No le fue fácil a Marga Prohens encontrar un sustituto para Carlos Simarro en la Dirección General de Costas y Litoral. Quedaba poca legislatura, y el PP tenía pendiente un compromiso electoral un poco complicado, porque las competencias principales de la costa todavía son del Estado: arreglar las casetas de paseo marítimo, los embarcaderos y también otros negocios dentro del dominio público. Fue una apuesta electoral de Prohens, principalmente en Formentera y, por este motivo, está muy cerca de aprobarse un proyecto de ley del litoral que quiere evitar demoliciones. Maria Joanquina Ferrer es funcionaria de la CAIB desde 1996. Es licenciada en Derecho y, sobre todo, honesta: acaba de denunciar un intento de soborno, precisamente de un negocio litoral. En el momento de hacer esta entrevista, los hechos no se conocían.

El mes de marzo pasado, la Conselleria del Ciclo del Agua y del Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos, después de una larga batalla judicial desde el 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

En contra de lo que habían dicho los tribunales en primera instancia, el Consell de Mallorca deberá indemnizar a la promotora que tenía licencia para hacer una urbanización en el Guix (Escorca). El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha estimado solo en parte el recurso de la promotora Urnova por el largo litigio urbanístico del Guix, que desencadenó la polémica por el impacto de un conjunto de chalets pegados al monasterio de Lluc. La sala reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por cinco parcelas de terreno afectadas por la desclasificación urbanística que se llevó a cabo para evitar que se construyera en un lugar tan emblemático. El tribunal, sin embargo, rechaza el grueso de la indemnización solicitada, correspondiente al proyecto principal de construcción de viviendas que nunca llegó a ejecutarse.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente los estatutos y las bases de la junta de compensación del Proyecto Residencial Estratégico de Son Ximelis, situación que abre el camino a la urbanización de 143.649 metros cuadrados, donde se podrán hacer 1.080 viviendas, según los datos municipales. Del total, 530 viviendas tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto tenía la aprobación inicial, pero hacía falta la definitiva para pisar el acelerador.

Cada 31 horas se termina un chalet nuevo en suelo rústico en Mallorca. Esto implica que son cinco por semana en espacios que deberían estar destinados a usos agrarios o naturales, según denuncia Terraferida. Si se añaden los datos disponibles de Ibiza, nos encontramos que entre las dos islas cada día se termina una nueva casa en rústico. Un proceso acelerado de transformación del territorio que ya no es puntual sino estructural. Los ecologistas piden pararlo en seco en Mallorca y las Pitiusas, como hizo Menorca hace más de 20 años, y decretar ineditable el suelo rústico, considerado “la joya de la corona de la tierra”, dice el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

El consejero balear de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha firmado una resolución que algunos creían imposible: la autorización definitiva para derribar la piscina, el embarcadero y la terraza del chalé propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la costa de los Pins (Son Servera), que ocupan el dominio público sin la correspondiente autorización en vigor. De esta manera, prácticamente se pone el punto final a una historia que comenzó hace 25 años y que ha supuesto un litigio maratoniano entre Ramírez y un grupo de entidades y ciudadanos liderados por el activista e independentista mallorquín Jaume Sastre.

17.000 euros una noche. Este es el precio que deben pagar cuatro personas si quieren dormir este Jueves Santo en el alojamiento turístico Villa Wave, una propiedad en Ibiza de 280 metros cuadrados con cinco dormitorios, cuatro baños y vistas al mar. La reserva se ofrece en uno de los mayores portales de alojamiento turístico, Booking.com, con un coste de 4.300 euros por persona por solo 24 horas de estancia.

El Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca ha comunicado a la Mesa del Parlament que desiste de tramitar cualquier enmienda a la Ley de Proyectos Estratégicos que no tenga relación con esta norma. De esta manera, los ecosoberanistas se alinean completamente con el criterio de los juristas de la cámara que la semana pasada fueron muy claros al respecto. Tal y como establece el artículo 125 del reglamento, las enmiendas que se presentan a los proyectos de ley deben estar relacionadas con su objeto, y solo en caso de unanimidad de los miembros de la Mesa se puede hacer la excepción de introducir otras.

Un grupo de magníficos articulistas escriben esta semana de manera colectiva lo que muchos pensamos: es urgente cambiar el modelo económico de las Islas Baleares. Todos tenemos claro que esto implica reducir unos cuantos millones de turistas y empezar a apostar de verdad por el sector primario y por la industria.

4.500 viviendas destinadas a los residentes solamente en Palma y una cifra similar en el resto de las Baleares. Estas son las previsiones del Ayuntamiento de Palma y del Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos. Estas medidas derivan principalmente de la legislación impulsada por Prohens, basada en la promoción de proyectos residenciales estratégicos. Se trata de una cifra que el sector considera razonable, pero con una matización clave: la mayoría de estas viviendas no se construirán antes de cinco años.

El paso de Jaume Matas por la política autonómica será recordado durante décadas, no sólo por los casos de corrupción que le llevaron a la cárcel, sino por la condena económica a los ciudadanos de las Islas, que hoy en día todavía pagan la factura multimillonaria de sus manías. El Govern abonará los 2,7 millones de euros correspondientes a la última factura del Palma Arena en julio: esta infraestructura habrá costado 89,2 millones en total, casi el triple de lo previsto inicialmente, y más del doble de la cantidad de la licitación.

Hace tiempo que las mayorías absolutas, o incluso significativas, son historia. Ahora mismo, tanto en el Estado como en Baleares, comprobamos la necesidad de encontrar fórmulas que permitan resolver los problemas de los ciudadanos. Pero no es siempre así. Los grupos pequeños pueden ejercer un poder sobre los mayoritarios que es desmedido, y que, en caso de producirse, va en sentido contrario a la voluntad del pueblo.

El Gobierno aprovecha la tramitación del decreto ley de impulso a proyectos estratégicos en el Parlament para generalizar la figura de la declaración responsable, fórmula que permite a ciudadanos y empresarios asegurar que cumplen con la legalidad sin tener que esperar la licencia preceptiva. Con las enmiendas presentadas este jueves al decreto ley, el grupo parlamentario popular amplía en gran medida el uso de esta figura.

El Govern aprovecha las enmiendas al decreto ley de proyectos estratégicos para llevar a cabo una reforma profunda de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), con el objetivo de recuperar su control directo de la gestión, especialmente en materia de recaudación de impuestos, que durante años ha estado parcialmente en manos de una empresa propiedad de Gabriel Alzamora.

El 93% de los ejemplares de posidonia que desde 2018 se han sembrado en la bahía de Pollença han sobrevivido, lo que supone para los expertos un importante éxito en este tipo de prácticas regenerativas. El proyecto, impulsado por Redeia y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC), ha consistido en la "restauración activa de Posidonia oceanica en la bahía de Pollença", según explicaron esta mañana a Esporles los portavoces de ambas instituciones. Según el informe final del proyecto, la tasa de supervivencia de los ejemplares trasplantados confirma la solidez y eficacia de la iniciativa.

El Govern trabaja en un nuevo sello, Producto elaborado en Baleares, que permitirá a los industriales reivindicar lo que se hace en las Islas, aunque sea con materiales y materias primas de fuera. La iniciativa nace después de que la normativa actual sobre productos locales obligue a que al menos el 50% de los ingredientes sean de las Islas para que un producto pueda lucir el distintivo de Producto de las Islas Baleares.

Hasta los años 70, uno de cada tres trabajadores de Baleares se dedicaba a la industria. Las Islas fabricaban buena parte de lo que utilizaban e, incluso, exportaban a la Península y al extranjero. Hoy, las cifras son otras y constatan cómo este sector, considerado estratégico e imprescindible para la creación de empleo de calidad, es prácticamente anecdótico en el conjunto de la economía y sigue perdiendo presencia. El monocultivo turístico se ha impuesto de tal forma que, en el mejor de los casos, la industria representa el 5% de la actividad económica. Según datos del Govern, que utiliza parámetros menos restrictivos, hay unas 6.000 empresas. Según la base de datos de la Fundación Impulsa, la cifra no llega a las 700.