Albert Solaz llevaba 15 años trabajando como chef cuando llegó a Menorca. Buena parte de su trayectoria había girado en torno a la alimentación vegetariana, saludable y sostenible: daba talleres, trabajaba con producto de proximidad y buscaba maneras diferentes de entender la cocina. En la isla, sin embargo, hubo un ingrediente que le sorprendió especialmente: el trigo de xeixa.

Lo que se ha armado con el pódcast del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa no ha dejado indiferente a nadie del partido ni de la órbita ecosoberanista. Esto es bueno. Es cierto que en un sistema de partidos maduro las críticas se deben hacer primero internamente. También, sin embargo, el accidente por exceso de relajación (porque juraría que Rosa no tenía ninguna intención de montar ningún lío ni de ofender) ha sido útil. Ha puesto de manifiesto que, como ocurre en las familias, hay cosas de las que no se habla en la mesa, pero nadie tiene coraje de iniciar el debate a pesar de ser necesario.

Conselleria de Mar y Ciclo del Agua, 17 de agosto, 14:15 h. El jefe del Servicio Jurídico, Mariano Socias, firma digitalmente un informe jurídico y propuesta de resolución de 80 páginas sobre las polémicas autorizaciones de tumbonas y sombrillas de Formentera. La propuesta es volver a autorizar buena parte de las instalaciones que la Dirección General de Costas había dejado fuera solo tres meses antes.

Una tumbona puede parecer un objeto insignificante para hacer tambalear un gobierno. En Formentera, no. Hace más de 20 años que las tumbonas y los chiringuitos son capaces de enfrentar a técnicos, empresarios, administraciones y partidos e, incluso, marcar el resultado electoral en la isla.

Nos quejamos, y con razón, de cómo los mal llamados inversores europeos –que son especuladores o aspirantes a serlo– llegan a las Islas para adquirir solares o chalets ya hechos y transformarlos en activos inmobiliarios. Compran por un millón y quieren sacar tres. O_alquilan a conocidos y hacen actividad turística sin ninguna autorización. Por supuesto, la transacción se hace en los países de origen y las Islas solo ponen el territorio, su cuerpo, en definitiva, para que otros se forren.

Pollença tramita actualmente 360 expedientes para legalizar casas y elementos constructivos en suelo rústico. Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) tiene 235 entre manos, aunque ha descartado 26 por incumplir los requisitos. No hay ninguna cifra global, porque los consejos, a pesar de tener la obligación de velar por el suelo rústico, se han desentendido del proceso y no lo supervisan. “Lo hacen directamente los ayuntamientos”, han respondido a ARA Balears fuentes de los gobiernos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa. Pero, si dos municipios importantes suman más de 500 expedientes, queda claro que la amnistía en rústico que aprobó el Govern de Marga Prohens ha tenido una acogida muy importante. La medida ha servido para retratar la agonía del suelo rústico, y “el fracaso completo como sociedad”, en palabras del gerente de Urbanismo de Pollença, Tomeu Antich, a la hora de hacer cumplir la ley y la disciplina en el territorio rural, fundamental para la biodiversidad, la agricultura, la generación de paisaje y la preservación de la cultura.

Aunque el discurso público apuesta por repartir los turistas durante el invierno y reducir su llegada o, al menos, evitar que aumenten en verano, la realidad es terca: en julio de 2026, y toda la temporada alta, el aeropuerto de Palma ha batido los registros. Con los 19,6 millones de pasajeros alcanzados hasta julio, Son Sant Joan confirma que el incremento no se detiene y que, además, se concentra entre mayo y julio, a la espera de lo que pueda pasar durante agosto.

Los servicios técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral concluyeron en noviembre de 2025 que había suficientes motivos para iniciar el procedimiento de caducidad de la concesión de los servicios de temporada de las playas de Formentera. El informe, al cual ha tenido acceso el ARA Balears, propone expresamente que el órgano competente dicte el acuerdo de incoación del procedimiento por considerar que "se han incumplido varias condiciones esenciales" del título concesional. Es decir, que el criterio marcado por el jefe del servicio de Costes y Litoral era acabar con una concesión de bares y restaurantes que había incumplido la ley. Ante esta contundencia, la ya defenestrada directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer –la cual además es funcionaria–, consideró que no había otro camino que hacer caso al criterio técnico y jurídico.

El Gobierno ha intentado este martes dar por cerrada la crisis política abierta en torno a la gestión de las concesiones de temporada de las playas de Formentera. Tras días de polémica marcados por el cese de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, las críticas de la oposición, el apoyo público de los funcionarios de la Dirección General de Costas a la exdirectora y las quejas de los concesionarios de los chiringuitos de las playas por la falta de decisiones, la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua ha anunciado que ha culminado la revisión de las instalaciones de temporada y ha aprobado la resolución que fija las ocupaciones autorizadas para el período 2026-2029.

La amnistía de edificaciones en suelo rústico impulsada hace dos años por el Gobierno continúa dejando al descubierto expedientes de gran envergadura en Ibiza. El caso más destacado es el que se encuentra actualmente en información pública en Sant Josep de sa Talaia, donde se tramita la legalización de cuatro viviendas unifamiliares, anexos y tres piscinas en suelo rústico protegido. En plena crisis hídrica, Sant Josep legaliza chalets con piscinas en suelos protegidos donde todas estas actividades estaban y están prohibidas.

Cuando una familia de Palma aumenta el consumo de agua, también lo hace el precio que paga por cada metro cúbico. Es el principio sobre el cual se construye la tarifa de Emaya: los primeros bloques son más económicos y, a medida que el consumo crece, a partir de superar determinadas cantidades, cada tramo es más caro. La progresividad pretende incentivar el ahorro y penalizar los grandes consumos.

Es difícil no hablar del tema del verano. Por mucho que las palizas y la falta de conocimiento de los responsables de la Policía Nacional nos hayan entretenido unos días, aquí lo que ha quedado claro es que hay un descontentamiento enorme entre la ciudadanía por la saturación que sufrimos.

“Recuerdo que veníamos con la motito desde Sóller, con los amigos. Bajábamos a Cala Deià con la moto hasta casi la playa y nuestras barquitas estaban todo el verano sobre la arena. Había gente de Deià, sollerenses y cuatro turistas. Qué tiempos...”. Lo recuerda Tomeu Ferragut, un sollerense que hoy ni se plantea ir a uno de sus lugares preferidos del litoral mallorquín: “Cada año comparecía allí Narcís Serra, del gobierno de Felipe González. Conocíamos a sus guardaespaldas. Y hacíamos bromas. Todo era muy familiar”.

El festival musical más interesante de los que se han hecho en las Baleares desde los tiempos del genial y caótico Isladencanta es sin duda la Mobo. Talento, innovación musical, máximo respeto por la producción local y por la calidad. Lejos de otras propuestas comerciales, que basan su parrilla en los artistas que pueden arrastrar más gente, aunque, en conjunto, no tenga ni pies ni cabeza. Nada que decir si estos festivales masivos como el Mallorca Live, al que todos hemos ido cuando nos ha gustado un artista, existen también. Deben estar ahí.

La tarifa de agua de Emaya aplicada desde hace años a los establecimientos hoteleros utiliza una técnica específica de cálculo que modifica la manera de aplicar la progresividad en el caso del sector turístico. El análisis de las tarifas vigentes, publicadas en el año 2016, realizado por un extrécnico de la compañía asegura que la metodología, "pensada para los hoteles de Playa de Palma" establece un sistema de recálculo del consumo "de dos en dos habitaciones", y genera una falsa división del gasto que consigue reducir de manera muy significativa lo que le correspondería pagar si se aplicase la progresividad.

El gobierno español ha decidido pasar a la acción para eliminar la posibilidad, aunque parezca increíble, de que todavía hoy se puedan autorizar nuevas construcciones en zonas inundables. Tras la tragedia del País Valenciano, las comunidades autónomas como las Baleares y los ayuntamientos no han terminado de imponer un criterio estricto prohibiendo nuevas autorizaciones en zonas de riesgo, y por ello el ejecutivo estatal prepara un real decreto nuevo que endurece las reglas para construir en zonas expuestas a inundaciones. En concreto, fija un límite más claro y prohíbe los usos residenciales nuevos en las áreas de más peligrosidad, como las conocidas zonas de flujo preferente. El proyecto normativo, aún en fase de información pública, establece que en las zonas de flujo preferente no se podrán autorizar viviendas nuevas, ni siquiera en suelo ya urbanizado. Refuerza, por tanto, el principio de que el riesgo de inundación debe condicionar la ordenación del territorio.

La entidad ecologista Terraferida considera que el debate sobre el agua en Baleares no se puede limitar a la construcción de nuevas desaladoras, tal como plantea el Govern. Su portavoz, Jaume Adrover, sostiene que el problema es anterior: el modelo territorial ha permitido durante décadas que el crecimiento urbanístico disperso y las viviendas en suelo rústico hayan incrementado la presión sobre unos acuíferos que son un bien público. "No conozco ningún lugar del planeta donde se haga un consumo tan abusivo de agua como aquí a causa de los chalets en suelo rústico", afirma Adrover, que vincula esta situación con la expansión de la vivienda unifamiliar fuera de los núcleos urbanos.

Las Baleares afrontan un verano complicado en términos de abastecimiento de agua y, lo que es más preocupante, una carrera contra el tiempo para garantizar este recurso los próximos años. El problema ya no es solo si lloverá más o menos durante los próximos meses, sino si el sistema actual, al límite durante los meses de verano, será capaz de resistir mientras llegan las infraestructuras que han de reducir la dependencia de los acuíferos. Las Islas preparan una ofensiva de inversiones en desalinización, reutilización, redes de abastecimiento y saneamiento, pero buena parte de estas actuaciones aún se encuentra en fase de proyecto, licitación o ejecución.

Se suceden los gobiernos, los regidores, los planes, las jornadas y las presentaciones. Y se suceden las buenas palabras, las intenciones y, desde hace un tiempo, una cierta autocrítica. “Estamos al límite”. Ahora, hasta el PP admite que las Islas están a punto del colapso.

El centro histórico de Palma es un Bien de Interés Cultural (BIC). Entero. Y además del olor a pis que dejan muchos turistas de calidad, a los cuales es habitual ver orinar en los callejones, hay actuaciones concretas y lesivas contra el patrimonio. Cientos. Entre ellas, pintadas sistemáticas. En algunos lugares, como el convento de Santa Magdalena, incluso hay carteles que recuerdan su condición de BIC y que animan a comportarse y no continuar pintando allí. Realmente es importante que la población entienda que hay que respetar el patrimonio.