Las Baleares se acercan al final de unos meses estivales que, gracias al cambio climático, son más una penitencia térmica que un periodo de placer ocioso. Curiosamente, el último verano de la legislatura ha servido para que el PP cierre el círculo: Marga Prohens comenzó el mandato con protestas multitudinarias contra la saturación, y lo acaba de la misma manera. Ahora bien, hay una diferencia, porque en el verano de 2023 la policía no agredió a los manifestantes. La sociedad isleña continúa a la espera del informe que encargó el delegado del gobierno español, Alfonso Rodríguez, quien aseguró que había dado instrucciones de mantener la calma. Mejor no pensar qué habría pasado si no las hubiera dado.

Las instituciones de las Baleares han asumido el impacto de la saturación turística en la ciudadanía. Ahora bien, las recetas para paliar sus efectos son diversas, mientras que las Islas van camino de alcanzar los 20 millones de visitantes este 2026. En el caso del Ayuntamiento de Palma, la Fundación Turismo Palma 365 apuesta por "mejorar la percepción" que los residentes de la Ciudad tienen de la actividad turística, con una estrategia cuyo objetivo es trabajar "el orgullo de pertenencia" de los palmesanos a su ciudad, en palabras del gerente de la entidad, Pedro Homar.

A pesar de que Palma ha presenciado este verano la protesta antisaturación más importante de las Baleares, el Ayuntamiento está decidido a captar más turistas de los Estados Unidos y piensa llevar a cabo dos grandes acciones de promoción en el país norteamericano. La Fundación Turismo Palma 365 ha adjudicado un contrato por valor de 217.800 euros (con IVA) a la empresa Corporacion Comunicacion Iberoamericana Barcelo y Asoc. S.L. para llevar a cabo la "planificación, organización, producción y ejecución de un programa de promoción turística dirigido a agentes de viajes especializados en turismo de alto valor del mercado norteamericano", según consta en la memoria justificativa de la licitación que hay en la plataforma de contratación del Sector Público.

Este verano que no acaba nunca ha sido una época de lamentos y letanías. Estamos más saturados que nunca y hemos protestado más que nunca. Pero las concentraciones, las manifestaciones, las cenas al aire libre y las reivindicaciones solo han servido para constatar el abismo que hay entre la calle y los despachos de quienes deciden sobre nuestras vidas, una brecha que se empezó a abrir legislaturas atrás y que ahora ha alcanzado unas dimensiones grandiosas. Esta no es tierra de políticos valientes y los que mandan de verdad no suelen presentarse a las elecciones.

“Mejora la percepción de los ciudadanos de las Baleares hacia el turismo. Nueve décimas en un año y consigue una puntuación de cinco sobre diez”. Esta es la noticia que IB3, la radiotelevisión pública de las Baleares, difundió el 13 de agosto, dos semanas después de que 70.000 personas se manifestasen en Palma contra la saturación turística, y solo días después de la protesta en Sóller del 8 de agosto. La fuente que permitió llegar a esta conclusión es un barómetro de una consultora llamada LLYC, especializada en “comunicación, gestión de la reputación, los asuntos públicos y el marketing digital”, según dice la empresa en su página web.

Tres semanas, este es el tiempo que hace que el GOB pidió una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para saber si están dispuestos a escuchar el clamor de las 70.000 personas que, según las cifras de los organizadores, se manifestaron en Palma el 26-J en contra de los efectos perversos de la saturación y la turistificación sobre la vida de los residentes. El encuentro se pidió justo un día después, el 27 de julio, pero el Ejecutivo ha ignorado la solicitud de la entidad ecologista. "No hemos recibido ninguna respuesta ni una", aseguran fuentes del GOB.

Una pareja de jóvenes se dispone a cruzar la calle en la plaza de España. No irán a ver el eclipse. "Partimos a casa. Nos da miedo mirarlo", dice ella, mientras que su novio la estira de la mano porque el semáforo está a punto de ponerse rojo. Se va sin siquiera explicar por qué tiene miedo. El sol aún brilla con ganas, pero en las calles se nota que no es un día normal. Por un momento, parece que hemos vuelto a los días de pandemia: apenas hay coches, se ven tiendas cerradas y el tráfico es muy inferior en comparación a cualquier día de verano.

El Gobierno presentó el 7 de marzo de 2025 su paquete de medidas para contener la saturación turística. Entre las iniciativas anunciadas se encontraba el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante la temporada alta y la creación de un impuesto sobre los vehículos de alquiler. Unos meses antes, en el debate de política general, la presidenta Marga Prohens también había anunciado un incremento del canon del agua para los grandes consumidores. Ninguna de estas iniciativas se ha materializado. La limitación de la entrada de vehículos a Mallorca, una de las apuestas del presidente del Consell, Llorenç Galmés, continúa pendiente de la tramitación parlamentaria.

Unas 2.500 personas (dato de los organizadores; 1.000 personas, según la delegación del gobierno español) se han manifestado este sábado en Sóller a lo largo de un recorrido que ha comenzado en la plaza dels Estiradors, ha pasado por la calle de la Lluna y ha culminado en la plaza de la Constitució. Después de la manifestación del 26 de julio en Palma, Sóller, un símbolo de la masificación turística, ha sido la siguiente etapa de la movilización ciudadana.

"Quien va a la playa en Formentera, y quiere alquilar una tumbona, no la tiene". Así ha hablado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, de la situación en la isla en cuanto a la concesión de tumbonas y sombrillas y que ha derivado en la destitución de la ya exdirectora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, este viernes después de la reunión del Consell de Govern. El origen de este conflicto se remonta a mayo, cuando la resolución de la Dirección General de Costas para las instalaciones temporales del 2026-2029 denegó la autorización de 681 tumbonas y 339 sombrillas y provocó las críticas del Consell de Formentera al Govern (Costes sí que autorizó 1.169 tumbonas y 589 sombrillas). El vicepresidente ha comentado que esta situación "no se había dado en Formentera en ejercicios anteriores" y ha remarcado que "tiene un impacto muy relevante sobre el interés público". "Quien va a la playa en Formentera, y quiere alquilar una tumbona, no la tiene", ha lamentado.

El Ministerio de Defensa ha confirmado al Gobierno que el ejército español se desplegará en Baleares el día del eclipse y formará parte del dispositivo de seguridad que se ha previsto para controlar la afluencia de personas. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, lo ha anunciado este viernes después de la reunión del Consejo de Gobierno. Ahora bien, también ha reconocido que el Ejecutivo no tiene ninguna estimación de la afluencia de gente. "Es evidente que sería muy considerable si no hubiera ningún tipo de restricción", ha dicho sin aportar ninguna cifra aproximada.

No han pasado ni cuatro meses desde que el Gobierno manifestó su "orgullo y satisfacción" por la conducta de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, que denunció el intento de soborno por parte de un empresario de Mallorca. Pero el Ejecutivo ha virado del reconocimiento público a la destitución de Ferrer, que no ha llegado a cumplir un año en el cargo y que ahora volverá a su plaza de funcionaria de la CAIB. La destitución se hará efectiva este viernes en el Consell de Govern.

El consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha hecho referencia este miércoles a la queja del GOB y Terraferida, que pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el 27 de julio y todavía no han recibido ningún tipo de respuesta. "Las agendas son complicadas", ha señalado en un acto en la biblioteca de Can Sales, además de señalar que se atenderá a las entidades en algún momento, según ha informado Europa Press.

"Está claro que España nunca ha ido tan bien en su historia, lo mires por donde lo mires: 46,6 millones de turistas internacionales los seis primeros meses del año y un gasto récord de 63.800 millones de euros. Tanto ruido y exageración para que no sientas que gobernamos bien y te beneficia". Se ve que al ministro socialista de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, nadie le ha contado que en lugares como las Baleares la gente no está tan contenta y que 70.000 personas salieron a la calle el 26 de julio para reclamar algo tan sencillo como difícil de conseguir a estas alturas: que los ciudadanos de las Islas puedan vivir con dignidad. Quiero pensar que Bolaños entiende la diferencia entre PIB y PIB per cápita, porque este matiz le ayudará a entender que los 63.800 millones de euros que han dejado los visitantes no repercuten en los residentes en territorios turísticos. Quizás la satisfacción es porque empresas como Aena superan sus beneficios año tras año a base de exprimir las puertas de nuestro hogar.

Justo un día después de la manifestación del 26 de julio, el GOB y Terraferida pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Ninguno de los dos dirigentes ha dado señales de vida hasta ahora ni ha manifestado ninguna intención de encontrarse con los activistas, que reclaman que se escuche el clamor contra la saturación de las más de 70.000 personas que salieron a la calle el 26-J. "No hemos recibido ninguna respuesta y nos preocupa", ha señalado la representante del GOB Tonina Siquier, además de lanzar una advertencia: "No pararemos. Justo hemos empezado". Siquier ha remarcado que Prohens y Galmés son "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación". "Prohens dice que está de acuerdo con las reivindicaciones y que el Pacto lo hizo mal, como si las responsabilidades actuales no fueran con ella", ha añadido.

Hace un mes que el Movimiento Joven de Sóller convocó la protesta del 8 de agosto contra la saturación en el municipio, que consideran uno de los puntos calientes de Mallorca en cuanto a turistización: un municipio donde "se observan claramente todos los efectos de la masificación", señalan integrantes de la entidad, en conversación con el ARA Balears. "Para nosotros es imposible imaginar un futuro en Sóller", lamentan, y remarcan que las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, centradas en la movilidad (más aparcamientos, algunos solo para residentes, y zona de bajas emisiones entre otras) no solucionan los problemas de fondo que la saturación ha provocado. El principal, como en el resto de las Baleares, es la vivienda.

“Con el tema del alquiler turístico, nadie ha sido más abierto que nosotros._Cuando llegué a la Conselleria, había 800 viviendas de hacía tres o cuatro años sin dar de alta. Se las dimos y ampliamos de 5.000 a 10.000 [viviendas]. 80.000 plazas turísticas en viviendas vacacionales que hoy están en oferta gracias a este Gobierno”. Quien dijo esto no fue ningún miembro del Pacte, sino el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, uno de los políticos con más trayectoria en las filas del PP y entonces conseller de Turismo del ejecutivo de José Ramón Bauzá –lo fue desde el 27 de diciembre de 2013 hasta mayo de 2015, y antes había sido director general de Turismo. Se encuentran en el Diari de sessions del ple del Parlament del 3 de febrero de 2015.