Los docentes de las Baleares que quieran trasladarse a otra comunidad autónoma podrán presentar las solicitudes del 5 al 26 de noviembre, en el marco del concurso estatal de traslados, coordinado por el Ministerio de Educación. Pueden participar tanto los funcionarios de carrera que quieran cambiar de destino como los funcionarios en prácticas que todavía no disponen de una plaza definitiva, así como aquellos funcionarios de carrera que están en expectativa (sin plaza en propiedad). Este procedimiento se convoca en años alternos al concurso autonómico de traslados y permite la movilidad del profesorado entre comunidades. Así, los docentes de las Islas pueden optar a un destino fuera del Archipiélago, mientras que profesores de otros territorios también pueden solicitar plazas en las Baleares.

Las oposiciones docentes de las Baleares de 2027 comenzarán el 17 de abril. La Consejería de Educación ha anunciado la fecha con seis meses de antelación y convocará un total de 474 plazas de diferentes cuerpos docentes. El objetivo es que los aspirantes conozcan con tiempo cuándo se examinarán y facilitar la organización de los centros educativos de las Islas. El consejero de Educación, Antoni Vera, ha destacado que avanzar el calendario permitirá agilizar los procedimientos administrativos previos al inicio del curso. “Los opositores ya saben cuándo será el examen”, ha señalado.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha admitido a trámite la demanda colectiva del STEI contra el Govern para reclamar el pago íntegro de las pagas extraordinarias de los docentes de las Baleares. El sindicato pide que se incluyan el complemento específico autonómico y el de carrera profesional.

Las federaciones de familias de Ibiza, Menorca y Mallorca han reclamado al consejero de Educación y Universidades, Antoni Vera, más recursos para garantizar la inclusión y la equidad educativa, además de avances en los servicios complementarios, la climatización de los centros y la gratuidad real de la educación. Las entidades, agrupadas en la Confederación COAPA Baleares, se han reunido con Vera y con la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, Neus Riera, para trasladarles sus propuestas.

El sindicato SIAU denuncia que las elecciones sindicales del personal docente no universitario de las Baleares han comenzado con “menos transparencia y garantías” que hace cuatro años. Hoy se han constituido formalmente las mesas electorales coordinadoras de cada isla, hecho que da el pistoletazo de salida al proceso electoral, que culminará con la votación el 2 de diciembre. La campaña electoral se realizará del 16 al 30 de noviembre.

Los docentes de las Baleares irán a las urnas el próximo 2 de diciembre para elegir a sus representantes sindicales. Las elecciones llegan en un momento especialmente relevante para el futuro del sistema educativo, porque los representantes que salgan de este proceso serán los encargados de negociar y aplicar con la Consejería de Educación el nuevo acuerdo marco educativo 2027-2031 y, posteriormente, de realizar su seguimiento y vigilar su aplicación durante los próximos años. El calendario electoral ya está fijado. Los censos se publicarán el 22 de octubre a las 10.00 h y los docentes dispondrán hasta el 27 de octubre a las 10.00 h para presentar reclamaciones. El censo definitivo se publicará el 29 de octubre a las 12.00 h.

El STEI reclama la dimisión de la directora general de Primera Infancia, Neus Riera, por la gestión de los 49 nuevos puestos de Técnica de Educación Infantil (TEI) creados para el curso 2026-2027. El sindicato considera que la Consejería de Educación ha gestionado de manera “nefasta” estas plazas y denuncia que las profesionales no han sido nombradas por vacante para todo el curso. Según explica el STEI, esta semana Riera debía comparecer ante la Mesa Sectorial de Servicios Generales, a petición del sindicato, para dar explicaciones sobre la situación. En concreto, debía explicar por qué las 49 nuevas plazas de TEI no se han cubierto con nombramientos por vacante. Finalmente, según el sindicato, la directora general no compareció y presentó un escrito con sus explicaciones.

Hay una frontera dentro de las escuelas y los institutos que no se ve en las aulas. No separa a maestros de profesores, ni a Primaria y FP de Secundaria. Es una letra y un número: A1 o A2. Una clasificación administrativa vinculada al nivel de titulación exigido para acceder a los diferentes cuerpos docentes que, décadas después, continúa determinando el lugar que ocupa cada profesional dentro de la función pública. Un maestro de Infantil o Primaria y un profesor de Secundaria tienen funciones diferentes, especialidades diferentes y trabajan con alumnos de edades diferentes. Pero todos forman parte de una misma estructura educativa. La paradoja es que la reforma universitaria que convirtió las antiguas diplomaturas y licenciaturas en grados no fue acompañada de una revisión equivalente de los cuerpos docentes, un hecho que ha generado una desigualdad organizativa y, sobre todo, salarial.

La Consejería de Educación y el Consell de Formentera quieren construir una cuarentena de viviendas de alquiler destinadas al personal docente desplazado a la isla. Las dos administraciones firmaron un protocolo para impulsar el proyecto, que pretende dar respuesta a uno de los principales obstáculos para cubrir y retener allí al profesorado de la isla, que mayoritariamente viene de fuera: la dificultad para encontrar una vivienda asequible y estable. Los futuros pisos se ubicarían en unos terrenos que el Consell cederá en es Pujols. El proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. Las administraciones deben concretar las necesidades de alojamiento, el emplazamiento y las fórmulas de financiación. Además, se creará una comisión técnica que dispondrá de hasta doce meses para elaborar una memoria con el diagnóstico de necesidades y una propuesta de actuación. También se trabaja con el Consell de Ibiza para activar un proyecto similar.

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en uno de los grandes espacios de crecimiento de la educación en Baleares, pero también es un terreno donde cada vez gana más peso la iniciativa privada. La demanda de estudios profesionales aumenta y, mientras la red pública amplía plazas, profesorado y ciclos al ritmo que puede, los centros privados aprovechan los huecos que deja una administración que necesita más tiempo para poner en marcha nueva oferta. El resultado es que la privada ya no es un actor marginal dentro de la FP. En Mallorca, de hecho, ya tiene más presencia que la red concertada.

El inicio de curso en las Baleares vuelve a estar marcado por las deficiencias en la climatización de los centros educativos. Este martes, a las 13 h, el termómetro del aula del CEIP Es Puig de Lloseta ha subido hasta los 30,4 °C, con un 32% de humedad relativa. La situación dentro del colegio ha llegado al límite de la indignación, hasta el punto de que el mismo director del centro, Miquel Bujosa, ha definido la situación de manera contundente: "Hace una calorada".

La escuela Sagrat Cor de Palma estrena este curso un nuevo ciclo educativo: por primera vez, el centro acoge a niños de 0 a 3 años. Pero el inicio del nuevo ciclo ha llegado antes de que las instalaciones estén terminadas. Las aulas que deben acoger a los más pequeños todavía se encuentran en obras y el patio que les corresponde tampoco está, según las familias, en condiciones de utilizarse, con muchos niños que todavía empiezan a caminar. Así lo han explicado familias del centro al ARA Balears, que ha podido ver fotografías que constatan el estado inadecuado de los espacios.

El consejero de Educación, Antoni Vera, ha puesto sobre la mesa las líneas de negociación para el próximo acuerdo de mejoras sociolaborales de los trabajadores de los centros concertados, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la equiparación con los docentes de la red pública. Vera ha defendido que durante esta legislatura ya se han aplicado casi todas las medidas previstas en el acuerdo marco de 2023 y que, en algunos casos, se han superado las previsiones iniciales. Entre las actuaciones, ha destacado la reducción de la jornada lectiva en Secundaria, que ha pasado de 24 a 23 horas, así como la implantación del complemento de tutoría.

El STEI ha iniciado la vía judicial para reclamar que el personal docente no universitario de las Islas Baleares cobre íntegramente las pagas extraordinarias y ha solicitado que la reclamación tenga una retroactividad de cuatro años, con el abono de las cantidades que se habrían dejado de percibir y los intereses legales correspondientes. La reclamación se centra en la composición de las dos pagas extraordinarias que recibe anualmente el personal docente. El sindicato considera que actualmente no se incluyen en ellas íntegramente determinados complementos retributivos que, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente, deberían formar parte de las mismas.

Antoni Vera afronta el último curso de la legislatura al frente de la Consejería de Educación y Universidades con un balance marcado por el impulso a la concertada, los intentos de acelerar las infraestructuras educativas y la irrupción de la universidad privada en las Baleares. Nacido en Palma en 1973, el consejero llega al tramo final del mandato con algunos de los principales debates educativos todavía abiertos y con la voluntad de reivindicar el trabajo hecho durante estos tres años.

A las puertas del CEIP Aina Moll de Palma, este jueves por la mañana, hay un poco de todo lo que significa volver a la escuela. Niños que entran corriendo, padres que alargan unos segundos la despedida, mochilas todavía sin ninguna mancha y algún llanto que se escapa justo antes de cruzar la puerta. También están los que llegan con las vacaciones todavía pegadas a la cara y los que, en cambio, parecen estar encantados de volver a ver a los amigos. "Tenía más ganas yo que él de volver", bromea una madre mientras acompaña a su hijo hasta la entrada. El niño, sin embargo, no parece muy preocupado por el comienzo de curso. Mira hacia la puerta y solo espera que le dejen entrar. "Ayer decía que no quería venir y hoy no hay quien le pare", explica ella.

El curso escolar arranca en las Baleares con una pregunta que va más allá de las notas del informe PISA y de la sensación de incertidumbre y decepción que han provocado: ¿qué se debe hacer ahora? Los resultados de PISA 2025, publicados este martes, han dejado a las Islas por debajo de la media española, de la UE y de la OCDE en las tres competencias evaluadas: 441 puntos en Lectura, 449 en Matemáticas y 471 en Ciencias. Respecto a la edición de 2022, la caída es de 31 puntos en Comprensión lectora, 22 en Matemáticas y 9 en Ciencias.

Coincidiendo con el inicio de un nuevo curso escolar y todavía con la resaca de la derrota de los resultados de PISA, el sistema educativo de las Baleares vuelve a afrontar la misma pregunta, pero con una urgencia renovada: ¿qué se debe hacer ahora? Las Islas han quedado por debajo de la media española, de la UE y de la OCDE en Matemáticas, Lectura y Ciencias, y el número de alumnos que no alcanzan las competencias mínimas vuelve a poner en cuestión la capacidad del sistema para garantizar los aprendizajes básicos.

Alternativa Docent considera que los resultados del informe PISA 2025, que sitúan a las Baleares por debajo de la media española, de la OCDE y de la Unión Europea en Matemáticas, Lectura y Ciencias, "no son ninguna sorpresa". El sindicato señala que el sistema educativo de las Islas arrastra desde hace años una combinación de carencias que dificultan la mejora de los aprendizajes. La organización defiende que no hay una única causa que explique los resultados, sino una suma de factores. Entre estos, señala la "infrafinanciación histórica", las aulas masificadas y heterogéneas, la falta de docentes y de plazas cubiertas, los cambios legislativos continuos, el impacto de las pantallas y la inteligencia artificial y las desigualdades socioeconómicas.

La Consejería de Educación abrirá expedientes a las guarderías de gestión privada (concertadas) que hayan incumplido la normativa. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero, Antoni Vera, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en respuesta a las preguntas de la oposición sobre las incidencias denunciadas por las trabajadoras de la Red 0-3 durante los meses de verano. Vera ha diferenciado entre las situaciones detectadas durante el verano y las que se han producido con el inicio del curso. Según ha explicado, durante el periodo estival la Consejería no tiene capacidad de intervención porque no corresponde a las horas de concertación. "En verano no tenemos manera de intervenir", ha asegurado.