El avance de los exámenes finales y del cierre de las actas de evaluación de primer de Bachillerato ha alterado el final de curso en los institutos de las Baleares y ha abierto un debate creciente entre docentes, familias y alumnos sobre el sentido real que tendrá ahora el mes de junio. La decisión de la Conselleria de Educación —que fija el cierre de las notas ordinarias antes del 5 de junio y mantiene las clases hasta el día 19— pretendía reorganizar el calendario, adelantar las recuperaciones y destinar las semanas posteriores tanto al acompañamiento del alumnado con asignaturas pendientes como al mantenimiento de la actividad lectiva con los estudiantes aprobados. Pero, sobre el terreno, la percepción mayoritaria es otra: se ha disparado el absentismo y se ha perdido tiempo efectivo de aprendizaje.

El Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB) ha expresado el rechazo a las medidas relativas al conocimiento del catalán incluidas dentro de la Ley ómnibus, que considera un “ataque grave” al proceso de normalización lingüística. El órgano, encargado de analizar las normativas que inciden en el ámbito educativo, ha puesto especialmente el acento en dos disposiciones: la exención del requisito de catalán para el profesorado que acceda a la funcionariado en plazas de muy difícil cobertura y la posibilidad de que el alumnado que resida temporalmente en las Baleares no tenga que examinarse de esta materia.

Los docentes de la escuela pública de las Baleares no dispondrán finalmente de días de libre disposición –los conocidos como días personales– después de que la propuesta presentada por la Conselleria de Educación no haya prosperado en el trámite de negociación en la Mesa Sectorial por el rechazo sindical. La medida preveía por primera vez una regulación específica para el colectivo docente del permiso por asuntos particulares, un derecho que ya está reconocido para el resto de funcionarios, pero que hasta ahora no se había desplegado de manera concreta en el ámbito educativo.

UOB Enseñanza ha exigido la dimisión de la directora general de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, por su gestión de la Mesa Sectorial de Educación (MSE). En un comunicado, el sindicato asegura que "el estado en el que se encuentra actualmente la Mesa Sectorial de Educación es deplorable" y afirma que, durante la última sesión convocada, el 1 de junio, se puso de manifiesto que los representantes de la Conselleria de Educación y Universidades "no dan ningún valor a la Mesa, a las aportaciones y reivindicaciones de los sindicatos y, por extensión, a las demandas de los trabajadores".

Ocho de cada diez docentes de las Illes Balears que han participado en una consulta impulsada por el Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) se muestran favorables a la convocatoria de una huelga indefinida en el sector educativo. Según los resultados de la encuesta hechos públicos este lunes por el sindicato, el 80,8% de los participantes avalan esta opción, mientras que el 11,7% se oponen y un 7,5% aseguran no tener una posición definida.

Lara de la Torre es una maestra canaria que ejerce en Educación Infantil y Primaria en las Baleares y ha explicado en un vídeo en las redes sociales cómo ha aprendido catalán en tres años, un proceso que ha culminado en la obtención del certificado C1 y que asegura que aún continúa. "En primer lugar, me ayudó mucho leer en catalán. Al principio me costaba, pero leerlo todo en catalán me permitió aprender mucho vocabulario nuevo y también entender mejor los pronombres débiles. Además, me apunté a un club de lectura y fue increíble. En segundo lugar, empecé a utilizar el catalán para todo: en la peluquería, en el ayuntamiento, en el supermercado, en las tiendas… y sin vergüenza, pidiendo cualquier duda que tenía. Y lo más importante para mí ha sido ir a clase. Esto me ha ayudado a tener una buena estructura y una buena gramática. Y así es como he aprendido catalán, aunque todavía sigo aprendiendo."

La Asamblea de Docentes ha acordado destinar 100.000 euros de su caja de resistencia al apoyo de las huelgas educativas del País Valenciano y Cataluña. La decisión se ha tomado este lunes durante una asamblea general urgente celebrada en el IES Berenguer, en un contexto marcado por la reactivación de las movilizaciones educativas en los territorios de habla catalana y por el conflicto laboral del sector 0-3 en las Islas Baleares.

El Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) ha iniciado una consulta a todos los docentes de las Islas Baleares para valorar la convocatoria de una huelga indefinida, en un movimiento que pretende sumarse a las movilizaciones que ya se impulsan en Cataluña y el País Valenciano.

“Me llamo Lara, soy maestra en Baleares y tengo un C1 de catalán. Después de tres años viviendo aquí, de mucho esfuerzo, de horas de estudio, de mucha paciencia, de muchos días en que decía: ‘¡No entiendo nada! ¿Qué es eso de los pronombres étonicos?’. Pero finalmente tengo el C1 de catalán y lo puedo decir bien orgullosa. ¿Me ha costado? Sí. ¿Si algún día voy a vivir fuera, habré perdido el tiempo? No. Exigir que los maestros conozcan la lengua del lugar donde dan clase no es un obstáculo: es una muestra de respeto hacia la cultura, hacia las familias y hacia los niños”, explica Lara, maestra en las Illes Balears que ha obtenido el certificado C1 después de tres años de esfuerzo y de inmersión lingüística.

La sustitución del sistema de gestión educativa en las Illes Balears ha abierto un debate de fondo sobre el papel de las grandes corporaciones privadas en infraestructuras públicas esenciales. El Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears ha expresado la “preocupación ante el proceso de sustitución que lleva a cabo la Conselleria d’Educació i Universitats” en relación con el cambio de la plataforma de gestión académica GestIB por una nueva solución llamada Llull, derivada de Séneca y adjudicada mediante contrato público a la corporación privada Ayesa. En este contexto, el colectivo docente alerta especialmente del riesgo de dependencia tecnológica de grandes actores externos en la gestión de datos educativos delicados.

La Consejería de Educación prepara un nuevo decreto con el que quiere reforzar de manera significativa la autoridad del profesorado y de los equipos directivos de los centros educativos. El texto normativo, que se está empezando a diseñar, incluirá el reconocimiento institucional del personal docente como autoridad pública, una medida que el Gobierno considera clave para mejorar la convivencia en los centros. Un funcionario con autoridad pública es aquel empleado que, por razón de su cargo, tiene reconocido legalmente un poder de decisión, mando o jurisdicción propia. Este estatus otorga una protección jurídica superior a sus actos e implica una mayor responsabilidad ante la ley.

La Consejería de Educación ha abierto expedientes disciplinarios contra cinco miembros de la estructura directiva y técnica del IES Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares (CTEIB), en Palma, a raíz de las conclusiones obtenidas después de la inspección extraordinaria realizada el pasado junio, según ha avanzado el Diario de Mallorca. La decisión llega después de meses de tensiones internas y de una investigación reservada impulsada por la Consejería. Hay que recordar que en el mes de febrero 38 miembros del claustro hicieron un comunicado para desmentir "una supuesta crisis interna y malas prácticas del equipo directivo". Ahora, la apertura del expediente disciplinar y el peso de las acusaciones refuerza la tesis contraria.

El nuevo calendario de las oposiciones docentes en Baleares –adelantadas de junio al mes de mayo– ha convertido la convocatoria del 2026 en un punto de inflexión que genera opiniones divididas entre los aspirantes: hay quien ve con buenos ojos el nuevo encaje dentro del curso escolar, pero también quien cuestiona que la decisión se anunciara en febrero y se aplicara el mismo año, en lugar de planificarla con más margen para el 2027. Lo que había sido durante años una rutina asumida dentro del sistema educativo se ha visto alterado por una reorganización que, según aspirantes y tribunales, ha intensificado la presión (y ha provocado abandonos), ha alterado la preparación y ha puesto sobre la mesa la sostenibilidad del modelo.

Las mascotas de los futuros docentes bilingües han acabado ocupando un papel inesperado: el de interlocutores perfectos para practicar catalán sin presión, sin correcciones y sin debate lingüístico posible. La primera encuesta sobre usos lingüísticos del alumnado de la Facultad de Educación revela que hablar con las mascotas es uno de los pocos contextos en que el catalán gana claramente terreno. En una escala en que 6 significa 'siempre' y 1 'nunca', el uso del catalán llega al 3,35, mientras que el del castellano se queda en el 2,96. De hecho, este es uno de los pocos ámbitos –junto con la relación con uno de los progenitores– donde el catalán se impone al castellano entre los estudiantes bilingües en las dos lenguas oficiales.

El caso de Miquel Roldán ha situado al sistema educativo ante un conflicto tan delicado como difícil de resolver. El docente, condenado por acosar a un menor, volvió a ejercer después de haber cumplido la pena impuesta por la Justicia. Y es precisamente en este hecho donde aparece la contradicción que hoy sacude a una escuela pública de Palma, inquieta a las familias y deja a la Conselleria de Educación sin margen de maniobra. Legalmente, Roldán puede volver a dar clase y ser tutor del grupo de niños que se le asigne. Socialmente, una parte importante de la comunidad educativa considera incomprensible que esto sea posible.

La legislación vigente permite que un docente condenado por acoso a menores continúe ejerciendo en las aulas cuando ya ha cumplido la pena. Es la situación actual, a la espera de que el gobierno de España concrete el texto de la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para impedir estos casos, con la duda aún abierta sobre si se aplicará con carácter retroactivo. El debate se ha acelerado a raíz del caso de Miquel Roldán, profesor interino condenado en 2024 a un año de prisión por haber acosado a un exalumno. La ley no prevé casos como el de Roldán y ha podido volver a ejercer.

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para, entre otras medidas, impedir que docentes condenados por delitos relacionados con menores puedan ejercer. Esta decisión ha tenido un eco especial en Baleares a raíz del caso de Miquel Roldán, un profesional condenado a un año de prisión por acosar a un exalumno, que al volver a ejercer ha provocado que las familias del CEIP Son Pisà y del CEIP Maria Antònia Salvà hagan huelga para rechazar que esté dentro de un aula con niños. Ahora bien, ¿efectará realmente esta modificación legislativa?

La Consejería de Educación y Universidades ha iniciado este sábado las pruebas del proceso selectivo de oposiciones para el ingreso al cuerpo docente. Del total de 1.335 aspirantes admitidos, finalmente se han presentado 1.082 docentes, que optan a una de las 630 plazas convocadas este año.

Miquel Roldán, el docente interino destinado al CEIP Son Pisà, fue condenado en 2024 a un año de prisión por un delito de acoso a un menor con quien había mantenido relación después de haber sido su profesor. La sentencia, a la que ha tenido acceso en primicia el ARA Balears, considera probado que el condenado mantuvo una conducta “persistente y reiterada” para intentar continuar el contacto con el joven a pesar de que este le había pedido expresamente que lo dejara en paz y lo había bloqueado de redes sociales y aplicaciones.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en una primera lectura, a la ampliación de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, vigente desde 2021. La reforma endurece los criterios para poder trabajar o mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores. A partir de ahora, será requisito imprescindible no tener antecedentes por delitos vinculados con la infancia para acceder a estos puestos de trabajo. Con esta medida se quieren evitar situaciones como la del docente Miguel Roldán, condenado por acoso a un alumno y cuya incorporación a un centro educativo generó rechazo entre las familias.