Nunca las reservas de agua habían estado tan bajas en Menorca, solo al 34% de la capacidad, y la situación de prealerta empieza a alarmar a todos. La Administración ha llegado tarde para actuar y no ha escuchado a tiempo a especialistas como el ingeniero José Antonio Fayas, quien advertía desde hace tiempo que en la última década no se ha hecho prácticamente nada para dejar de sobreexplotar los acuíferos, poner un límite a las piscinas, encarecer el coste del agua y reaprovechar el agua regenerada que sale de las depuradoras.

Las reservas de agua han tocado fondo como nunca en Menorca. La isla ha terminado el mes de junio con las reservas hídricas solo al 34% de su capacidad, la misma situación que ya tenía en agosto del año pasado. En los registros de la Conselleria de la Mar no se recuerda un nivel tan bajo al menos en los últimos 10 años.

Hoy hace un año que la plaza del Born de Ciutadella es para peatones. Un espacio público emblemático prácticamente vacío de coches y recuperado para la ciudadanía, pero que todavía se pone en duda en los tribunales de justicia. La demanda formulada por un grupo de 22 empresarios y particulares agrupados como Ciutadella Viva y, sobre todo, la inesperada sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) que acepta parcialmente las medidas cautelares que reclamaban y ordena al Ayuntamiento la “restitución” de la plaza al estado en que estaba hace un año, con coches, mantiene a todo el municipio a la expectativa.

El centro de arte Hauser & Wirth, estrenado hace cinco años en Menorca con una exposición de Mark Bradford, abre ahora la sexta temporada en la isla del Rey del puerto de Maó. Lo hace de la mano de Rashid Johnson, un artista multidisciplinar nacido en Chicago que aterriza en Menorca con Directionless, una gran muestra colectiva que ha querido compartir con Charles Gaines, Firelei Báez y Cristina Iglesias para que traigan la obra de artistas externos a la galería. Hasta 28 creadores de diez países diferentes están representados. Todos juntos dan forma a la mayor exposición que hasta ahora se ha montado en este emblemático lugar, ya que ocupa tanto las galerías como el espacio exterior del islote.

El presidente de Quesería Menorquina, Paco Tutzó Bennásar (Maó, 1940), es el testigo vivo e impulsor del legado dejado por el fundador, Pedro Montañés, en la antigua planta quesera de El Caserío en Menorca. Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma y uno de los padres del Estatuto, al fin puede respirar tranquilo. Después de dos décadas de iniciativas y alianzas empresariales, ha conseguido garantizar el futuro, a medio y largo plazo, de la histórica fábrica de cuajada y queso fundido de Maó. El expresidente del Consell de Menorca, que salvó la empresa tras la partida de Kraft y sobrevivió al paso de la Rumasa de Ruiz Mateos por la isla, ha encontrado en los nuevos inversores baleares que han reflotado la fábrica la garantía necesaria para dar continuidad a la producción iniciada hace casi un siglo. Un éxito merecedor del premio a la Iniciativa Económica concedido por el ARA Balears. “Es una distinción que agradezco mucho –dice. El ARA Balears ha demostrado ser sensible al esfuerzo de las personas que luchan para que el tejido productivo de un territorio, en este caso una isla, no desaparezca”.

En Ciutadella, este año no ha habido polémica sobre Sant Joan. Ni siquiera la defensa pública de la concejala de Fiestas, Esther Mascaró, a favor de la participación femenina en la cabalgata ha levantado polvareda. El debate abierto por la inesperada sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a revertir la adecuación para peatones de la plaza del Born lo ha tapado todo.

A punto de comenzar el verano, Menorca vuelve a llamar a la puerta de la movilización contra la saturación turística. La plataforma Vía Menorca, impulsada por el GOB y un grupo entusiasta de jóvenes, es la impulsora de la primera de las grandes manifestaciones y protestas –la del sábado 13 de junio– que se anuncian en todas las Islas para reclamar medidas efectivas e inmediatas en defensa de la vivienda y de los recursos naturales. El primer clamor ciudadano ha sido en Menorca, donde, dice el coordinador de política territorial del GOB, Miquel Camps, “todavía estamos a tiempo de evitar convertirnos en una nueva Ibiza”.

No hay suficiente agua para todos. Más aún en Maó, donde el Ayuntamiento ha decidido adelantar las restricciones habituales de estos últimos veranos. Ya se prohíbe en la ciudad que empresas y establecimientos laven coches en la calle y que los particulares puedan limpiar las barcas y regar los jardines. Los cruceros tampoco pueden ya recargar agua en el puerto. Aun así, buena parte del agua que se sirve a la población continúa sin ser potable y se mezcla con la proveniente de otros pozos, incluso de fuera del municipio, para poder garantizar al menos la cantidad, que no la calidad, que se necesita.

El coordinador territorial del GOB, Miquel Camps Taltavull (Maó, 1963), calienta motores para poner en marcha a partir de este sábado, 13 de junio (19.30 horas), el nuevo verano de movilizaciones que anuncia Via Menorca. Un ejército de hormigas “hartas de la masificación” ya caminan hacia la plaza de la Biosfera de Maó para manifestarse en defensa del derecho a la vivienda y en contra de quien “nos chupa el agua hasta dejar los acuíferos secos” y de quien “nos condena a hacer trabajos precarios para malvivir del turismo”.

La nueva Ley de Puertos, que prevé alargar hasta los 75 años la gestión privada de algunas marinas y puertos deportivos en Baleares, ha coincidido con el abrupto final de la concesión de los 270 amarramientos del Lago Resort de Cala en Bosc en Ciutadella, la única que se mantenía vigente desde hace 30 años sin ninguna contraprestación económica de la empresa hacia la Administración.

Golpe judicial en Ciutadella. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha dejado sin efecto la decisión política de vaciar de coches la plaza del Born que el Ayuntamiento llevó a cabo el pasado 1 de julio, justo después de consumarse la moción de censura que devolvió el gobierno a la izquierda. En una contundente sentencia, el tribunal presidido por el magistrado Fernando Socias contraviene la resolución de primera instancia y ordena al Ayuntamiento que restituya la plaza a su estado anterior.

El mercado residencial en Menorca está cada vez más lejos del alcance de quienes viven allí todo el año. Pero, por primera vez, se ponen propuestas y medidas sobre la mesa que no consisten solo en ceder terrenos al Ibavi para que promueva vivienda social. El Consell insular impulsa la compra de edificios privados que estén desocupados, y los expertos y el empresariado plantean que se reserve suelo para residentes y así separar esta oferta de la que ahora domina el mercado, orientada a atraer la atención de las grandes fortunas.

El rastro dejado por los continuados temporales de invierno no se ha borrado en Menorca. La huella todavía está presente, meses después, en diversos lugares del litoral menorquín y, lo que es más grave, con la temporada iniciada.

Después de once años de concejal y siete de alcalde de Maó, Héctor Pons Riudavets (Maó, 1990) hace balance del mandato más difícil que ha sufrido hasta ahora en el Ayuntamiento. En minoría y con el apoyo condicionado de sus antiguos socios de Ara Maó, el único alcalde socialista de Menorca afronta el año que resta de legislatura con la urgencia de solucionar los problemas que arrastra el suministro de agua y el objetivo decidido de dar pasos para facilitar el acceso a la vivienda a las familias en un contexto de tanta dificultad. Pero en estos meses también se cuece el futuro del puerto.

Hasta hace unos años, era muy común que familias menorquinas cogieran el avión o el barco para ir a Palma o Barcelona a comprar ropa. Las grandes cadenas y franquicias aún no habían aterrizado en la isla y resultaba más económico viajar a comprar ropa a la Península o a la isla vecina que adquirirla directamente en los pequeños comercios de Menorca.

El legado artístico de la antigua Obra Social y Cultural de Sa Nostra está ahora en más manos que nunca. Muchas de las creaciones hechas por artistas de las Islas entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI quedaron almacenadas después de que la caja de ahorros de las Baleares pusiera fin a sus 130 años de historia. Y ahora, transcurridos 14 años desde el cierre de las oficinas de Sa Nostra, una parte de los fondos, traspasados con la posterior fusión entre CaixaBank y Bankia, se rifan en subastas benéficas.

Los 41 amarramientos del histórico puerto de Sanitja, al norte del Mercadal, se podrán volver a emplear a partir de este verano. Así lo ha anunciado este jueves el conseller de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, al acabar la reunión de coordinación convocada con Costas, los amarradores, el Ayuntamiento y el Consell de Menorca con el fin de encontrar una solución.

Superada la tradicional dependencia de El Caserío que marcó la partida del sector hasta principios de siglo, el campo de Menorca sobrevive a los embates de la política internacional, a la inquietud que suponen los encarecimientos provocados por la guerra de Irán y el recorte en un 22% de las ayudas europeas de la PAC. La sustitución de la titularidad de las tierras en manos de inversores foráneos, como es el caso del empresario Víctor Madera, ha evitado el abandono prematuro de decenas de fincas y ha acentuado la apuesta del sector por otros tipos de explotación del campo que le han dado un nuevo impulso.

Hace 313 años del Tratado de Utrecht, un acuerdo internacional que la Assemblea Sobiranista de Mallorca todavía reprocha a Gran Bretaña y que considera “un problema colonial no resuelto” con consecuencias negativas todavía hoy para la “nación catalana”, incluidas las Baleares. Así lo han reivindicado este sábado ante el consulado del Reino Unido en las Islas Baleares en una concentración.

El histórico puerto de Sanitja, que acogía la antigua ciudad romana de Sanisera, al norte del Mercadal, se encuentra a las puertas de la temporada sin barcas. Ni una de la cuarentena que todavía había hasta este invierno. Costas las ha desalojado por no haber podido regularizar la asociación de usuarios y la situación legal de los cinco pantalanes que se empleaban en este paraje protegido, la cual ya había motivado la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la administración estatal.