La vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha hecho referencia este lunes al aumento del 7% en la llegada de turistas a Baleares hasta abril y ha recordado que el Ejecutivo "no habla de disminución, sino de contención" y que su modelo "no está en las cifras", sino en cómo quieren que haya incremento turístico. "El modelo del Govern no está en las cifras, está en cómo queremos que venga este incremento turístico, en alargar los meses y en desconcentrar en unos meses muy determinados la afluencia masiva", ha comentado.

La avaricia humana no tiene límites y el Ayuntamiento de Palma es un buen ejemplo de ello. Basta escuchar un pleno para confirmar que al gobierno municipal no le gustan mucho los colectivos que están en los márgenes de lo que considera una sociedad decente. Cort no ha mostrado mucha estima por los inmigrantes, los habitantes de chabolas, los caravanaistas ni por los artistas de calle –en este punto conviene hacer un inciso: si no es muy, muy, muy caro, para el Ayuntamiento no es arte.

El Plan de conservación marina del Gobierno, que debía situar las Baleares como "referente internacional en protección del medio marino", según señaló el Ejecutivo, no fue otra cosa que "una declaración de intenciones", según admite el director general de Pesca, Antoni M. Grau. El plan ya nació sin dotación presupuestaria y no se ha hecho público, a pesar de las peticiones de partidos como el PSIB, que lo ha reclamado en reiteradas ocasiones sin que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con Joan Simonet al frente, haya facilitado el acceso al documento. El Gobierno, entidades conservacionistas y representantes del sector pesquero firmaron el plan el 16 de febrero y no se ha sabido mucho más desde que la presidenta Marga Prohens lo presentó.

Ben Amics ha estallado contra el Ayuntamiento de Palma, a quien ha acusado de pretender expulsar al colectivo LGTBIQ+ del Día del orgullo, después de que Cort haya anunciado que organiza su verbena. Según la asociación, que ha hecho público un comunicado este miércoles, esta decisión "rompe el consenso social y político" que garantizaba hasta ahora el equilibrio entre la manifestación y la verbena del Orgullo.

La culminación de la legislatura con el Partido Popular al frente del Gobierno ha llegado un año antes de las elecciones con la aprobación de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos por el Parlament este martes. Se trata de la última ley òmnibus que Marga Prohens podrá sacar adelante antes de las elecciones de mayo de 2027. Precisamente por eso, los populares, de la mano de Vox, han aprovechado para modificar una cincuentena de leyes, entre las quejas de la oposición, a pesar de que el PSIB también ha aprovechado para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el motivo del decreto ley inicial.

Basta con pasar unos minutos en la calle de la Luna de Sóller para comprobar lo difícil que es encontrar algún 'indígena'. No hay guía turística que no recomiende visitar este lugar del pueblo, y se nota. También cuesta caminar sin tropezar con alguien y encontrar una tienda tradicional ya es casi imposible. “Cierran unos cuatro negocios al año en esta calle. Mi madre tiene una mercería y, cuando se jubile, nadie la cogerá. Pondrán otro souvenir. Cerró la tienda de fotografía, y la de ropa orientada a la gente de la isla. De hecho, antes podía comprar un libro en Sóller. Y ahora no hay librería”, explica Bartomeu Miró, vecino del pueblo y portavoz de SOS Sóller, un movimiento ciudadano que no ha parado de denunciar que la situación es insostenible.

La legislatura de la 'contención' encara la recta final con récord de turistas, de embrollos, el malestar de los residentes y los precios de la vivienda en una escalada cuyo final no parece cercano. Ahora bien, si algo tiene claro el Gobierno, es que no es culpa suya, y es cierto. Decir que el Ejecutivo no tiene la culpa de haber llegado a este punto es casi una obviedad, pero el problema es que la política no acaba en el diagnóstico. El Gobierno no es culpable, pero sí que es responsable de pensar, diseñar, desarrollar y aplicar medidas que enderecen la situación. Si las medidas no funcionan, hay que probar nuevas. El colapso no se soluciona solo con discusiones en el Parlament.

Los pacientes que llegan a las Urgencias del hospital ibicenco de Can Misses se encuentran de lleno con la falta de profesionales sanitarios, una situación que la sanidad pública de las Islas arrastra y para la cual no se encuentra solución. En el centro sanitario pitiuso faltan médicos con el MIR (sistema de formación que hacen los médicos en España después de acabar la carrera para especializarse), una situación que no incumple la legalidad, pero que sí dificulta el funcionamiento cotidiano del centro, según ha denunciado este martes la diputada socialista Irantzu Fernández en el pleno del Parlament. Lo habitual es que los profesionales que atienden las Urgencias hayan hecho el MIR y que tengan la especialidad de medicina de familia –en el año 2030 habrá la primera promoción de médicos especialistas en Urgencias.

Me gustan los ascensores. Si pensáis que esta afirmación es banal, incluso vulgar, no lo negaré. Tenéis razón. De hecho, la banalidad y la vulgaridad también me pueden gustar si están bien contextualizadas. En mi defensa, he de explicar que los ascensores no me gustan por su función obvia, la de ahorrarte tener que subir unas escaleras. Lo que me gusta de ellos es la posibilidad que me dan de esconderme. Si tengo la suerte de subir sola, y no hay nadie que me vea entrar, durante unos segundos no hay un solo ser en el planeta que sepa dónde estamos. Mientras la cápsula metálica me lleva a la planta que he indicado gracias a un botón de dudoso diseño (normalmente), estoy completamente desaparecida, dejo de existir en el mundo.

Mientras el Parlament comenzaba a tramitar la reforma de la Ley de capitalidad de Palma, un centenar de personas ya habían recibido la orden de abandonar la antigua cárcel sin saber dónde vivirán cuando acabe el proceso judicial. Esta imagen resume el momento político que atraviesan las Baleares. La capital que el alcalde Jaime Martínez reivindica como motor económico e institucional de las Islas es también el escenario donde se concentran muchas de las tensiones que han marcado la vuelta del PP a las principales instituciones: la crisis de la vivienda, la saturación turística, la presión demográfica causada por la necesidad de mano de obra del modelo económico turístico, la fragilidad de los servicios públicos y un discurso cada vez más obsesionado con los migrantes pobres.

El grupo mallorquín Fades será el encargado de dar el pregón de la 44ª edición de la Feria del Libro de Palma el 29 de mayo en la plaza de España. El trío, formado por Vicenç Calafell, Ferran Pi y Àngel Exojo, inaugurará oficialmente el evento con un acto conducido por la periodista Margalida Mateu a las 18:30 horas.

El Parlamento ha reclamado al Gobierno que elabore y publique el Informe del Estado del Medio Ambiente de las Islas Baleares antes de que acabe el 2026 gracias a la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PSIB en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. A pesar de que Vox ha sido el único partido en votar en contra, el PP ha maniobrado para no tener que hacer el estudio, obligatorio por ley, esta legislatura. Los populares han presentado una enmienda para eliminar la fecha de plazo de presentación que figuraba en el primer punto y, como el PSIB la ha rechazado, se han abstenido (los populares sí que han votado a favor de los otros puntos de la iniciativa).

Como ya hizo la semana pasada, el PP ha asegurado que esperará los informes sobre el uso personal de los coches del Consell de Mallorca por parte del vicepresidente de la institución insular, Pedro Bestard, para tomar una decisión al respecto. Los populares continúan sin mojarse ante las informaciones que acusan a Bestard de usar los vehículos para temas privados y actos de partido, mientras que el PSOE ha exigido que Llorenç Galmés lo destituya inmediatamente.

Un 70% de las 101 personas que viven en la antigua cárcel de Palma no tienen acceso a los servicios sociales ni a una alternativa de vivienda, según se deduce de las declaraciones que ha hecho este lunes el alcalde Jaime Martínez. Pese a que Martínez ha asegurado que el acceso a los servicios sociales depende de "la voluntariedad" de los residentes, también ha señalado que "hay personas que no pueden acceder a los recursos sociales porque hay una normativa" y que "las personas en situación irregular no pueden acceder a ellos". El mismo Martínez ha sido quien ha remarcado que "un 70%" de los residentes de la antigua cárcel "está en situación administrativa irregular".

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, compareció este jueves para aclarar el uso que ha hecho de dos coches de la institución insular. Pero la comparecencia sirvió sobre todo para confirmar una cosa: que Vox considera una explicación suficiente decir que Bestard hace mucho trabajo y que se desplaza a muchos lugares de Mallorca. Querer saber qué hacían dos vehículos públicos —sin el rótulo que los identifica como tales— aparcados delante de su casa no es más que una estrategia de la izquierda para desgastar al gobierno del PP y la extrema derecha, según defendió el portavoz de Vox en el Consell, Antoni Gili. Negar que se haya hecho un uso personal de un Subaru y de un Dacia que deberían servir para tareas institucionales ya es, aparentemente, dar explicaciones.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca para dar explicaciones del uso que ha hecho de dos vehículos de la institución insular. Pero, más allá de negar una utilización personal, Bestard no ha aportado ninguna información concreta. Ha explicado, eso sí, que su departamento está disperso por la isla y que eso le obliga a desplazarse. "Si voy de Manacor a Alcudia y tengo que pararme a comer en Ses Torres, me pararé. O en Es Cruce", ha dicho en un momento de su intervención, durante la cual no ha aclarado si dio órdenes de dejar los vehículos sin rotular, ni los trayectos, ni los kilómetros que ha hecho, ni por qué también se han visto dos coches del Consell pasando la noche delante de su casa. En esta ocasión, Bestard ha llegado al Consell en coche oficial con chófer y ha exigido que, una vez salgan los informes que ha encargado el presidente Llorenç Galmés, los partidos de la izquierda le pidan disculpas. "Quiero que me pidan disculpas públicamente", ha espetado a la portavoz del PSOE, Catalina Cladera.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, considera que vivir en un edificio sin las condiciones mínimas como la antigua cárcel es por "una decisión personal" y no por una situación de vulnerabilidad. Así ha respondido en una entrevista del programa Hoy por Hoy de Radio Mallorca (Cadena Ser), cuando la conductora del programa ha señalado que las personas que residen allí tienen perfiles vulnerables. "Una decisión personal no tiene que ver con una extrema vulnerabilidad", ha asegurado, visiblemente molesto con las preguntas de la periodista. "La vulnerabilidad está tasada y nosotros funcionamos como todas las administraciones, las personas, la sociedad", ha añadido.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios ante la renovación de los alquileres. Sé que la mayoría no son bancos ni fondos buitre. Son personas normales conscientes de ello". Esta ha sido la respuesta de la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, le ha reclamado medidas ante la finalización de miles de contratos de alquiler y la previsible subida de precios. Una vez que la prórroga que decretó el ejecutivo español no ha salido adelante, es previsible que la emergencia de la vivienda se agrave por la subida de precios asociada a las renovaciones de los alquileres. "Esto no basta. Por eso hemos preparado una deducción para los propietarios que congelen el alquiler y ya está registrada como enmienda [a la ley de proyectos estratégicos que el Parlament tramita a estas alturas]", ha añadido. En definitiva, una llamada a la responsabilidad y una enmienda son las iniciativas que la presidenta ha puesto sobre la mesa para evitar que los precios del alquiler sean aún más inasumibles en Baleares.