El centro de Palma es un Bien de Interés Cultural (BIC). Entero. Y además del olor a pis que dejan muchos turistas de calidad, a los cuales es habitual ver orinar dentro de los callejones, hay actuaciones concretas y lesivas contra el patrimonio. Cientos. Entre ellas, pintadas sistemáticas. En algunos lugares, como el convento de Santa Magdalena, incluso hay carteles que recuerdan la condición de BIC y que animan a comportarse y no continuar pintando. Realmente es importante que la población entienda que hay que respetar el patrimonio.

Mientras Aena y los gobiernos insulares y autonómicos se pasan la pelota sobre quién es el responsable de la saturación, la saturación no para de aumentar. Los primeros seis meses del 2026 el principal aeropuerto de Mallorca ha vuelto a pulverizar todos sus registros y roza ya los 15 millones de pasajeros (14,9), lo que supone un 14% más que hace solo tres años, respecto del primer semestre del 2023.

Las Baleares han iniciado el verano con una situación muy complicada en términos de reservas hídricas. Los datos del mes de junio preocupan al Ejecutivo, y es natural. Las reservas subterráneas, principal fuente hoy en día del suministro, han vuelto a bajar a las puertas del verano y la falta de lluvias durante las últimas semanas ha agravado una situación que ya venía marcada por la presión sobre los acuíferos. Aunque no se habla de una emergencia generalizada, los datos oficiales dibujan un escenario cada vez más ajustado.

La modificación legal impulsada por el Gobierno para eliminar la obligación de pasar por el Parlamento a la hora de modificar el ámbito de protección del Parque Natural de Es Trenc encendió todas las alarmas del ecologismo. La respuesta llegó el pasado 5 de julio, cuando 10.000 personas se concentraron en este espacio emblemático para protestar contra lo que consideran la puerta de entrada a una futura reducción de la protección.

La batalla por el futuro del Parque Natural de Es Trenc y su entorno tiene nombres concretos. Particulares y empresas que hace años intentan evitar que se consolide una franja de protección alrededor de este espacio protegido, tal como consagró el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en 2023. Uno es el campo de polo de Sa Barralina, impulsado por la sociedad Es Figueral Gran, que presentó uno de los cuatro recursos judiciales contra el plan de ordenación de Es Trenc de 2023. Como los otros propietarios, no querían que el ámbito del parque, ya delimitado en 2017 con la Ley que lo declaró, se ampliase aunque fuera sencillamente como área de influencia. Porque entonces consideraban que perdían oportunidades de llevar a cabo actividades, como pueden ser aparcamientos y, hasta en algunos casos, restauración. Son el meollo del conflicto que ahora mismo gira alrededor del parque natural, después de que el Govern se haya reservado la posibilidad de modificarlo directamente.

Es bien cierto que el Consell d’Eivissa es la institución que más ha hecho para combatir el alquiler turístico ilegal. Pero tampoco nos engañemos, no tenía otro remedio. Porque la situación de la pitiusa mayor es sencillamente desesperada. Los meses de verano prácticamente no se puede circular en coche sin ser víctima de un atasco y de una sensación de caos y ahogo constante. A la llegada del aeropuerto, no hay suficientes taxis, el transporte público es más que mejorable, y los empresarios hoteleros han dicho en más de una ocasión que la experiencia turística ha empeorado en los últimos años.

Hasta 74.000 metros cuadrados de la zona protegida del Parque Natural Maritimoterrestre del Trenc-Salobrar de Campos, en concreto todo el entorno de ses Covetes (ver mapa adjunto), se encuentran en el punto de mira y corren el peligro de quedar desprotegidos. Se trata de una franja de protección que el Pacte estableció en 2023, cinco años después de aprobar el Parque Natural. Los propietarios acudieron a los tribunales, que aún no han resuelto el caso, y han presionado al Govern para que deshaga la medida. Algunas fuentes consultadas por el ARA Balears confirman que esta zona es el motivo principal por el que el Ejecutivo de Marga Prohens ha decidido simplificar el camino para retocar el Parque Natural, sin tener que pasar por el Parlament.

El Consell de Mallorca no ha conseguido autorizar el expediente administrativo para validar el convenio con el de Eivissa para el traslado de residuos entre las dos islas. Esta situación impide formalmente la firma y pone en pausa el arranque del nuevo sistema interinsular de gestión de la fracción rechazo, justo cuando el dispositivo logístico asociado al proyecto está avanzado y con un barco a punto de llegar a Eivissa, según avanzó el ARA Balears. Además, hay que recordar que el vertedero de Ca na Putxa está cerca de llegar al límite operativo.

La Ley ómnibus también rebaja los requisitos para construir instalaciones en suelo rústico. La norma, que modifica más de 50 leyes principalmente ambientales y de gestión del territorio, excluye del procedimiento de evaluación ambiental simplificada las actividades complementarias del sector primario de transformación y venta directa de los productos de las mismas explotaciones agrarias.

Durante cuarenta años, las Baleares han hecho aquello que, en teoría, debía garantizar más prosperidad: atraer cada vez más turistas. Un consenso y un modelo que funcionaban y que situaron las Islas entre las comunidades más ricas del Estado hasta finales de los años 80.

Aunque las estadísticas estatales hablen de un descenso a nivel global de las compraventas por parte de extranjeros a lo largo de los últimos meses, en Baleares la realidad es bien diferente: según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el año 2025 estos ciudadanos adquirieron cuatro de cada diez propiedades de más de 500.000€ vendidas. Una proporción que duplica cualquier cifra de otras comunidades autónomas.

Suenan tambores de guerra en el sector ecologista de Mallorca. El Govern de Marga Prohens, después de encadenar desregulaciones y desprotecciones ambientales, ahora se ha atrevido con uno de los grandes símbolos del ecologismo balear: el Trenc.

Hace ya años que circula. Y ya son muchas sentencias, recursos, exposiciones de hechos, informes y una gran caterva de documentación oficial. Y no es la primera vez que nos encontramos con un caso complicado porque un cargo público hace un claro abuso de su posición.

La Ley ómnibus debía ser un instrumento para regular los proyectos empresariales estratégicos y pasará a la historia como una de las normas más desreguladoras en materia territorial y ambiental. Entre sus disposiciones, hay una que elimina las restricciones que había impulsado el Gobierno (el exconsejero del PP Gabriel Company) para limitar la implantación de establecimientos de restauración en el dominio público marítimo-terrestre.

No se puede atribuir al Govern de Marga Prohens una saturación generada durante décadas. Pero los movimientos sociales y ecologistas que convocan las manifestaciones de este verano –Menorca da el pistoletazo de salida– consideran que “no se puede afirmar que hayan tomado una sola medida realmente de contención, ni siquiera de mitigación de los impactos”, según apunta el geógrafo de la UIB Macià Blázquez.

El caso de Ibiza es el precedente que observa Mallorca ahora que ya se ha registrado en el Parlamento la proposición de ley de restricción de vehículos en la isla que pretende limitar la situación actual de colapso. La primera temporada de aplicación de la limitación de vehículos permitió reducir aproximadamente 32.000 el número de vehículos que podían circular durante el período regulado, según datos del Consell pitiuso. La norma establece un techo de vehículos no residentes y una cuota específica para los coches de alquiler, con el objetivo de reducir la saturación.

Cada vez que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, llegaba a su pueblo, Santanyí –del cual también ha sido alcalde–, tenía que oír los comentarios recurrentes de los vecinos, muchos de ellos votantes del PP: “No hay manera de circular por Mallorca. Llorenç, tienen que hacer algo”.