Las Baleares reclaman al Supremo la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes

PalmaEl Gobierno reclamará al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar el proceso extraordinario de regularización de migrantes hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo que interpondrá, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa y ha difundido Europa Press. El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad iniciar el procedimiento judicial. El Gobierno argumenta que la medida se aprobó sin el consenso de las comunidades autónomas, ni debate parlamentario, ni valoración del impacto presupuestario para prever las consecuencias sociales, económicas y administrativas.

Costa ha asegurado que la regularización tendrá un gran impacto económico sobre los servicios públicos de Baleares, pero no ha aportado dato alguno para sustentar esta afirmación. "No nos aventuraremos porque ni tan solo el gobierno [español] da ninguna cifra en este sentido y nosotros no nos pondremos a hacer anuncios de cifras concretas. Pero sí que puedo decir que el impacto previsto es muy significativo. Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento", ha dicho.

Una de las cuestiones que Costa ha reprochado al gobierno español es que no compense económicamente a las comunidades autónomas por tener que asumir determinadas funciones en el marco del proceso extraordinario de regularización. "La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos", ha añadido el también vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno. También ha criticado la falta de "datos fiables y estimaciones claras" sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la regularización, y ha lamentado que las previsiones son "aproximadas y orientativas".

Según el Gobierno, la medida podría tener una "incidencia directa" sobre los servicios sanitarios, educativos y sociales, como también sobre los recursos para atender a menores. Costa ha reiterado que la regularización extraordinaria puede provocar un "efecto llamada", a pesar de que las entidades sociales han negado esta posibilidad. El vicepresidente ha repetido que la medida "va en contra de la tendencia de la mayoría de los países europeos, que refuerzan las políticas de control de fronteras, ordenación de los flujos migratorios e integración efectiva".

Sobre el hecho de que el Supremo ya ha desestimado recursos similares al que plantean las Baleares, Costa se ha limitado a defender que la Abogacía esgrimirá "argumentos jurídicos". "No recibe órdenes políticas [la Abogacía]. Planteará el recurso bajo argumentos jurídicos, que los hay y entendemos que son válidos. Tenemos todo el derecho a interponer el nuestro, con independencia de lo que haya pasado con otros recursos", ha subrayado. El portavoz ha argumentado que el objetivo del Gobierno es "defender los intereses de los ciudadanos de las Baleares". "A partir de aquí decidirán los tribunales", ha añadido.

En cuanto al apoyo que las patronales empresariales han dado al proceso extraordinario de regularización, Costa ha rechazado "hacer una interpretación de si lo que hacen otros colectivos es o no equivocado". "Cada colectivo es libre de expresar la opinión. Pero mantenemos nuestra posición. La transformación del modelo de crecimiento de las Baleares es una aspiración que tenemos desde hace mucho tiempo y es evidente que se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra", ha sentenciado.