Palma como síntoma

PalmaMientras el Parlament comenzaba a tramitar la reforma de la Ley de capitalidad de Palma, un centenar de personas ya habían recibido la orden de abandonar la antigua cárcel sin saber dónde vivirán cuando acabe el proceso judicial. Esta imagen resume el momento político que atraviesan las Baleares. La capital que el alcalde Jaime Martínez reivindica como motor económico e institucional de las Islas es también el escenario donde se concentran muchas de las tensiones que han marcado la vuelta del PP a las principales instituciones: la crisis de la vivienda, la saturación turística, la presión demográfica causada por la necesidad de mano de obra del modelo económico turístico, la fragilidad de los servicios públicos y un discurso cada vez más obsesionado con los migrantes pobres.

Cinco días. Este es el plazo que dio el alcalde a las 101 personas que aún viven en la antigua cárcel para salir de ella antes de que Cort recurra a la vía judicial para desahuciarlas. Martínez no ha parado de hacer declaraciones para justificar que tienen que salir, pero no ha encontrado argumentos convincentes cuando se le ha recordado que la mayoría de estas personas quedarán en la calle. En una entrevista radiofónica había asegurado que vivir en un espacio tan degradado como este es "una decisión personal y no una cuestión de vulnerabilidad". En rueda de prensa advirtió que el acceso a los servicios sociales es voluntario y insinuó que había personas que habían rechazado esta ayuda. Posteriormente, sin embargo, admitió que los inmigrantes en situación irregular no pueden acceder a ellos, después de haber afirmado que el 70% de los residentes de la antigua cárcel se encuentran en esta situación. Un relato lleno de contradicciones que no responde a las preguntas centrales: ¿qué pasará con estas personas una vez salgan de allí, y si la actuación de Cort se puede sostener en términos humanitarios.

Si Isabel Díaz Ayuso aseguró en su momento que “Madrid es España”, el alcalde de Palma no se quedó corto durante el debate parlamentario de la reforma de la Ley de capitalidad, que, si culmina como él espera, aportará 30 millones de euros más a las arcas municipales. “Palma es el gran centro generador de la actividad económica, cultural, tecnológica y científica”; “un destino turístico nacional e internacional de referencia”; “Palma no es solo la capital… es también la capital política, económica, cultural y social”; “ejercer la capitalidad exige liderazgo, planificación, estabilidad institucional y visión estratégica”; “cuando Palma prospera, también lo hacen Mallorca y las Baleares”, dijo el alcalde. La lástima es que, en este relato, Palma desaparece como ciudad concreta: la de la antigua cárcel de la que un centenar de personas espera el desahucio; la de los asentamientos de barracas y autocaravanas que ahora reciben multas; la de los barrios como Son Gotleu, marcados por la precariedad y la tensión social; la de un transporte público saturado en temporada alta y de un centro convertido en extensión del negocio turístico; la de viviendas que ya no son para la gente que vive todo el año; la de un comercio tradicional que retrocede mientras la calle se convierte en espacio de ocio. Palma no tiene la exclusiva de los problemas de las Islas, es cierto, pero los ejemplifica de manera clara.

Las medidas fantasma

Como hemos desestacionalizado sin saber muy bien cómo —mientras aún se esperan medidas más allá de los anuncios—, la saturación turística vuelve a ocupar un lugar central en el debate político, con un conseller de Turismo que hace meses que celebra haber cambiado el nombre del decreto de turismo de excesos por el de turismo responsable. Jaume BauzàSi hablamos del Parlament, hay que remarcar que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad,Si hablamos del Parlament, hay que remarcar que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, continúa trabajando a destajo una semana más: "Nos pusimos a trabajar, no miramos hacia otro lado"; "criticar es muy fácil, lo que es complicado es proponer algo"; "hemos sido nosotros quienes nos hemos puesto a trabajar"; "no dejamos de apostar por la vivienda pública"; "la crítica es el refugio de aquellos que no tienen el valor de construir". En definitiva, a Mateo no le gustó mucho que le recordaran que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, es sospechoso de haber cometido irregularidades por reconvertir un local en una vivienda a precio limitado en Can Misses. Quizás la crítica es el refugio de aquellos que no tienen el valor de reconvertir.

El juego de las sillas

En cuanto al Consell de Mallorca, el vicepresidente Pedro Bestard y el presidente Llorenç Galmés afrontaron el primer pleno de la institución insular después de que estallase el escándalo sobre el uso privado que Bestard hace de los coches de su departamento. Más allá de las exigencias de la izquierda para que Galmés lo cese y del presidente intentando aguantar las presiones hasta que lleguen los informes que ha encargado, llamó la atención cómo el presidente y el vicepresidente llevaron a cabo su versión del juego de las sillas.

Durante el pleno prácticamente no coincidieron: cuando estaba uno, el otro se marchaba, y así sucesivamente hasta el final de la sesión. El rato que Bestard pasó solo tuvo dificultades incluso para saber qué debía hacer. Tampoco ayudaba el hecho de que apenas levantase la cabeza del móvil durante las cinco horas de debate. Si no acabó con dolor de cuello, es un milagro.