El fondo buitre Blackstone y los 50 millones de Ibiza agravan las acusaciones del PSIB y MÉS sobre Tirme

PalmaEl Consell de Mallorca no piensa dar marcha atrás y mantendrá la nueva tarifa de residuos y el pago extraordinario de 41,4 millones de euros a Tirme a pesar de los nuevos interrogantes planteados por la oposición. El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado este jueves, con los votos del PP y Vox, la moción con la que el PSIB-PSOE reclamaba retirar los dos expedientes hasta aclarar las dudas planteadas por los órganos de control sobre las cuentas de la concesionaria.

El debate ha añadido dos nuevas sombras de sospecha sobre la gestión de los residuos de Mallorca. El PSIB ha puesto el foco en Blackstone, el fondo de inversión vinculado a Tirme a través de Urbaser y con una amplia presencia en el mercado de la vivienda; MÉS per Mallorca ha aportado una resolución que, según la formación, contradice la principal justificación empleada por el Consell para defender la rebaja anunciada de la tarifa: los 50 millones transferidos por el Govern solo se pueden destinar a los gastos relacionados con el traslado y el tratamiento de los residuos de Ibiza.

El Pi había pedido que los puntos de la moción socialista se votaran por separado, pero la propuesta se ha sometido íntegramente a votación. El rechazo del PP y Vox deja vía libre al gobierno insular para continuar tramitando tanto la tarifa nueva como el pago extraordinario a la concesionaria.

De la tarifa de residuos al negocio inmobiliario

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha acusado a Galmés de haber convertido el Consell en una fuente de financiación indirecta de Blackstone. El fondo buitre forma parte de la estructura empresarial que hay detrás de Tirme a través de Urbaser y, según el PSIB, controla más de un millar de viviendas de alquiler en Baleares.

“Ahora sabemos que detrás de Tirme está Blackstone, un fondo buitre que hace negocio con la vivienda y que también se beneficia de las decisiones de Galmés”, ha denunciado Cladera. Los socialistas sostienen que los pagos extraordinarios a la concesionaria no se pueden desvincular de los beneficios que terminan obteniendo los accionistas y han acusado al gobierno insular de alimentar con recursos públicos a uno de los grandes actores internacionales de la especulación inmobiliaria.

El PSIB cifra en 103 millones de euros las aportaciones extraordinarias aprobadas por el Consell a favor de Tirme desde el comienzo del mandato. Cladera ha contrapuesto esta cantidad con las carencias de Mallorca en vivienda, servicios sociales y movilidad y ha cuestionado que la institución asuma nuevos pagos antes de disipar las dudas sobre la rentabilidad de la concesionaria y el coste real del servicio.

“La gestión de los residuos de Mallorca está bajo sospecha por un posible sobrepago que ahora sabemos que beneficia a un fondo buitre que especula con la vivienda”, ha afirmado la portavoz socialista. Ha reclamado que los expedientes se retiren, que un organismo independiente revise las cuentas y que no se reanude la tramitación hasta que se pueda calcular la tarifa a partir de los costes efectivos.

Un informe “demoledor”

La ofensiva socialista parte del informe de Intervención del Consell, el cual pone en cuestión el sistema empleado para revisar la tarifa que Tirme cobra por el tratamiento de los residuos. El documento advierte que algunos incrementos podrían haber superado la evolución real de los costes y cuestiona, entre otros aspectos, la aplicación del IPC sobre las amortizaciones.

“Hace un mes que conocemos un informe demoledor que pone en cuestión lo que pagan los mallorquines a Tirme y Galmés todavía no ha dado ninguna explicación convincente”, ha criticado Cladera. También ha recordado que el presidente del Consell anunció una nueva auditoría, de la cual todavía no se conocen ni el alcance ni los plazos.

La portavoz socialista ha asegurado que una revisión completa podría permitir una reducción de la tarifa superior al 10% anunciado por el gobierno insular. También ha reprochado al PP y Vox que se opusieran anteriormente a trasladar los expedientes a la Sindicatura de Cuentas para que se fiscalizara su corrección.

MÉS desmonta el argumento de los 50 millones

MÉS per Mallorca ha añadido aún más sospechas sobre el expediente. La formación ecosoberanista ha aportado la resolución por la cual el Govern de las Islas Baleares concedió este verano 50 millones de euros al Consell en el marco del acuerdo para trasladar y tratar en Mallorca los residuos de Ibiza.

Según los ecosoberanistas, el documento deja claro que este dinero tiene carácter finalista: solo se puede emplear para cubrir los costes derivados del transporte y el tratamiento de la basura ibicenca, así como las inversiones que deba ejecutar la concesionaria para asumir su gestión. Por tanto, no serían recursos de libre disposición que el Consell pueda destinar genéricamente a abaratar el recibo de los municipios.

La documentación también establece que los 50 millones se pueden distribuir durante un máximo de diez anualidades y que cada aportación debe estar amparada por la documentación justificativa correspondiente y por los informes de Intervención.

La revelación cuestiona una de las explicaciones que el gobierno de Galmés había ofrecido para defender la rebaja de la tarifa. El Consell había vinculado los recursos procedentes del Govern con la reducción de un 10% anunciada para 2026, pero MÉS sostiene que la finalidad fijada en la resolución impide emplearlos como una aportación general para contener el recibo.

La formación ha reclamado que el gobierno insular explique cómo contabilizará estos 50 millones, qué parte corresponde estrictamente a los residuos de Ibiza y sobre qué base calcula la reducción prometida a los municipios.

El PP defiende los pagos

El consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, ha rechazado las acusaciones de la oposición y ha insistido en que las aportaciones a Tirme no son subvenciones ni transferencias discrecionales. Ha defendido que se trata de pagos previstos contractualmente para sufragar el servicio y evitar que todo el coste recaiga directamente sobre los ayuntamientos y la ciudadanía.

Bosch ha explicado que la tarifa se calcula inicialmente a partir de estimaciones sobre el volumen de residuos, el precio de la electricidad, el combustible y el IPC, y que posteriormente se regulariza con los datos reales. También ha recordado que el modelo deriva del contrato adjudicado en 1992 y de las modificaciones aprobadas posteriormente, algunas durante gobiernos de izquierdas.

Las acusaciones reiteradas del PP contra Cladera han vuelto a ser una constante. Le acusan de cuestionar ahora un sistema que no modificó sustancialmente cuando presidía el Consell. Asimismo, los populares también sostienen que las aportaciones públicas sirven "para contener la tarifa y reducir su impacto sobre los municipios".

Por su parte, Tirme, que no suele entrar en polémicas públicas, también ha negado esta semana obtener beneficios “estratosféricos”. La empresa sitúa la rentabilidad media de los últimos seis años en un 6,08%, contabilizando los recursos propios y externos, y en un 2,95% durante el conjunto de la concesión. La compañía también reivindica que ha invertido más de 620 millones de euros en las instalaciones de tratamiento de residuos de Mallorca.

Las explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición. Y así, con el informe de Intervención sobre la mesa, el destino de los 50 millones de Ibiza y Blackstone, situado al final de la cadena empresarial, el PP y Vox han optado por mantener intacta la hoja de ruta. La tarifa y los 41,4 millones continuarán adelante mientras la auditoría anunciada por el presidente Galmés continúa pendiente.