Cómo puede influir el aumento de los electores en el exterior de las Islas?
El CERA crece un 27% en Baleares tras la entrada en vigor de la Ley de nietos
PalmaEl censo de electores residentes ausentes (CERA) ha crecido considerablemente desde octubre de 2022, cuando entró en vigor la instrucción que regulaba las nacionalizaciones a través de la ley de nietos. En concreto, en las Islas Baleares el incremento ha sido del 27%. Ante esto, el Tribunal Supremo ha accedido a las pretensiones de Vox e Iustitia Europa y ha bloqueado temporalmente el derecho de voto de una parte de las personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía. Pero lo cierto es que los votos de los inscritos en el CERA son un pequeño porcentaje del total. En las últimas elecciones generales de 2023, representaron el 0,84% del conjunto del Estado, y el 0,46% del de las Islas. ¿Cómo afectan, en la práctica, estos cambios al censo?
Un 27% más en tres años
El CERA de las Islas crece más que la media estatal
Según datos del Ministerio de Exteriores, desde que se aprobó la disposición adicional a la Ley de memoria democrática conocida como la Ley de nietos hasta mayo de 2026 la red consular del Estado recibió 1.225.188 solicitudes para acogerse a ella, y se aprobaron 571.761. De estos, una parte pidió inscribirse en el CERA para votar. En este censo, se observa un incremento de 460.111 electores –según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)– desde octubre de 2022. Se ha pasado de 2.287.889 electores a 2.748.000: un 20% más que hace tres años. En las Islas Baleares, esta subida todavía ha sido mayor. Los censados en el CERA han pasado de 31.965 en octubre de 2022 a 40.623 en la actualidad, con un incremento de 8.658 electores, que representa un 27% más.
Ahora bien, los datos de participación han sido históricamente bajos. En las elecciones generales de 2023 solo votó un 10% de los electores en el exterior, y el porcentaje fue inferior en las Islas: el 7,25%. “La gran mayoría de personas que han adquirido la nacionalidad española mediante la Ley de nietos no lo hacen porque piensen en votar a un partido político, sino para tener el pasaporte español”, explica el politólogo Guillermo Bezzina.
La clave de la polémica
Una instrucción administrativa cuestionada por el Supremo
La resolución del Supremo no cuestiona la Ley de memoria, que ofrece la nacionalidad a los descendientes de personas que huyeron de España por la dictadura, sino la instrucción que regula su mecanismo. Mediante esta ley, se les permitía obtener el pasaporte y el alta censal sin tener que probar documentalmente la persecución política de sus abuelos, siempre que hubieran salido de España entre los años 1936 y 1955. El Supremo considera que un “incremento excepcional” de inscripciones en el censo, muchas de las cuales sin verificación individual de exilio, supone un “peligro fundamental, real y serio” para la legitimidad de los procesos electorales. Por ello, paralizó temporalmente los derechos electorales de las personas que no hubieran aportado una prueba documental de represión.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cargó contra la resolución del Supremo. “Es muy discutible jurídicamente”, dijo. Consultado por el ARABalears, el experto en Derecho Público Sebastià Rubí es crítico con el hecho de que el Supremo suspenda temporalmente un derecho ya adquirido: “No puedes negar a un ciudadano español el derecho a votar”. “Si no se está de acuerdo con la manera en que se decide la nacionalidad, se debe estudiar con un procedimiento que analice el caso por caso”, añade. Considera que los votantes podrían llevar la cuestión al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo: “Ellos tienen unos papeles que dicen que son españoles”.
¿Puede afectar a las Islas Baleares?
El caso Mapau: la compra de votos por parte del Partido Popular
La portavoz de Vox en el Parlamento, Manuela Cañadas, abonó el martes pasado la tesis de su partido según la cual el incremento de altas en el CERA amenaza con afectar a los resultados electorales. “En Baleares hemos visto elecciones decididas por unos pocos centenares de votos”, argumentó. También acusó al PSOE de pretender alterar el censo con propósitos electorales: “La nacionalidad española no se puede emplear como una herramienta electoral: el censo no pertenece al PSOE ni a Pedro Sánchez”.
¿Podrían estos 8.658 votantes nuevos que solo participan en las autonómicas y las generales alterar la correlación de fuerzas en el Parlamento balear para beneficiar a un partido concreto? Según los expertos consultados por el ARABalears, difícilmente. Aunque en las Islas hay escaños que se deciden por pocos votos, como el de Formentera, la legislación obliga a los solicitantes a adscribirse al municipio de origen de sus antepasados. Esto impide la concentración artificial del censo en un territorio crítico, en el que un número pequeño de votos pueda decantar un escaño.
Bezzina recuerda el conocido caso Mapau, cuando el Gobierno del PP orquestó la captación de emigrantes en Argentina y Uruguay para empadronarlos fraudulentamente en Formentera y así obtener el diputado clave de la isla en 1999. Aquel caso, advierte, “no tiene nada que ver” con el actual. Por un lado, porque se inscribían electores sin arraigo en Formentera y, por otro, porque “se intentaba que votasen a cambio de beneficios”.
“Normalmente, el impacto del voto CERA es insignificante, entre otras cuestiones porque la participación es muy baja”, expone el experto. Ahora bien, cree que la polémica sobre la Ley de nietos se añade a un debate de fondo sobre si “se debería votar por nacionalidad o por residencia”. “¿Por qué los nietos de personas que emigraron pueden votar y las que viven en las Islas desde hace 20 o 30 años, pero no tienen la nacionalidad, no pueden?”, se pregunta. Por su parte, la politóloga experta en extrema derecha Anna Isabel López advierte que cuestionar los resultados electorales es una estrategia “característica de diferentes movimientos de la derecha radical, que sobre todo tienen un referente en Donald Trump en Estados Unidos”. “Poner en duda el censo o la legitimidad del proceso electoral puede erosionar un pilar básico de la democracia: aceptar el resultado electoral”, concluye.