MÉS acusa al alcalde de Marratxí de mantener una vivienda pública vacía durante más de dos años
La formación del municipio asegura que un piso del Ibavi en la Cabana continúa desocupado desde hace más de dos años y reclama explicaciones al Ayuntamiento
PalmaMÉS por Marratxí ha acusado este martes al alcalde del municipio, Jaume Llompart, de mantener una vivienda pública del Ibavi vacía durante más de dos años en la urbanización de La Cabana, a pesar de la crisis de acceso a la vivienda. La denuncia llega después de que un intento de ocupación haya vuelto a situar este inmueble en el centro del debate político.
La portavoz de la formación, Aina Amengual, ha calificado la situación de “vergonzosa” y ha asegurado que es “un fracaso de gestión” que una vivienda protegida continúe desocupada mientras hay familias, jóvenes y personas vulnerables que no pueden acceder a un alquiler asequible.
MÉS responsabiliza al alcalde
La formación señala directamente a Llompart porque, además de ser alcalde, es el responsable del área municipal de Urbanismo, que el Ayuntamiento denomina oficialmente área de Urbanismo y Vivienda. Según MÉS, es especialmente significativo que la vivienda no disponga de una concejalía propia dentro del organigrama municipal.
Amengual también ha recordado las declaraciones del alcalde durante la entrega de las viviendas protegidas de la Cabana, cuando aseguró que trabajaría para que ningún vecino de Marratxí tuviera que partir del municipio por falta de vivienda.
Piden más transparencia
MÉS relaciona este caso con la gestión de las antiguas viviendas municipales de Gómez Ulla y Sant Alonso. Según la formación, las cinco familias de Gómez Ulla obtuvieron contratos de alquiler de siete años en pisos del Ibavi, mientras que las dos familias desalojadas de Sant Alonso fueron realojadas en viviendas de emergencia de carácter temporal.
Por este motivo, el grupo municipal reclama explicaciones sobre los criterios seguidos y denuncia que el Ayuntamiento les ha negado reiteradamente información sobre las personas empadronadas en las viviendas del Ibavi, hecho que, aseguran, impide la tarea de fiscalización de la oposición. La formación sostiene que, si la gestión se ha hecho correctamente, no debería haber impedimentos para que los concejales puedan acceder a esta información con las garantías de confidencialidad previstas por la ley.