Este mes de abril hará 40 años que se promulgó la Ley de normalización lingüística de las Islas Baleares, hecha a semejanza de las que pocos años antes (1983) se habían aprobado en Cataluña y en Valencia (aquí denominada 'Ley de uso y enseñanza del valenciano'). Parecía un gran paso adelante para favorecer que la lengua propia de estas islas, la catalana, se convirtiera también en la lengua de uso normal en todos los ámbitos de la sociedad, después de más de dos siglos de marginación y de 40 de feroz persecución política. De hecho, la aprobación de la ley creó esta ilusión en todos los sectores sociales que estaban preocupados por esta cuestión, que esperaban que a partir de ese momento la actitud de las instituciones y de la sociedad en general respecto de la lengua cambiara. Teníamos un estatutito de autonomía que permitía realizar una acción decidida y continuada a favor de la lengua, si había voluntad, y teníamos ya la herramienta legal para hacerla. Pasados ​​los 40 años de la ley, sin embargo, la desilusión absoluta ha sustituido la ilusión inicial: la lengua catalana no sólo no se ha normalizado nada, sino que en realidad ha empeorado en la consideración y presencia social, perdiendo proporcionalidad de uso entre la población y siendo causa de conflicto constante, no por sí misma, sino por el desprecio con que es vista por gran parte otros lugares –próximos o lejanos– y por nacidos aquí que no lo tienen como propio. ¿Qué ha pasado para que esa ley tan ilusionante haya sido tan poco efectiva?