El PSIB llevará al pleno la parada de la nueva tarifa de Tirme y el pago de 41 millones
La moción de los socialistas también pone el foco en los 50 millones comprometidos por el Gobierno para financiar el tratamiento en Mallorca de los residuos de Ibiza, de los cuales ya habría transferido 41 al Consell sin informe económico que justifique su importe
PalmaEl PSIB-PSOE obligará al gobierno de Llorenç Galmés a pronunciarse de nuevo sobre la concesión de Tirme. Los socialistas defenderán en el próximo pleno del Consell de Mallorca una moción para suspender la tramitación de la tarifa de residuos de 2026 y paralizar el pago de los 41,4 millones de euros aprobados este verano hasta que se hayan revisado los costes reales del servicio. La iniciativa incorpora, además, un nuevo frente: reclama revisar los 50 millones comprometidos por el Gobierno de las Islas Baleares para el traslado y tratamiento en Mallorca de los residuos de Ibiza, después de que el PSIB haya denunciado que 41 millones ya se han transferido sin ningún informe económico que justifique la cantidad.
La moción llega después de que el Consell anunciara que encargaría una auditoría independiente “más potente y extensa” antes de tomar decisiones sobre la concesión. El PSIB considera, sin embargo, que no tiene sentido continuar tramitando la nueva tarifa ni efectuar más aportaciones extraordinarias mientras no se resuelvan las dudas planteadas por los órganos de control. Por eso, pide que la auditoría analice tanto la metodología tarifaria como los costes reales y el régimen jurídico de la concesión.
La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha recordado que la institución insular ha movilizado 103 millones de euros extraordinarios a favor de Tirme desde el inicio de mandato para contener, bonificar o regularizar las tarifas. La última aportación, de 41,4 millones, se aprobó en julio al mismo tiempo que una reducción del 10% del precio del tratamiento de los residuos, que ha quedado fijado en 103 euros por tonelada.
El informe de la Intervención General del Consell cuestiona precisamente la manera como se ha calculado durante años esta tarifa. El documento advierte que los incrementos aplicados habrían superado la evolución real de los costes del servicio, señala la actualización con el IPC de la amortización de infraestructuras antiguas y alerta de unos niveles de rentabilidad desproporcionados en una empresa concesionaria de un servicio público.
La Sindicatura de Cuentas también advirtió de anomalías en la primera aportación extraordinaria, de 43 millones de euros, aprobada en 2023. Con estos antecedentes, los socialistas reclaman que la tarifa se recalcule a partir de los gastos efectivamente acreditados y sin recurrir a nuevas inyecciones de dinero público.
“La revisión del sistema podría permitir una rebaja superior al 10% electoral de Galmés”, ha afirmado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y candidata a presidir el Consell, Amanda Fernández. “Los residuos huelen mal, pero apesta más la sospecha de despilfarro de recursos de Galmés en el Consell”, ha añadido.
El pago por los residuos de Ibiza
La principal novedad de la ofensiva socialista es que conecta las aportaciones del Consell con los 50 millones comprometidos por el Gobierno para que Tirme asuma el tratamiento de los residuos procedentes de Ibiza. Según el PSIB, el Ejecutivo ya habría abonado 41 millones durante el 2026, a pesar de que la aportación se había planteado inicialmente para un periodo de diez años.
El PSIB asegura que la aportación no dispone de ningún informe económico o jurídico que justifique la cantidad. Los socialistas también cuestionan que ya se haya abonado más del 80%, a pesar de que inicialmente estaba prevista para un periodo de diez años. La moción reclama revisar esta operación y que el Gobierno explique tanto la cantidad acordada como el adelanto de los recursos en un solo ejercicio.
El Consell ha defendido hasta ahora que no tomará ninguna decisión precipitada sobre Tirme para evitar posibles consecuencias judiciales. El consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, aseguró en el pleno de septiembre que la institución comparte la preocupación expresada por Intervención, pero que esperará a los nuevos informes jurídicos y la auditoría antes de negociar cualquier cambio con la concesionaria.