El debate sobre vivienda en el Congreso pone el modelo de Prohens contra las cuerdas

PalmaEl debate sobre los dos reales decretos de vivienda del gobierno español ha acabado con una derrota parlamentaria del gobierno español y la posibilidad de un adelanto electoral sobre la mesa. Pero, de rebote, el choque en Madrid también pone contra las cuerdas el modelo sobre vivienda del Gobierno de Marga Prohens. En la línea de la posición marcada por Génova, la presidenta se ha negado a aplicar en las Islas la declaración de zona tensionada, que le permitiría limitar los precios de los alquileres. Esta semana lo ha vuelto a rechazar defendiendo a los “pequeños propietarios”, mientras crecen las protestas sociales y la izquierda se prepara para una posible campaña centrada en movilizar a los votantes por la vivienda.

Con 25.000 inquilinos pendientes de renovar sus contratos –según el Ministerio de Derechos Sociales– y 851 desahucios en 2025 –es la cifra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, el PP es consciente de que la vivienda es uno de los problemas estructurales que más preocupan a los votantes de las Islas. Desde Madrid, el PSOE ya ha puesto la diana en la cuestión como principal carta electoral, pasando página de un verano marcado por la crisis en Ceuta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya lo reivindicó el jueves pasado en los micrófonos de La Ser. Mientras defendía el decreto antidesahucios y el decreto que prorrogaba indefinidamente los contratos de alquiler –que el viernes decayeron en el Congreso por el voto contrario decisivo de Junts–, apuntó contra las comunidades gobernadas por el PP. “Hay nueve millones de españoles protegidos por ley ante el incremento de los precios, y después tenemos un libre mercado salvaje del cual algunos presumen”, expresó la ministra en un dardo a los barones populares. También lanzó un mensaje en clave electoral: “Tenemos una oportunidad de oro para cambiar definitivamente las políticas de vivienda, cambiando la mayoría de gobiernos autonómicos”.

En la última semana se han confrontado dos modelos que friccionan en relación con la vivienda. Mientras la izquierda pone la protección del inquilino en el centro, la derecha reivindica los derechos de los propietarios y considera que la limitación a los precios o una ampliación de la protección de los inquilinos puede reducir la oferta de viviendas disponible en el mercado.

El jueves pasado, la presidenta Prohens ya salió a los medios de comunicación para posicionarse en contra de los reales decretos de vivienda de Sánchez. Lo hizo en términos parecidos a los que también utilizaron otros presidentes populares, como los de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Prohens consideró que la propuesta del gobierno español desprotegía a los “pequeños propietarios” y definió los decretos como el “colofón de la crisis de vivienda provocada por los partidos de izquierdas”. En el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de pisos de protección oficial en Ibiza, destacó que la apuesta de los populares implica ampliar la oferta con más construcción y a partir de la colaboración público-privada. La actuación conjunta de los barones del PP, que también advirtieron que, si se aprobaban, llevarían los decretos al Constitucional, apunta a una nueva etapa de confrontación con el gobierno español.

¿Cómo afecta a las Islas?

Aunque dijo “desear” que Sánchez convoque las elecciones generales, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Antoni Costa, descartó que esto vaya ligado al calendario de las Islas Baleares. “La presidenta tomará las decisiones que sean convenientes, y en ningún caso creo que sean pensar en una convocatoria electoral a corto plazo”, aseguró. De una manera u otra, el debate sobre vivienda impregnará sus últimos meses al frente del Ejecutivo y puede marcar, también, la campaña para las autonómicas. Fuentes del Gobierno explican que confían en que su discurso favorable a los propietarios y la construcción les permitirá movilizar a los votantes de derechas, mientras que apuntan que una parte del electorado socialista que posee inmuebles se puede haber sentido “preocupado” por las últimas propuestas del ejecutivo español, que incluían entre otras cuestiones una suspensión de los desahucios de familias vulnerables hasta diciembre de 2030.

Con todo, las protestas en la calle continúan y ya se han convocado nuevas protestas contra los precios de la vivienda en las Islas. Además, el PSIB se ha movido para presionar al PP y volverá a presentar en el Parlamento una propuesta para que los municipios de las Islas puedan declararse como zona tensionada, y forzar al PP y a Vox a posicionarse nuevamente respecto a esta cuestión.

¿Cómo llegarían los partidos baleares a unas elecciones generales si finalmente Sánchez las convoca en los próximos días? La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya expresó el mes de junio su voluntad de ser cabeza de lista del PSIB en las generales. Por su parte, José Vicente Marí Bosó fue el número uno por el PP en 2023. Vicenç Vidal encabezó la candidatura de AraMés, aunque los ecosoberanistas, que hace cuatro años se presentaron mediante una coalición con Sumar, tendrían que volver a debatir de qué manera se presentan. Quedaría sobre la mesa la incógnita sobre Jorge Campos, que en 2023 fue el número uno de Vox, pero a lo largo de la legislatura ha mantenido tensiones con la ejecutiva del partido. Tanto si Sánchez opta por avanzar los comicios como si espera a la fecha prevista en agosto de 2027, el debate sobre la vivienda ha sacudido el tablero.