Ni investigación ni dignidad para las víctimas: qué cae con la Ley de memoria
Los trámites para tumbar esta norma empezarán antes de que acabe el año y la extrema derecha liderará este proceso. También está en juego el censo de víctimas y la retirada de símbolos franquistas
Palma"Se derogará la Ley 2/2018 (...) de memoria y reconocimientos democráticos de las Illes Balears, y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Se llevarán a cabo políticas para facilitar la recuperación de personas muertas, sin discriminaciones por motivos." de monumentos y de elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y conocimiento dentro del contexto histórico". Esto es lo que dice el punto 48 del acuerdo de gobernabilidad que el PP y Vox firmaron el 28 de junio que se ha hecho realidad en el pleno del Parlamento de este martes.
Esta norma que se ha fulminado regulaba tanto el censo de víctimas del franquismo como el de simbología franquista, así como la retirada de estos símbolos, el acceso a información en los casos de desapariciones forzosas de niños, la investigación científica y la divulgación de la memoria democrática de Baleares, la reparación y la divulgación de la memoria democrática de Baleares, bibliográfico, la creación de espacios e itinerarios de memoria, actuaciones en el ámbito educativo, y el régimen sancionador en el caso de actos contrarios a la memoria democrática y de apología del franquismo, entre otras muchas cuestiones. Los artículos giraban en torno a tres ejes: el derecho a la verdad, el derecho a la memoria democrática y el derecho de reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, no cree que haya un agravio comparativo con las víctimas del franquismo que haya que reparar, según señaló en el ARA Baleares. El representante de la extrema derecha considera que esta norma "ha generado descontento". Y, cuando le pidieron por el hecho de que no haya habido polémica alguna desde que entró en vigor, aseguró que la ley "molesta y hiere, aunque no haya provocado movilizaciones, porque los herederos de las víctimas de un bando [el franquista] sí se sienten dolidos".
Preocupación de entidades, expertos y partidos
Así, entidades, expertos y partidos de la oposición no han escondido su preocupación por lo que puede ocurrir tras la derogación. "Las autoridades dicen que no quitarán la Ley de fosas, pero todo va ligado. Las víctimas, ¿no tendrán reconocimientos? ¿No recibirán un certificado que acredite su condición?", pide la presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, quien considera que es muy complicado desatar la Ley de fosas de la de memoria. "Derogar la Ley de memoria hace recular derechos, porque la verdad, la justicia y la reparación dependen de ambas normas", continúa. Oliver también se pide "qué va a pasar con la documentación" y si se entregará a los familiares de los represaliados por los franquistas. También lamenta que las unidades didácticas que se habían elaborado para los institutos han quedado inutilizadas.
Oliver rechaza las acusaciones de partidismo de la ley que ha hecho Vox y remarca que "las víctimas del otro bando [el franquista] tuvieron 40 años de reconocimientos", todos los que duró la dictadura de Franco. "Para nosotros, todas son víctimas. Pero a algunas ya las buscaron, exhumaron y les hicieron reconocimientos, mientras que a las víctimas de los franquistas, no", prosigue.
La socialista Sílvia Cano coordinó la Ley de memoria en 2018 y destaca el esfuerzo que se hizo entonces para lograr un consenso para evitar, precisamente, su derogación. "Fue una ingenuidad por nuestra parte", lamenta. De hecho, Cano recuerda que "se modificó la exposición de motivos" y "se aceptó un porcentaje muy alto del centenar de enmiendas que presentó el PP". De este modo, se logró que los populares, que ahora han permitido que Vox derogue la ley, no votasen en contra de la totalidad, sino de algunos artículos, como el que establece las sanciones. "Por primera vez, se introdujo una condena a la dictadura franquista y un rechazo a cualquier totalitarismo", prosigue la socialista. También remarca que se trabajó con Amnistía Internacional y teniendo en cuenta las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas sobre la cuestión para elaborar una definición ancha de las víctimas que abarcara "uno bando y otro". Por otra parte, Cano cree que la principal razón para que Vox y el PP hayan derogado la Ley de memoria es el régimen sancionador y la parte que afecta a los elementos contrarios a la memoria. "Eso es lo que más les escuece", dice y remarca que, gracias a esta norma, "el Gobierno podía retirar símbolos franquistas".
En cambio, el representante del PP que participó en las negociaciones, Juan Manuel Lafuente, considera que "solo se aceptaron enmiendas de poco calado". "Ya dijimos entonces que es una ley desequilibrada y que quedaban sin partes importantes de la historia de Baleares", comenta quien ahora es consejero del Mar del Govern. Lafuente corrobora que el PP está "en contra de toda parte sancionadora".
Por su parte, el historiador e investigador de la represión Bartomeu Garí recuerda que, pese a que se haya derogado la Ley de memoria, existen estudios pendientes sobre los años de la República que "se contrataron la legislatura pasada". "Es muy importante exhumar las fosas, pero esta tarea acabará tarde o temprano, y detrás hay una serie de estudios", explica el experto, quien también pide "a qué puerta tocarán las familias" ahora que la dirección general ha desaparecido, y "donde irán a parar las causas judiciales" pendientes. "¿Qué pasará con toda la documentación y los informes que se han generado? Como investigador me preocupa, aunque, de momento, tenemos una ley estatal que está por encima", continúa Garí. El historiador también recuerda que el censo de víctimas se completó y que quedó "dentro de un cajón de la entonces Dirección General de Memoria Democrática".
Otro aspecto a tener en cuenta es que la Ley de memoria había equiparado, en cierto modo, Baleares con países como Alemania, donde el nazismo y la memoria democrática son primordiales. Así lo explica el profesor de Derecho Público y Constitucional, Sebastià Rubí. "La democracia es un concepto claro y bien definido que hace referencia a los derechos fundamentales, el imperio de la ley y el respeto a las minorías. Son cosas que Vox no respeta y actúa en consecuencia. Han eliminado la ley porque no son demócratas", sentencia Rubí. "En ese momento se quitan las blanqueadas y cada uno lleva su propia cruz", añade, sobre el papel del PP en esta cuestión.
A diferencia de otras comunidades, en Baleares existían dos leyes sobre memoria: la de fosas, que se aprobó en junio del 2016, y la de memoria democrática, que salió adelante en abril del 2018. Esto es lo que ha permitido que la normativa de fosas, que se aprobó por unanimidad –Vox todavía no tenía ninguna la exhumación de las víctimas siga adelante. La profesora de Derecho Público Internacional de la UIB Margalida Capellà fue la diputada que coordinó la ley. "Propuse separar fosas del resto y se decidió hacer dos proposiciones de ley. No me extraña que el PP mantenga la de fosas, porque pactamos con ellos que saldría adelante y colaborarían", explica.