El grupo ultracatólico Abogados Cristianos ha aplaudido este jueves que la Audiencia Provincial de Baleares haya reabierto el caso del cartel de San Sebastián Q+ que la artista Lluïsa Febrer creó para promocionar una fiesta organizada por Unidas Podemos a principios de 2025. Esta organización ultra recuerda que se querelló contra Podemos, la coordinadora del partido en Baleares, Lucía Muñoz, y Febrer por un posible delito de escarnio, ya que el cartel "representaba al santo en escenas sexuales demoníacas". "Es una victoria muy importante ante quienes pretenden emplear la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos", ha manifestado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El vicepresidente primero y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno, Antoni Costa, ha admitido este miércoles "algunos retrasos" en las ayudas a los sectores económicos para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán. Costa se ha reunido con agentes económicos y sociales afectados por la subida de precios provocada por la guerra para analizar la situación y plantear medidas de contención de los costes energéticos, ha informado la agencia EFE. Precisamente este miércoles se ha sabido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió hasta el 5,1% en Baleares en septiembre, en comparación con el mismo mes del año pasado. Se trata de siete décimas más que en agosto, con los precios encadenando cinco meses consecutivos de incrementos en las Islas. El transporte ha encabezado el incremento, con un 7,7% más que en septiembre de 2025. Los restaurantes y los servicios de alojamiento presentan un encarecimiento del 6,8%. Costa ha calificado de "preocupante" la subida de los precios en Baleares.

Alfonso Rodríguez ha anunciado este miércoles que dejará el cargo de delegado del gobierno español en Baleares para dedicarse totalmente a preparar las elecciones de mayo de 2027 e intentar recuperar la alcaldía de Calvià. Rodríguez ha manifestado que esta decisión no tiene nada que ver con las elecciones generales del 29 de noviembre, que "se han cruzado" con su decisión, tomada desde que anunció que se presentaría a los comicios municipales.

Para buena parte de la sociedad, la vivienda es ahora mismo ‘El Problema’. Hay quienes han perdido la casa, que esperan perderla, que no saben si la perderán... El estallido social no ha sorprendido a nadie. En cualquier caso, lo que sí es sorprendente es que ha sido un estallido cívico. Por desgracia, para buena parte de los políticos, la vivienda es el tema estrella de la campaña, el arma para lanzar a la cara del rival, una palabra vacía. Porque los ladrillos del edificio de este sector económico que denominamos política son precisamente eso, palabras que los profesionales de los discursos han vaciado de contenido: ‘democracia’, ‘libertad’, ‘igualdad’, ‘derechos’, etc.

Algunos ilustres representantes del PP han exigido que las plazas queden limpias de acampados quejosos. Así lo han hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Por supuesto, de la acampada de la plaza de España también se ha quejado el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Además, nos ha brindado una exhibición de demagogia al haber utilizado las quejas de Flama por comportamientos machistas de algunos acampados. Un comportamiento que el mismo colectivo ha criticado.

"Nunca he tenido que votar algo diferente a lo que creía". Josep Castells (Barcelona, 1970) hizo esta reflexión en septiembre, cuando anunció que dejaría la política al terminar la legislatura, después de 12 años como diputado de Més per Menorca en el Parlamento. Reconoce que mantener la coherencia es un privilegio en los tiempos actuales, cuando muchos políticos están sometidos a la disciplina de los partidos estatales. Y también subraya que, a pesar de todo lo que ha vivido estas tres legislaturas, todavía mantiene la ingenuidad de pensar que las cosas se pueden cambiar, aunque solo sea un poco.

La consejera de Salud, Manuela García, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento, seis meses después de que el PSIB hiciera una petición urgente para que diera explicaciones por la situación de colapso del sistema sanitario público de las Baleares. García ha negado que haya colapso y ha defendido su gestión. Lo que sí que ha hecho ha sido justificar la tensión del sistema con el aumento y el envejecimiento de la población. "No solo somos más, sino que vivimos más años. Desde que comenzó la legislatura, hay 40.000 personas más con derecho a prestación sanitaria", ha remarcado al inicio de su comparecencia –ahora mismo hay 1.258.490 personas en las Islas con tarjeta sanitaria. Según ha explicado, los centros de atención primaria atienden cada día una media de 33.643 consultas. "En los hospitales se atienden 1.522 urgencias, se hacen 223 intervenciones quirúrgicas y alrededor de 5.840 consultas especializadas", ha detallado. García también ha subrayado el aumento de pacientes crónicos en las Islas, un hecho derivado del envejecimiento. Con 210.230 personas de más de 65 años –59.117 de más de 80–, se han identificado "34.406 pacientes crónicos complejos y 2.549 pacientes crónicos avanzados".

El PP ha votado este martes en el pleno del Parlamento en contra de una proposición de ley del PSIB que establecía el mecanismo para que los ayuntamientos pudieran pedir la declaración de zona tensionada y limitar los precios del alquiler. Hasta aquí todo encaja en las medidas que defiende el partido de Marga Prohens, que apuesta por el aumento de la oferta de vivienda como mecanismo para bajar los precios, a pesar de que la escalada del coste no se detiene (los socialistas hablan de un aumento del 30% del alquiler y de un 40% del precio de compra desde que comenzó la legislatura). Una aclaración: la iniciativa no implicaba que el Govern hiciera ninguna declaración de zona tensionada, sino que permitía a los ayuntamientos declarar en ellas sus municipios. Esta es justamente la vía que encontró la Xunta del popular Alfonso Rueda para aplicar la Ley estatal de vivienda en Galicia, una medida que habían reclamado ayuntamientos como La Coruña y Santiago de Compostela. De hecho, el texto de la proposición del PSIB parte precisamente del modelo gallego, y es este el modelo que el PP balear ha rechazado en el pleno del Parlamento, donde ni siquiera se ha tomado en consideración (Vox también ha votado en contra), de manera que no se ha abierto la tramitación que habría permitido hacer enmiendas y negociar.

"Invertimos 150.000 euros para transformar antenas de cobertura móvil y datos satelitales en sensores de ocupación en 150 playas de las Islas Baleares. Estos datos, junto con los que proporcionan en tiempo real los socorristas y el historial de los años anteriores, han permitido generar un modelo predictivo dentro de la aplicación de playas para tener una aproximación de la afluencia que puede haber en los próximos seis días". Así respondió el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a la pregunta de la diputada de Més per Menorca Joana Gomila sobre la inversión de 4 millones de euros en sensores inteligentes que el Ejecutivo anunció en Fitur en enero de 2026. Es decir, que uno de los métodos que ha utilizado el Gobierno para medir la afluencia en las playas ha sido el recuento que han hecho los socorristas y los datos de antenas de cobertura móvil.

En un anuncio de televisión de hace unos años, los jugadores de un juego de mesa aceptaban el absurdo de considerar a un pulpo como un animal de compañía para poder continuar la partida. De la misma manera va la partida sobre la contención en las Islas. El Gobierno saca pecho de algo que denomina ‘contención’, mientras que la cifra de turistas no ha parado de batir récords. Queda poco para saber si este año llegaremos a los 20 millones de turistas.

‘Parlamento’ viene del verbo ‘hablar’, no de ‘escuchar’, ‘negociar’, ‘dialogar’, ‘reflexionar’. Basta pasar un rato en nuestra Cámara para comprobarlo. De lo que se trata cada martes es de colocar el propio monólogo y de quedar por encima del otro. ¿Debatir? ¿Qué es eso? Los diputados y los consejeros están allí para decir la suya, recibir los aplausos de los compañeros e irse a casa satisfechos si han conseguido colocar algún vídeo en las redes sociales.

Los psicólogos Lynn Hasher, David Goldstein y Thomas Toppino dieron nombre en el año 1977 al efecto de verdad ilusoria. Según este sesgo cognitivo, las personas tienden a percibir la información que han escuchado repetidamente como más verdadera y fiable que aquella que reciben por primera vez. Es decir, la repetición es una herramienta de persuasión eficaz: hace que un mensaje, a fuerza de escucharlo, gane credibilidad. Dicho esto, no sé si nuestros políticos han estudiado alguna vez el efecto de verdad ilusoria, pero sí que lo dominan a la perfección, aunque sea de una manera intuitiva.

Explica la filósofa Marina Garcés que ya no estamos en la condición posmoderna, sino en la condición póstuma (por favor, leed Nueva ilustración radical si todavía no lo habéis hecho). Y habla “de un tiempo de prórroga que nos damos cuando ya hemos concebido y en parte aceptado la posibilidad real de nuestro propio final”. De esta manera, (mal)vivimos preguntándonos cuándo acabará todo, porque se ha impuesto el relato de “la destrucción irreversible de nuestras condiciones de vida”.

El Govern ha presentado este jueves el Observatorio de la Vivienda, y basta un vistazo a su página web para comprobar la participación de Alquiler Seguro en este organismo, donde colabora a través de la fundación que constituyó en el año 2019. El problema que se esconde tras esta colaboración de Alquiler Seguro con la Consejería de Vivienda del Govern es que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la sancionó en diciembre de 2025 con una multa de 3,6 millones de euros por realizar cobros irregulares a los inquilinos a raíz de una denuncia de la federación de consumidores Facua. El gobierno español desestimó el recurso de la empresa y ratificó la multa en abril de 2026. El ministerio que encabeza Pablo Bustinduy determinó que la compañía había cometido seis infracciones muy graves y otra grave.

Manuel Pavón fue nombrado director general de Inmigración y Desarrollo el 15 de julio de 2025, un cargo con una paradoja encima, porque es el Estado quien decide sobre fronteras, expulsiones, permisos de residencia y regularizaciones. El ámbito de actuación de Pavón se centra en gestionar qué pasa después: integración, acogida, servicios y coordinación con las entidades. Así: ¿qué ha hecho esta Dirección General del Gobierno durante casi un año y tres meses? Fuentes de la Consejería de Presidencia, de quien depende Pavón, reducen el tiempo de acción: durante el segundo semestre de 2025 no se pueden detallar iniciativas concretas porque Pavón entró en julio y empezó a reunirse con entidades del tercer sector, consulados y fundaciones. Es decir, los primeros meses en el cargo se podrían considerar de toma de contacto. Las mismas fuentes recuerdan que el verano pasado hubo “la mayor oleada de pateras hasta entonces”. Pero la gestión de las fronteras y de las llegadas irregulares no es competencia de esta Dirección General.

La saturación turística es uno de los temas estrella de la legislatura y más cuando habrán pasado cuatro años sin que se hayan aplicado medidas estructurales para paliar sus efectos. “La transformación del modelo económico de las Baleares es el primer reto que tiene ante sí esta comunidad autónoma”. Estas palabras forman parte del discurso que la presidenta del Govern, Marga Prohens, pronunció en el Debate de Política General del 1 de octubre de 2024. Menos mal que era el primer reto hace dos años, porque si llega a ser el tercero o el cuarto los residentes quizás ya nos habríamos tenido que exiliar a la España vaciada para poder respirar. “Teniendo claro que somos una tierra hospitalaria donde los turistas son bienvenidos, todos coincidimos en que ya no podemos continuar creciendo en volumen, y que es inaplazable la transformación de nuestro modelo”. Me sabe mal, pero aquí tenemos que contradecir a Prohens: el tiempo ha demostrado que la transformación del modelo es del todo aplazable. Dos años después y a punto de terminar la legislatura, los hechos recuerdan a aquella canción de Julio Iglesias que decía “la vida sigue igual”.

Si eres capaz de caminar por la calle con la cabeza alta, verás una escena distópica, que no habrías imaginado hace unas décadas. Personas y más personas que se desplazan mirando el móvil, que han desarrollado la habilidad de esquivar obstáculos sin verlos, incapaces de contemplar el mundo que las rodea, salvo que el mundo esté metido en la pequeña pantalla que sujetan con la mano.

El Parlamento reclamará al gobierno español que valore declarar las montañas submarinas del Canal de Mallorca como Parque Nacional Marino gracias a la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PSIB en la Comisión de Economía de la Cámara. Todos los partidos salvo Vox han votado a favor de esta iniciativa para proteger las montañas submarinas que hay entre Mallorca y las Pitiusas, "uno de los espacios marinos más singulares y valiosos del Mediterráneo occidental", según explica el texto de la PNL. Se trata de una estructura de 275 kilómetros de longitud, cimas que llegan a los 94 metros de profundidad y hábitats que se extienden hasta más de 1,2 kilómetros. Las Olives, Ausiàs March y Émile Baudot son las montañas que forman parte de estos espacios, que acogen fondos de rodolitos (algas marinas con forma de piedra), corales, esponjas y gorgonias de profundidad.