Impulsada por Celestí Alomar, conseller de Turismo del primer Pacte de Progrés (1999-2003), se aprobó el día 10 de abril del 2001, hace veinticinco años, un impuesto sobre estancias turísticas, conocido de inmediato como ‘la ecotasa’. Gravaba, aproximadamente un euro por noche, la estancia de los turistas. Con la recaudación se querían corregir algunas externalidades negativas del turismo de masas en las Baleares. No entró en vigor hasta mayo del 2002 a causa de un recurso al Tribunal Constitucional, interpuesto por el gobierno de Aznar. Cuando el Partido Popular ganó las siguientes elecciones, en el año 2003, derogó el impuesto, dado que lo consideraba un freno para la competitividad turística. Quien defendió la supresión del impuesto dijo que no podía calificarse ni de ecológico, ni de medioambiental, y que ni siquiera era una tasa, argumentaba: “No era más que un símbolo de una política de mensajes negativos a lo que suponía el turismo”. Y relacionó la aplicación de la ecotasa con el descenso en la llegada de turistas y con los problemas que había vivido el sector hotelero. El Gobierno de Jaume Matas quiso sustituirla por unas llamadas tarjetas verdes o fundaciones ‘sostenibles’ que tan solo recaudaron miseria.

Leo que el partido de extrema derecha Vox dice que condicionará su apoyo a la aprobación de las 88 enmiendas a la ley de proyectos estratégicos –una verdadera sacudida al ordenamiento vigente que modificará casi treinta leyes– a un cambio en la toponimia de las Islas Baleares: “Que se vuelva a la toponimia bilingüe, Palma-Palma de Mallorca, Maó-Mahón y otros como Santanyí-Santañí”. El Gobierno ya le ha respondido que no está de acuerdo con eso, ya que contraviene la Ley de normalización lingüística.