Hay personas a quienes un diario debe mucho más que los artículos que ha escrito, los consejos que ha dado y las colaboraciones que ha hecho. Celestí Alomar es, sin duda, una de esas personas. A ARA Balears le debemos, sobre todo, una generosidad extraordinaria. Como miembro del consejo editorial que fue desde el principio, en él siempre encontramos una mirada atenta, una inteligencia aguda y una disposición a ayudar que nunca era impuesta ni interesada. Sus consejos eran buenos porque nacían de una observación profunda y sensata de la realidad. También nos regalaba ideas, temas, preguntas y análisis tan lúcidos como ciertos. Y lo hacía con una naturalidad que hacía aún más valiosa su aportación.

No es un debate fácil. Hablar del coste de la atención sanitaria a los turistas obliga a moverse en una línea fronteriza fina y delicada. Por un lado, el principio de universalidad de la sanidad, que garantiza que cualquier persona que lo necesite debe ser atendida; por otro lado, la obligación que tiene quien debe asumir el coste de esta atención.

Había motivos para temer lo peor: un eclipse total de Sol excepcional coincidía con uno de los días de más presión humana del año y con las Islas, especialmente Mallorca, convertidas en centro de atención del mundo. Era como una prueba de estrés para unas islas que viven al límite de su capacidad. Y, sin embargo, el balance del 12 de agosto es, a pesar de las incidencias, muy positivo.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es un fenómeno extraordinario. También lo es la expectación que ha despertado. Hace más de un año que astrónomos, aficionados y medios especializados advertían que las Baleares, y con más medida Mallorca, serían uno de los lugares más codiciados del mundo para observarlo, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Las manifestaciones no solo se disputan en la calle. También se disputan el día después, cuando se impone un relato mediático y político sobre lo que pasó. Y, después de las cargas policiales del 26-J, el relato de la saturación turística se ha visto arrinconado en los medios por otro debate mucho más cómodo para el Govern de Marga Prohens. Es importante no descentrar el foco, porque la presidenta es una de las responsables principales de dar respuesta a los problemas que el modelo turístico genera en la vida cotidiana de los ciudadanos de las Baleares. El día después de una de las protestas más multitudinarias que se han visto nunca en las Islas, Prohens no se ha visto en la necesidad de afrontar la situación, ni de dar explicaciones sobre la falta de gestión, ni de enfrentarse a sus promesas incumplidas. La presidenta ha hablado de las cargas, ha exigido explicaciones al delegado del gobierno español, Alfonso Rodríguez, y ha remarcado que respeta el derecho de manifestación, como si eso no se diera por supuesto.

Cuando el agua no basta, el margen de maniobra se acaba. Es el límite más elemental que tiene cualquier sociedad. Y las Islas Baleares han comenzado este verano más cerca de este límite que los últimos años. Las reservas hídricas han vuelto a bajar. Menorca registra los peores niveles. Casi medio centenar de municipios –47 de los 67 que hay– entraron en verano en situación de alerta o prealerta por sequía. El mismo Gobierno admite que el cambio climático hará más largas las sequías, más irregulares las lluvias y más difícil la recarga de los acuíferos. No son pronósticos catastrofistas, son datos oficiales.

La movilización ciudadana en defensa del Trenc es más que una protesta por un espacio natural emblemático. Es la imagen de una sociedad que está en guardia. El lema que estos días vuelve a resonar, ‘Ni antes, ni ahora, ni nunca. El Trenc no se toca’, es también una advertencia preventiva ante cualquier indicio que pueda poner en riesgo un patrimonio colectivo que los mallorquines han tenido que defender una y otra vez a lo largo de las últimas décadas.

La inversión pública en cultura no solo es legítima, es necesaria. Ningún país ni ninguna sociedad con una mínima ambición colectiva puede dejar la cultura exclusivamente en manos del mercado. El apoyo institucional a proyectos culturales sirve para garantizar pluralidad, acceso, cohesión social y proyección exterior. Pero precisamente porque los recursos públicos son limitados y provienen de toda la ciudadanía, la inversión debe responder a criterios de proporcionalidad, transparencia e interés general. Es aquí donde el caso del Mallorca Live dispara las alarmas.

El caso de Miquel Roldán ha situado al sistema educativo ante un conflicto tan delicado como difícil de resolver. El docente, condenado por acosar a un menor, volvió a ejercer después de haber cumplido la pena impuesta por la Justicia. Y es precisamente en este hecho donde aparece la contradicción que hoy sacude a una escuela pública de Palma, inquieta a las familias y deja a la Conselleria de Educación sin margen de maniobra. Legalmente, Roldán puede volver a dar clase y ser tutor del grupo de niños que se le asigne. Socialmente, una parte importante de la comunidad educativa considera incomprensible que esto sea posible.

La pregunta que una joven se hizo después de ver cómo la casa de su abuela, en Son Espanyolet, era derribada para hacer una nueva construcción en manos ajenas es, en realidad, una pregunta colectiva, de país. “¿Por qué no he podido salvar la casa de la abuela?”, se preguntaba. Su lamento podría ser el de miles de personas de otros barrios y de muchos pueblos y ciudades de las Islas. ¿Por qué cada vez más familias no pueden conservar las casas que han formado parte de su historia?