Han pasado ocho años de la torrentera de Sant Llorenç. La dramática muerte de 13 personas puso sobre la mesa lo mal que se han hecho las cosas durante décadas, y cómo hemos acumulado personas y viviendas en lugares en los que no solo ya estaba prohibido hacerlo, sino que además el sentido común decía que no era buena idea.

Hay un antiguo cuartel militar en Palma que lleva más de dos décadas esperando convertirse en viviendas públicas. Es Son Busquets, un inmenso solar de propiedad estatal donde hoy hay previstos 831 viviendas protegidas. 20 años de anuncios, proyectos y discusiones entre administraciones que no han servido para poner los pisos a disposición de la ciudadanía. Mientras tanto, la vivienda ha pasado de ser un problema importante a convertirse en una emergencia social.

La patronal del alquiler turístico de las Baleares se muestra satisfecha con la aplicación de un IVA del 10% a las viviendas vacacionales, porque considera que la medida "profesionalizará todavía más el sector". El presidente de Habtur, Antoni Barceló, admite que el nuevo impuesto puede reducir un poco la rentabilidad, sobre todo de los pequeños propietarios que gestionan directamente una única vivienda, pero considera que el impacto será menos negativo de lo que puede parecer inicialmente. "Es cierto que tendrás que descontar este 10% de los precios ya pactados, pero las medidas están orientadas hacia una profesionalización del sector mayor y eso no es malo", señala.

Tener 14.000 metros cuadrados de suelo rústico común ya no bastará, por sí solo, para poder levantar una casa de más de 100 metros cuadrados. Si el proyecto de ley agraria aprobado por el Consejo de Gobierno acaba superando la tramitación parlamentaria, construir una nueva vivienda en campo de grandes dimensiones (la mayoría de las que se hacen lo son) quedará vinculado a una obligación agraria que se deberá mantener durante 15 años.

Una pareja con dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad, tenía que volver a afrontar esta semana una situación para la cual nadie está preparado: que los echen de su casa. El desahucio, previsto en Palma, quedó suspendido. Ya se había aplazado en julio, cuando activistas se concentraron ante el bloque, y ahora el juzgado ha vuelto a frenar el lanzamiento. Según Stop Desahucios Mallorca, la nueva normativa estatal aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez esta semana y que Vox, el PP y Junts han tumbado en un debate en el Congreso que pasará a la historia política, ha sido uno de los argumentos jurídicos tenidos en cuenta.

La simplificación administrativa no se nota. Al menos, no lo suficiente. Las empresas, los agricultores y los autónomos parten de un sistema tan farragoso, con tantos trámites acumulados, administraciones que no siempre comparten información y procedimientos que se duplican, que las medidas impulsadas en los últimos años por el Gobierno son, para buena parte de los sectores consultados, una gota de agua disuelta en un mar burocrático construido durante 40 años. No niegan que se hayan dado pasos. Lo que cuestionan es que hayan conseguido cambiar sustancialmente la relación cotidiana entre los administrados y la Administración.

Los robots informáticos ya han asumido el equivalente a más de 45.500 horas de trabajo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma en solo dos años. Es una de las cifras más concretas con las que el Gobierno defiende los resultados de su política de simplificación administrativa: los programas de automatización implantados en la CAIB han intervenido en más de 432.000 expedientes y 70.000 documentos, principalmente para asumir tareas repetitivas que hasta entonces debían hacer manualmente los funcionarios, según los datos aportados por el Ejecutivo al ARA Balears.

Cerca de 25.000 familias de las Baleares pueden ganar dos años de respiro antes de tener que afrontar la renovación del contrato de alquiler, si el Congreso de los Diputados no tumba la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Las Baleares, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, era donde se esperaba la subida más alta para los contratos que terminarán en los próximos meses: el Estado había calculado que pasar de un contrato que termina este año a uno nuevo a precios de mercado podía suponer en las Islas un sobrecoste medio de 4.615 euros anuales, unos 385 euros cada mes, el mayor impacto de todas las comunidades autónomas. La media estatal se situaba en 1.735 euros anuales, unos 145 euros mensuales.

El GOB ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Palma quedetenga la tramitación del Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGSA), con el cual Jaime Martínez y su equipo pretenden conseguir la justificación técnica necesaria para tener más agua y poder sacar adelante los entre 9.000 y 10.000 pisos extra de los proyectos estratégicos. Unos proyectos que ya tramitan diferentes promotores, pero que tanto el Ayuntamiento como los interesados saben que a estas alturas no pueden conseguir licencia si no se aumenta la cantidad de agua disponible en el municipio. Este Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGSA) se aprobó inicialmente por parte de Cort el 26 de marzo, pero, según la organización ecologista, contiene errores de mucha importancia que obligan "a su retirada". MÉS per Palma ya había advertido que este Plan no cumplía con todos los requisitos y denunció su aprobación por el incremento de consumo que prevé.

Joan Carrero es activista pacifista y fundador de la Fundación S’Olivar, con sede en Estellencs, desde donde ha trabajado durante décadas por la paz y la justicia en el África de los Grandes Lagos. Fue uno de los primeros objetores de conciencia del Estado y su trayectoria le valió diversas candidaturas al premio Nobel de la paz. En 2013 recibió la Medalla de Oro del Consejo de Mallorca. Impulsó una querella contra el presidente ruandés Paul Kagame y ha denunciado reiteradamente el expolio de minerales que se realiza en el Congo con la connivencia del mundo occidental. Acaba de presentar su nuevo libro ¿La humanidad va hacia el Armagedón? ¿O hacia la plenitud del Punto Omega?Decís que este es "el libro que Pere Sampol esperaba" y que quería recomendar a sus compañeros. ¿Qué hay en este segundo volumen que cree que Sampol consideraba especialmente necesario explicar?

Veinte años bastan para entender hasta qué punto ha cambiado la dimensión de los aeropuertos de las Baleares. Entre enero y agosto de 2006 pasaron 20,9 millones de pasajeros por los aeródromos de Palma, Ibiza y Menorca. En el mismo periodo de este año ya han pasado 34,3 millones. Son 13,4 millones de viajeros más en solo dos décadas, un incremento que en el conjunto de los aeropuertos isleños se sitúa en el 64,3%.

La Guardia Civil ya investiga las dos denuncias que el GEN-GOB presentó por la gestión del agua en el aeropuerto de Ibiza, según ha confirmado la entidad al ARA Balears. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha abierto actuaciones sobre los dos frentes que los ecologistas han puesto en su conocimiento: por una parte, el abastecimiento de agua del recinto aeroportuario y la gestión del rechazo salino que genera su tratamiento y, por la otra, las aguas residuales y los vertidos detectados en el entorno del Codolar. La Fiscalía de Medio Ambiente también ha confirmado a este diario que investiga el caso.

El GOB ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Andratx la licencia urbanística y el expediente completo que amparan las grandes obras de excavación que se ejecutan en una vertiente del Puerto de Andratx. La entidad ecologista quiere aclarar hasta qué punto el profundo desmonte de la montaña, visible desde diversos puntos de la zona, estaba previsto en el proyecto autorizado y si las obras que se realizan allí se ajustan a las condiciones de la licencia.

Cuando Joan y Blai Ferrando llegan un miércoles al Puerto de Andratx ya llevan doce horas de jornada encima. Los cajones van llenos de pescado y una furgoneta ya espera para cargarlos. La parte más grande de las capturas se va hacia Palma, donde se venderán en la lonja la madrugada siguiente. Una pequeña parte se reserva para el punto de venta de la misma cofradía del Puerto de Andratx, que abre una o dos horas cada día.

En enero de este año, Joan Gaià, secretario general de Unió de Pagesos (UP) y empresario, pagaba de media 0,90 euros por litro de gasóleo agrícola. Era prácticamente el mismo precio que en agosto de 2025. En mayo, sin embargo, ya eran 1,24 euros. Esta semana la cifra ha llegado a 1,70 euros. En nueve meses, uno de los costes imprescindibles para hacer funcionar una explotación agraria se ha encarecido un 89%. Solo desde mayo, el incremento es de cerca de un 37%. “Esto es una estocada muy grande para los que todavía creemos en el campo”, lamenta Gaià.

La presentación de hace unos días del nuevo tramo del segundo cinturón de Palma recordó, como explica el ARABalears, aquellos tiempos imborrables en nuestra memoria de “las carreteras a la mallorquina” de Maria Antònia Munar. Obras presentadas con buenos canapés, carpas y, sobre todo, mucha cara. Porque pretendían hacer creer a los ciudadanos que poner más asfalto era resolver la movilidad.

Mientras una parte de la sociedad isleña reclama la cogestión de los aeropuertos como medida para reducir la entrada masiva de turistas, los datos confirman una inercia que parece imposible de cambiar: los aeropuertos de Palma y de Ibiza han vuelto a batir los récords históricos en el mes de mayor tráfico. Son Sant Joan vio pasar 4.808.295 pasajeros, el registro mensual más elevado de la historia del aeropuerto isleño y un 2,3% más que el mismo mes de 2025. El Codolar movió 1.519.201 pasajeros, un 2,5% más que en agosto de 2025, y con el acumulado enero-agosto que llega a los 6.778.163 pasajeros, un 3% más interanual.

La tecnológica mallorquina Robot, una de las empresas industriales de base tecnológica más consolidadas de las Baleares, está a punto de pasar a manos suecas. La multinacional HMS Networks ha lanzado una oferta para adquirir el 100% de las acciones de la empresa fundada en Mallorca y especializada en sistemas de automatización de edificios, especialmente de hoteles. La operación valora Robot en 21 millones de euros y, si se completa, comportará también su exclusión de BME Growth.