pendientes de oficializar. La oposición en bloque ha denunciado el "desgavell", pero mientras MÉS per Mallorca y Més per Menorca se han negado a participar, el PSIB sí que ha pactado algunas enmiendas con el PP sobre el sector del taxi y la integración de la Agencia Tributaria (ATIB). El caos legislativo se ha mantenido hasta el último minuto, en que los diputados no comprendían los bloques de las votaciones y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha tenido que hacer un receso para aclararse y, finalmente, se ha tenido que recurrir al voto nominal.

Salvador Illa continúa al frente de las encuestas sobre las elecciones del 12-M. Según el último sondeo, publicado por Crónica Global, los socialistas mejorarían los resultados del 2021 y se situarían en 38 diputados –ahora tienen 33–. Ahora bien, Illa podría volver a erigirse vencedor en las urnas sin llegar a la Generalitat. Según la encuesta, el independentismo mantendría la mayoría con 69 escaños, con Junts (33 diputados) por delante de Esquerra (28 diputados) y la CUP (8 diputados), una suma que podría abrir la puerta a la investidura del expresidente Carles Puigdemont. Otra posible mayoría de gobierno pasaría por un tripartito de socialistas, republicanos y comunes, que se quedarían con cinco diputados en el Parlament. Aun así, Esquerra se ha negado ya públicamente a hacer Illa presidente de la Generalitat.

El caso de corrupción que afecta al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha marcado el pleno del Parlament de este martes. Después de la reciente visita de Alberto Núñez Feijóo a Palma, que aseguró que "la corrupción del PSOE es peor que la mafia", los populares han ahondado en la herida en la sesión de control al Govern, mientras que el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha ahondado en las causas judiciales abiertas en las filas del PP autonómico.

Cuando todas las encuestas, y más aún después de la ola azul del 28-M, pronostican una victoria más o menos ajustada del bloque de derechas en el Estado al 23-J, el CIS hace exactamente lo contrario. Según el organismo que dirige José Félix Tezanos, la izquierda no solo no retrocede, sino que avanza, ya que tanto el PSOE como Sumar podrían mejorar sus resultados hasta el punto de rozar la mayoría absoluta. En cambio, el PP y Vox no llegarían en ningún caso.

Nuestro día llegará, se podía leer el sábado en la grada de animación del estadio de Balaídos en el partido entre el Celta y el Barça. Con decenas de banderas esteladas (esteladas), los aficionados no se referían a la suerte de los futbolistas, sino a la del Bloque Nacionalista Gallego. Podía ser este domingo, pero el día no ha llegado y no ha habido giro histórico en Galicia. El PP suma la quinta mayoría absoluta consecutiva con 40 diputados, dos menos que los que consiguió Alberto Núñez Feijóo hace cuatro años, frena los vientos de cambio y Alfonso Rueda continuará en la Xunta. El BNG consigue sus mejores resultados, con 25 escaños –gana 6–, en detrimento del PSdeG, que sufre un duro revés y cae hasta los 9 diputados, cinco menos que en 2020. Con esta victoria, Feijóo salva un match ball que podría haberlo puesto contra las cuerdas en el liderazgo del PP.

Las elecciones en Galicia se están ajustando cada vez más y el PP ve peligrar de lleno la mayoría absoluta incluso antes de que se desencadenara el efecto Puigdemont por la propuesta de indulto condicionado al expresidente por parte de Alberto Núñez Feijóo. Así lo revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previo a los comicios autonómicos de este domingo, en que los populares liderados por Alfonso Rueda se han atascado en el 42,2% de los votos y entre 34 y 38 escaños –los mismos que en la anterior encuesta–, mientras el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) se dispara. Los soberanistas llegan al 33,4% de los sufragios, con un crecimiento que les permitiría alcanzar entre 24 y 31 diputados, récord histórico de la formación. Si el CIS acierta, este doble escenario hace pender de un hilo la mayoría absoluta conservadora en el Parlament. Paralelamente, el PSdeG-PSOE se hunde hasta el 18% de los apoyos, cosa que lo sitúa entre los 9 y los 14 diputados, en un resultado especialmente negativo para la candidatura socialista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha sacado pecho este sábado en el Palau de Congressos de Palma de los resultados del partido en las últimas elecciones autonómicas. "Hemos ganado 10 de las últimas 12 elecciones autonómicas", ha reivindicado. Con este aval, el popular ha marcado músculo ante el PSOE, cada vez más aislado en la Moncloa y atenazado por los últimos casos de corrupción. "Nunca habíamos visto esta degradación institucional", ha espetado: "La corrupción del PSOE es peor que la mafia, porque la mafia al menos dejaba al margen a la familia".

MÁS por Mallorca y MÁS por Menorca han frenado este miércoles la pretensión del PP, el PSIB y Vox de tramitar la ley ómnibus en el pleno antes de que el procedimiento acabe todos los pasos en comisión parlamentaria. "Se ríen del parlamentarismo", ha lamentado el líder ecosoberanista, Lluís Apesteguia. "Si la ciudadanía viera lo 'cutre' que es el Parlament, se pondría las manos en la cabeza", ha lamentado por su parte el menorquinista Josep Castells.

El PP ha cargado este martes contra el banco socialista con motivo de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que "tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el mal que hacen a España y a los españoles".

El PP ha lanzado una llamada a los votantes de izquierdas que "no pueden ver" que Vox condicione gobiernos e investiduras. Es la primera reacción del portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, después de los resultados de las elecciones en Andalucía, con un desenlace insatisfactorio para el PP de Juanma Moreno Bonilla, que a pesar de ser la fuerza más votada ha perdido cinco diputados respecto a 2022, ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y volverá a necesitar a Vox para gobernar.

Aena tiene sus propios planes para el aeropuerto de Eivissa y no son los que querrían los eivissencos. Al menos, no son los que querría el Consell eivissenco, que defiende oficialmente que la isla ya ha tocado techo en cuestión de visitantes. Tanto es así que, en Eivissa, igual que pasa en Formentera, el número de vehículos que pueden acceder por mar durante el verano está limitado y regulado. Pero en Eivissa los visitantes llegan sobre todo por aire. Y llegan muchos. Solo hasta abril ya han pasado por el aeropuerto del Codolar 1.374.000 pasajeros. Casi el triple de los que han pasado por Menorca en el mismo tiempo; sirva la comparación para hacerse una idea del impacto que tiene el aeropuerto eivissenco. Y aún no ha comenzado la temporada fuerte, a final de año serán más de 9 millones seguramente.

El Parlamento ha reclamado al Gobierno que elabore y publique el Informe del Estado del Medio Ambiente de las Islas Baleares antes de que acabe el 2026 gracias a la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PSIB en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. A pesar de que Vox ha sido el único partido en votar en contra, el PP ha maniobrado para no tener que hacer el estudio, obligatorio por ley, esta legislatura. Los populares han presentado una enmienda para eliminar la fecha de plazo de presentación que figuraba en el primer punto y, como el PSIB la ha rechazado, se han abstenido (los populares sí que han votado a favor de los otros puntos de la iniciativa).

El PP ha conseguido el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios para empezar a tramitar la ley de capitalidad de Palma en el Parlament. Pero también ha tenido que corregir la propuesta del alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez. La oposición señalaba una disposición adicional que permitía eliminar la reserva mínima de pisos de protección oficial o a precio limitado en nuevas promociones urbanísticas, que finalmente desaparecerá del texto. Así se ha comprometido el mismo alcalde, que ha defendido el texto en el hemiciclo.

El Gobierno ha aprobado este viernes movilizar 15,3 millones de euros para un paquete social que complementa el decreto ley anticrisis. El Ejecutivo ha dividido el escudo social en dos decretos ley: el primero, que contenía las medidas económicas dirigidas a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Medio, se aprobó a finales de marzo con el apoyo del PSIB y el voto en contra de Vox. Los partidos aún no se han pronunciado sobre si darán apoyo a esta nueva medida. Con todo, en esta ocasión el PP ha tenido en cuenta la exigencia de la prioridad nacional establecida por Vox en el paquete de ayudas aprobado en el Consell de Mallorca, y también exigirá un mínimo de años de residencia a quien quiera acceder a ayudas directas.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, es una figura cuestionada dentro y fuera de Vox. Está distanciado de la dirección del partido y también del sector crítico que se congrega alrededor de la figura de Jorge Campos. Además, fuentes de la institución insular confirman que no tiene buena relación con los consejeros insulares de extrema derecha, ni tampoco con su equipo en la Consejería. "Antoni Gili [portavoz de Vox en el Consell] y él no se hablan", asegura una fuente conocedora. Por este motivo, la polémica destapada en los últimos días sobre el supuesto uso indebido de Bestard del coche oficial ha removido los cuadros internos. La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, criticó el lunes a los "partidos" que lanzan "acusaciones" contra él, y algunas voces de la formación señalan al PP por haber "agrandado" la polémica. Pero lo cierto es que Bestard tiene adversarios dentro de sus filas. Si ahora está en el punto de mira, advierten diversas fuentes del partido, podría ser a consecuencia de intereses internos para alimentar la controversia. "Esto ha sido fuego amigo", señala un cargo autonómico.

El PP ha aceptado la enmienda de Vox para eliminar el requisito de catalán en las plazas para docentes en lugares de muy difícil cobertura a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos. También las que bajan la nota de catalán en el instituto necesaria para obtener el certificado de catalán (B2 y C1), permiten que la Policía Local tenga pistolas táser y eliminan la prohibición del tiro a la tórtola y la codorniz. Aunque esta aceptación es aún en la fase de ponencia, es decir, no es definitiva, la novedad es que el popular no ha presentado ninguna enmienda a estos textos. Por lo tanto, no introducirán ninguna obligatoriedad para que cientos de docentes afectados por la normativa tengan que acreditar el catalán, ni tan solo para poder escoger su centro de destino una vez consoliden su plaza, como habían dicho que harían.