El Trenc se juega hasta 74.000 metros cuadrados de la zona protegida

PalmaHasta 74.000 metros cuadrados de la zona protegida del Parque Natural Maritimoterrestre del Trenc-Salobrar de Campos, en concreto todo el entorno de ses Covetes (ver mapa adjunto), se encuentran en el punto de mira y corren el peligro de quedar desprotegidos. Se trata de una franja de protección que el Pacte estableció en 2023, cinco años después de aprobar el Parque Natural. Los propietarios acudieron a los tribunales, que aún no han resuelto el caso, y han presionado al Govern para que se deshaga la medida. Algunas fuentes consultadas por el ARA Balears confirman que esta zona es el motivo principal por el cual el Ejecutivo de Marga Prohens ha decidido simplificar el camino para retocar el Parque Natural, sin tener que pasar por el Parlament.

Fuentes del Ejecutivo afirman a ARA Balears que ahora mismo esto no está sobre la mesa y que, en todo caso, cualquier decisión sobre un espacio como el Trenc se revisaría en todos los ámbitos antes de tomar ninguna decisión.

Apartamentos ilegales

Entre los elementos que incluye esta franja de protección aprobada en 2023 se encuentran los terrenos donde ya se disputó una histórica batalla judicial: los 68 apartamentos ilegales de las Covetes, que durante una época fueron propiedad de Sebastià Sagreras, el padre del actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular. También una serie de zonas aledañas a las Covetes que se utilizan como aparcamiento de coches.

Toda esta área forma parte del conjunto protegido del Parque Natural desde 2023, cuando el Pacto aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), y decidió que todo el cinturón exterior de las Covetes, que había quedado fuera del parque como las mismas edificaciones, sí que debía tener medidas de protección.

“Si no se hacía este cinturón, la actividad humana habría acabado entrando en el parque de manera sistemática. Son unos espacios de gran valor, pero que se utilizaban como aparcamiento, como zona para hacer fiestas, y otras actividades irregulares. Por el hecho de incluirlos en la franja de protección, automáticamente la Administración tiene instrumentos para poder gestionar mejor el espacio y perseguir ilegalidades”, explica un experto en urbanismo que asesoró al Gobierno en la tramitación del parque y que pide el anonimato.

El caso es que estos 74.000 metros cuadrados están afectados por, prácticamente, el mismo grado de protección del Parque Natural, pero técnicamente no son parque, sino zona periférica de protección. Por lo tanto, Marga Prohens y su equipo no dicen ninguna mentira cuando afirman, literalmente, que no recortarán el parque en sí, declarado por el Pacto en 2017. Las presiones que han recibido los populares tienen que ver con la zona protegida que rodea las Covetes.

La delimitación fijada por la Ley 2/2017 incluye 1.442 hectáreas terrestres y 2.338,29 de marinas. Pero el conflicto que desde hace dos años tensiona el parque no gira en torno a esta superficie, sino al desarrollo normativo: el PORN aprobado en 2023, que amplió de manera significativa el ámbito de ordenación e incorporó espacios fuera del parque estricto.

Cuando se produjo esta ampliación de la zona protegida, avalada con informes técnicos, al menos cuatro propietarios y la Asociación de vecinos del Trenc acudieron a los tribunales.

Los recurrentes sostienen que esta configuración excede el marco legal de la Ley 2/2017 y que el PORN ha introducido una ampliación material del régimen de protección por vía reglamentaria. En sus reclamaciones judiciales afirman literalmente que “la inclusión del área de transición de las Covetes implica una ampliación material del ámbito del parque por vía reglamentaria” y que esta decisión “modifica de hecho el régimen jurídico aplicable sin habilitación legal expresa”. Por este motivo, consideran que la delimitación solo se podría modificar mediante una nueva ley del Parlament.

Este aspecto no fue compartido en absoluto por el Gobierno del Pacto, que ya argumentó que “la normativa autonómica y estatal permite llevar a cabo ámbitos de protección que aseguren que los entornos del parque tienen zonas de armonización, porque en caso contrario, la acción humana en zonas como las Covetes, donde también hay ocio y negocios de restauración, ocupa y afecta la biodiversidad del parque”, informó en su momento Medio Ambiente.

Los servicios jurídicos, tranquilos

Los recursos se interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y aún no han sido resueltos. Las impugnaciones no cuestionan la declaración del Parque Natural, sino la manera como el PORN ha desarrollado aquella ley y los efectos que esto tiene sobre la zona periférica de protección y los terrenos del entorno de les Covetes. Aunque los servicios jurídicos de Medio Ambiente no consideran que tengan viabilidad, el caso es que, según ha podido saber el ARA Balears, tanto los vecinos como dos empresarios de la zona hicieron llegar a los “máximos responsables del Gobierno” que podían detener la acción jurídica si el Ejecutivo encontraba la manera de reformar el PORN y, por lo tanto, recortar la protección del entorno de les Covetes.

Según fuentes conocedoras, el cambio introducido en la Ley 4/2026 (el ómnibus), es el resultado de estas presiones, ya que introduce una fórmula de deslegalización que permite al Consell de Govern modificar el parque sin necesidad de pasar por el Parlament, con un simple acuerdo del Consell de Govern.

El entorno de les Covetes acumula un largo historial de conflictos ambientales, más allá de la mítica victoria del GOB con los 68 apartamentos ilegales. Restaurantes como el Noray o bares como S’Embat han tenido a menudo problemas a causa de la presión que ejercen algunos clientes que ocupaban zonas no autorizadas para aparcar. Cualquier medida proteccionista como la que incluyó la zona dentro de la afectación del parque no facilita que se puedan aparcar vehículos alrededor, o que se puedan hacer determinadas actividades exteriores, en el caso de conciertos.

El PORN que aprobó el Pacto en 2023, y que recibió inmediatamente los contenciosos administrativos de los vecinos y afectados por la medida, también comprende otros espacios además de la franja natural de transición que hay entre el núcleo urbano de las Covetes y el parque: el área de restauración ambiental de las Covetes (donde se levantaban los 68 apartamentos ilegales), la playa del Freu –incluido el sistema dunar y los embarcaderos catalogados como Bien de Interés Cultural–, las parcelas donde se ubica la antigua escuela de Ca n’Estela y las parcelas que se incluyen en la isla de suelo rústico donde está ubicada la caseta de los peones camineros, en la carretera Ma-6040.

Es precisamente esta ampliación del ámbito de ordenación la que activó la respuesta judicial y las presiones al Govern de Marga Prohens, que entró muy poco después de la aprobación del PORN del Trenc. Entre los espacios incorporados destaca especialmente el área de restauración ambiental de las Covetes, situada donde durante años se levantaron 68 apartamentos ilegales que fueron derribados en 2014 tras un largo proceso judicial impulsado por el GOB. Con el PORN, estos terrenos pasan a integrarse dentro de la estrategia de restauración ecológica del parque. “Evidentemente, si se le quitara la condición de zona incluida dentro del PORN, sería mucho más fácil llevar a cabo determinadas actividades. Esto no quiere decir que directamente se pueda construir, ni mucho menos, pero sí que se podrían hacer determinados usos, como pasa en todo el entorno de las Covetes, donde se aparca en zonas que no se puede”, explica un abogado urbanista consultado por el ARABalears, que tampoco quiere figurar identificado.

En términos prácticos, que el Gobierno quisiera reducir la zona de transición alrededor de las Cuevas no alteraría los límites del Parque Natural, pero sí flexibilizaría los usos dentro de la zona periférica de protección de las Cuevas y el área de restauración ambiental.

Y ahora, el PRUG

Además del PORN, hace unos meses se puso en marcha el segundo instrumento de gestión de cualquier Parque Natural, como es el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Según confirma la Dirección General de Medio Natural, se abrió el periodo de consulta previa el día 2 de febrero de 2026 y finalizó el día 2 de marzo. “En total ha habido 60 aportaciones”, afirman fuentes de Medio Natural. Ahora se elabora el informe correspondiente para recoger las aportaciones, que se publicará en Transparencia cuando esté acabado y será público. “Nos encontramos en fase de redacción de este informe y de elaboración del borrador del PRUG, donde se incorporarán las aportaciones que se consideren adecuadas y se motivarán las que se rechacen para una mejor gestión del Parque Natural”, aseguran.

Está previsto que, a final de año, este borrador salga a información pública, para que pueda recibir las correspondientes alegaciones. Pero fuentes consultadas por el ARABalears recuerdan que el PRUG no puede modificar, por ejemplo, un ámbito como el del entorno de las Covetes. Para eso haría falta un acuerdo del Consejo de Gobierno. Con la aprobación de la Ley ómnibus, el Ejecutivo de Prohens no tendrá que pasar por el Parlament si finalmente quiere recortar la protección de toda la zona.