40 años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL), podemos afirmar que la lengua catalana en las Islas Baleares no sufre por falta de leyes, sino por falta de voluntad política. Esta es la idea central que emerge cuando analizamos el recorrido de una herramienta que, en su momento, fue imprescindible. Aquella norma estableció el marco legal necesario para hacer efectiva la oficialidad del catalán y permitió avances innegables en ámbitos como la administración, la educación y los medios de comunicación. Pero, sobre todo, nació de un consenso político unánime que hoy, cuatro décadas después, parece casi un milagro. Un consenso político que fue acompañado de un movimiento cívico, encabezado por la OCB y que reclamaba un marco legal de regulación y protección para la lengua catalana del cual ya disponían otros territorios y otras lenguas del estado español. 

Hay textos que no envejecen porque, en realidad, nunca han dejado de hablarnos y atraviesan el tiempo porque señalan aquello que las sociedades prefieren no mirar. Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, es un ejemplo contundente. La versión libre que ha hecho José Martret, estrenada en el Teatre Principal de Palma, no solo actualiza la obra, sino que la proyecta con una fuerza inquietante sobre el presente y confirma su vigencia con una contundencia que nos interpela directamente.

Cada vez que la extrema derecha habla de lengua, conviene traducir su discurso. Cuando dice flexibilidad, significa eliminación; cuando habla de eficacia del servicio público, significa que los ciudadanos ya no podrán ejercitar sus derechos lingüísticos; y cuando califica los certificados de catalán de titulito excluyente, lo que realmente les molesta es que la lengua propia de este país siga teniendo presencia en la vida pública.