Ayuntamiento aprueba la ordenanza de arbolado con críticas del PSOE: "Traslada a los vecinos la responsabilidad"

La normativa incluye un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros

14/07/2026

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza municipal de urbanización, arbolado y espacios libres, en sustitución de la vigente desde 1985, y que unifica los criterios para el diseño y la transformación del espacio público con el objetivo de "mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad jurídica y la calidad urbana", según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. "Con este paso, Cort dispone de un instrumento actualizado que permitirá planificar los futuros desarrollos urbanos bajo criterios comunes de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad jurídica", ha destacado.

El texto aprobado este martes por la Gerencia de Urbanismo incorpora como novedades principales la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para favorecer la infiltración del agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la recarga de los acuíferos, además de priorizar el soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

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Cort ha detallado que la ordenanza también regula el arbolado urbano, al que considera un servicio urbanístico esencial, y establece criterios para favorecer su desarrollo y conservación, y también nuevos requisitos para el diseño de parques, jardines y plazas.

La normativa establece que la propuesta de arbolado de alineación de una calle deberá incluir el máximo número de ejemplares que la especie permita; que el arbolado en vía pública tenga unas características que permitan su correcto desarrollo; respetar, siempre que sea posible, el arbolado preexistente; y la protección de los troncos de arbolado durante el transcurso de las obras.

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La normativa incluye además un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros y regula las obligaciones de los promotores cuando las actuaciones afecten al espacio público.

"Con esta ordenanza el Ayuntamiento apuesta por una ciudad más accesible, más verde, más segura y mejor preparada para afrontar los desafíos futuros, garantizando que cada nueva calle, plaza, parque y actuación urbanística contribuya a construir una Palma de mayor calidad, más resiliente y pensada para las personas", ha expresado el concejal.Críticas y rechazo del PSOE

El PSOE de Palma, por su parte, ha rechazado la nueva ordenanza urbanística de la ciudad al considerar que reduce la protección del arbolado y traslada a las comunidades de propietarios el mantenimiento de los espacios privados de uso público. Los socialistas han anunciado que presentarán enmiendas al texto. "En vez de resolver, añade más dolores de cabeza a los vecinos, sobre todo de barriadas más sensibles", ha dicho el concejal Pepe Martínez.

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El grupo municipal ha argumentado que la nueva normativa elimina la obligación de conservar el 70% de la cobertura arbórea en las actuaciones urbanísticas y la sustituye por el criterio de preservar el máximo número posible de ejemplares, lo que prioriza la edificabilidad sobre las zonas verdes.

En cuanto a los espacios privados de uso público, en la nueva ordenanza los propietarios de los pasajes, soportales y espacios privados quedan obligados a hacerse cargo de la limpieza, la reparación de los pavimentos, la accesibilidad, la apertura al público y la iluminación nocturna. Si no lo hacen, se les sancionará bajo amenaza de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento y repercusión de los costes de gestión y otros. "El uso será público, pero el coste, privado", explica Martínez. En Palma, hay numerosas zonas privadas de uso público como, por ejemplo, en el Camp Redó y Verge de Lluc, entre otras. Se trata de barrios con edificios antiguos, ya que hoy en día todo es espacio público.

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El PSOE también ha cuestionado que el texto limite a 3.000 euros las sanciones por determinadas infracciones urbanísticas, porque considera que rebaja el régimen previsto en la legislación autonómica.